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El proyecto de ley impulsado por el procurador, Gregorio Eljach, para crear la Universidad del Ministerio Público fue aprobado con 115 votos a favor y nueve en contra en la plenaria de la Cámara de Representantes. La iniciativa, que ha generado una serie de debates dentro del sector educativo, ahora continuará con su trámite en el Senado.
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Este proyecto, de acuerdo con el documento, tiene como objetivo formar académicamente a los funcionarios públicos para sus labores misionales. En la actualidad, esta entidad cuenta con el Instituto de Estudios del Ministerio Público, pero, este plantel no otorga títulos.
Durante el debate, algunos representantes mostraron su preocupación por la aprobación del proyecto. Una de ellas fue la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien señaló que ahora el procurador podrá “nombrar al rector, el Consejo Superior o Consejo Directivo y sin duda alguna se convertiría en una bolsa nueva de burocracia inservible para este país”.
Pedraza además dijo que rechazaba este proyecto y que lamentaba que, mientras universidades públicas necesitan estos recursos, hoy los estén destinando a esta nueva institución.
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Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, profesor de la Universidad Nacional y columnista de este diario, también expresó su malestar por la creación de esta institución. En su columna publicada el 12 de octubre, aseguró que esta es “una propuesta contradictoria, costosa y muy probablemente inconstitucional”.
Entre los argumentos que presentó es que las universidades deben tener autonomía para definir sus programas y sus líneas de investigación y, en caso de que sean públicas, deben asegurar el acceso igualitario de los estudiantes. Entonces, agregó, “no pueden estar al servicio de una institución, que le diga qué programas debe realizar y cuáles estudiantes debe recibir, que es lo que plantea el proyecto, que dice que sus programas e investigaciones se basarán en las “demandas del Ministerio Público”“.
Hasta el momento, no se conoce el impacto fiscal que pueda tener este proyecto de ley, pues en el documento radicado no se especifica. Sin embargo, algunas estimaciones apuntan que, para poner en marcha la universidad, se requieren COP 600.000 millones.
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A pesar de las dudas que ha generado, José Octavio Cardona, representante del Partido Liberal, durante el debate dijo que esta iniciativa no genera un gasto fiscal adicional y que, por el contrario, lo que se busca es “especializar el talento humano del Ministerio Público en Colombia: la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y a las Personerías Municipales. ¿Qué de malo tiene que la Procuraduría quiera tener un talento humano mucho más formado y estructurado?“.
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