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El Ministerio de Educación Nacional tomó este 30 de diciembre una decisión de alto impacto en Antioquia: apartó de su cargo a John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, la institución de educación superior más importante del departamento y la segunda más relevante del país. Según la cartera, el acto contempla el reemplazo por un período inicial de hasta un (1) año, prorrogable por una sola vez, conforme a la evolución de la situación administrativa y financiera de la institución y a la verificación del cumplimiento de las medidas ordenadas.
El Ministerio explica que Héctor Iván García García asumirá como rector encargado y representante legal de la institución educativa. De acuerdo con el Ministerio, el encargo tiene como propósito central que el nuevo rector implemente las medidas adoptadas por la cartera y contribuya a que la universidad supere, “en el menor tiempo posible”, los hallazgos administrativos y financieros que ha advertido.
De acuerdo con el Ministerio de Educación, la medida hace parte de un procedimiento administrativo de carácter “progresivo, preventivo y proporcional”, adelantado con el objetivo de salvaguardar la sostenibilidad institucional.
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El Ministerio explicó que a lo largo del último año se han identificado nuevas condiciones asociadas a la situación administrativa y financiera de la Universidad de Antioquia. La más preocupante, según la entidad, es la relacionada con la fluidez de caja y el deterioro de los indicadores financieros de la institución.
Sin embargo, la decisión aún no produce efectos jurídicos, pues el procedimiento se encuentra en fase de notificación. Según la cartera, mientras no se realice la notificación personal a Arboleda, la medida no puede considerarse vigente ni ejecutoriada. De acuerdo con la entidad, el trámite avanza conforme a los procedimientos legales establecidos y está a cargo de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía. En esta etapa, el Ministerio envía la citación para la notificación personal junto con copia del acto administrativo y comunica formalmente la decisión al Consejo Superior Universitario.
El Ministerio subrayó que “hasta tanto no se surta la notificación personal, el procedimiento no puede considerarse concluido”, por lo que la decisión aún no puede entenderse como definitiva. En ese sentido, insistió en que se trata de un proceso administrativo en curso y no de una actuación ya ejecutada.
Finalmente, la cartera reiteró que sus actuaciones se adelantan “en estricto respeto de la autonomía universitaria” y que el propósito de la medida es proteger la sostenibilidad institucional y los derechos de la comunidad universitaria.
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Mineducación señala al rector
La decisión se suma a una cadena de medidas adoptadas por el Gobierno sobre la Universidad de Antioquia en los últimos meses. El pasado 3 de agosto, el Ministerio declaró a la institución en “vigilancia especial” y, a mediados de diciembre, ordenó nuevas acciones, entre ellas la suspensión inmediata de la suscripción de “nuevos acuerdos, convenios o contratos —incluidos los de prestación de servicios, apoyo administrativo o esquemas de tercerización— que no tengan una relación directa, necesaria y demostrable con la prestación del servicio público de educación superior”. Así mismo, la institución debía imponer restricciones al “reconocimiento y pago de viáticos, gastos de representación, publicidad onerosa, eventos protocolarios y demás erogaciones discrecionales”, ordenaba el Gobierno.
Pero el balance que hace Mineducación del cumplimiento de esas ordenes es malo (dice que no se han cumplido), y señala directamente a Arboleda de ser el responsable. “(...) resulta claro para este Ministerio que el señor Jhon Jairo Arboleda Céspedes, con su actuación, ha dificultado de manera objetiva la adopción y ejecución de las acciones necesarias para garantizar la implementación efectiva de las medidas ordenadas”, se lee en la acción. La rectoría, se agrega después, “ha demostrado un incumplimiento reiterado frente a las órdenes del Ministerio”.
El Ministerio señala que Arboleda incumplió lo ordenado en la Resolución 016105 del 29 de julio de 2025, en particular lo relacionado con la elaboración, presentación e inicio efectivo del plan de mejoramiento exigido a la universidad. Según la cartera, estas obligaciones eran “medidas esenciales y de carácter preventivo”, orientadas a corregir y superar, en el menor tiempo posible, las irregularidades advertidas en la gestión administrativa y financiera, así como en la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad educativa.
Adicionalmente, el Ministerio afirma que el rector no cumplió una segunda condición administrativa y financiera fijada en una comunicación del 12 de diciembre de 2025, que exigía la implementación de un Plan Integral de Saneamiento Financiero. Este plan debía estar enfocado en corregir y depurar la situación financiera de la universidad, priorizando la reversión del déficit estructural y del déficit de caja.
El Ministerio también le atribuye a Arboleda haber dificultado la ejecución de la medida de inspector in situ. Según el reporte de la inspectora designada, la información solicitada a la Universidad de Antioquia fue entregada de forma “parcial, insuficiente o con restricciones en el acceso”, lo que, en criterio de la entidad, afectó de manera directa el desarrollo “pleno, oportuno y eficaz” de las funciones de inspección y vigilancia previstas en la normatividad vigente.
La Universidad de Antioquia atraviesa una de sus peores crisis financieras, marcada por graves problemas de liquidez, un déficit estructural creciente y el deterioro sostenido de sus indicadores financieros. La institución enfrenta un 2026 difícil, con déficits estructurales y necesidades de recursos que superan lo disponible.
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