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Este 4 de julio, siete rectores de universidades públicas se pronunciaron frente a la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Dijeron que era urgente avanzar con el trámite y, entre las peticiones que le hicieron al Gobierno de Gustavo Petro, hablan de que es necesario que se cuente con tiempos y garantías suficientes para que las comunidades participen adecuadamente del debate (Lea también: Ley 30: la reforma en la educación superior pública que busca hacer el gobierno de Petro).
Los rectores firmantes fueron Dolly Montoya de la Universidad Nacional, John Jairo Arboleda de la Univesidad de Antioquia, Hernán Porras Díaz de la Universidad Industrial de Santander, María Ruth Hernández Martínez de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Edgar Varela Barrios de la Universidad del Valle, Martha Sofía Gonzáles Insuasti de la Universidad de Nariño, y Alejandro Álvarez Gallego de la Universidad Pedagógica Nacional.
Debe recordarse que lo que está en juego con la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 podría influir, entre muchas cosas, en aumentar el presupuesto destinado a las universidades públicas, incrementar la cobertura y la política de gratuidad, la dignificación de la labor docente, fortalecer la infraestructura educativa y llevar oferta de educación superior a más territorios. Ese proceso ya inició su trámite en el Congreso de la República, y Petro afirmó que antes del 20 de julio estaría radicado (Está relacionado: El próximo 20 de julio deberá presentarse la reforma a la educación: Petro).
En la carta presentada por los siete rectores, aceptan y comparten la convocatoria de mesas temáticas que analicen aspectos particulares de la Ley 30. “Sin embargo, hace falta reflexionar sobre el sistema en su conjunto, definir un horizonte común y establecer los vasos comunicantes de este con los demás sectores de la sociedad”, se lee en el documento.
También enfatizaron en que la nueva ley deberá definir un marco fundamental de principios, que incluya una estructuración del sistema con funciones y responsabilidades. La nueva ley de educación superior debe ser una auténtica política de Estado que contemple la gestión, la evaluación, la calidad y la inspección y vigilancia. Cumplir con este horizonte exige consolidar acuerdos en tiempos razonables, garantizando la participación de la pluralidad de actores del sistema, en diversos y continuos espacios, y la sistematización de los resultados de esa participación.
“Las universidades tendremos que cumplir un papel fundamental en la construcción de este nuevo sistema. Reconocer el carácter autónomo, universal, científico y colegiado, y nuestra responsabilidad social, nos configura como agentes garantes de este proceso amplio, participativo y colectivo en el que debemos construir la reforma”, dicen los rectores firmantes de la carta.
Por último, los rectores reconocieron el esfuerzo que vienen realizando organizaciones estudiantiles, profesorales y sindicales para presentar sus aportes a un proceso de construcción colectiva. También hacen énfasis en la necesidad de tener una propuesta antes de que se acabe este 2023.