Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un grupo de profesores y de directivos de varias universidades públicas tienen previsto enviarle una carta al presidente Gustavo Petro, en la que le piden que objete la norma con la que se crearía la Universidad del Ministerio público, la cual fue aprobada en el Congreso hace unas semanas.
(Lea: Proyecto que crea la Universidad del Ministerio Público es aprobado en Plenaria de Cámara)
Este proyecto, de acuerdo con el documento aprobado, tiene como objetivo formar académicamente a los funcionarios públicos para sus labores misionales. En la actualidad, esta entidad cuenta con el Instituto de Estudios del Ministerio Público, pero, este plantel no otorga títulos.
En la carta aseguraron que tienen tres argumentos para hacer esta petición. La primera, dijeron, es porque se crearía una universidad estatal de orden nacional, vinculada a la Procuraduría General, lo cual, a su juicio, afectaría la autonomía universitaria.
“Los programas que imparta serán en temas de interés para la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales. Las líneas y proyectos de investigación se definirán sobre la base de las demandas del ministerio público (...) y el ministerio público tiene una incidencia determinante y permanente en los órganos directivos”, explicaron en la carta. Esto, en opinión de los firmantes, podría incidir en su autonomía.
(Puede leer: El sindicato del SENA seguiría en paro, ¿por qué?)
Además, agregó, el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las instituciones de educación superior públicas, estaría conformado por cinco integrantes del ministerio público y serían externos al plantel, lo cual “violenta el principio de autonomía”. El CSU, además, es el encargado de elaborar los estatutos, la estructura y la planta de la institución.
Otro de los argumentos que exponen es que esta nueva universidad sería creada a partir de una pequeña unidad académica actualmente existente en la Procuraduría, como es el Instituto de Estudios del Ministerio Público. Y, anotaron, que si bien ha realizado una buena labor académica, no sería suficiente para ser a ofrecida por una universidad.
También recordaron que “la creación de una nueva universidad estatal debe contar siempre con un estudio de factibilidad socioeconómica aprobado por el ministro de Educación Nacional, con previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU”. En este estudio básicamente determinará si la institución contará con personal docente idóneo con la dedicación específica necesaria; organización académica y administrativa adecuadas; recursos físicos y financieros suficientes.
El último punto que explicaron fue el del impacto fiscal, pues, hasta ahora no se ha conocido ningún estudio claro del impacto fiscal de esta nueva universidad. “Según información previa, requerirá al menos unos COP 50.000 millones anuales”, señalaron y lo catalogaron como un despilfarro.
(Lea también: Si su hijo perdió el año, puede apelar la decisión en caso de que el colegio incumpla esta regla)
“Falta sustentación para la creación de esta universidad y hay grandes riesgos de fracaso, como sucedió en el pasado con un proyecto semejante, que fue la universidad para la fiscalía propuesta por Eduardo Montealegre, que le costó miles de millones de pesos al erario”, advirtieron.
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚
