Hace un par de días se conoció un fallo judicial que restituyó el derecho a la rectoría a Silvia Gette Ponce. En medio de este panorama, la organización sindical Sintrauac, conformada por trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe, se pronunció sobre la situación laboral que atraviesan.
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Lo primero que señala el sindicato es que, aunque acatará la decisión judicial, no la comparte. “Consideramos que la educación superior debe estar en manos de personas con trayectoria intachable”, indica.
A los ojos del sindicato, quienes incurren en “conductas punibles enfrentan consecuencias jurídicas, éticas y sociales que deben ser consideradas al momento de ejercer nuevamente un cargo de dirección”.
Cabe recordar que Gette fue denunciada por desvío de recursos y posteriormente condenada por el delito de abuso de confianza en perjuicio de la universidad, fundada por su difunto esposo, Mario Ceballos. También enfrentó acusaciones por soborno a testigos.
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Para los trabajadores, esta situación ha generado inquietudes al interior de la institución. Entre ellas, advierten que se estarían tomando decisiones sin un diálogo formal con las organizaciones sindicales.
El sindicato también indica que adoptar medidas apresuradas en materia de reestructuración y contratación, sin un diagnóstico financiero claro, podría abrir la puerta a que se repitan “prácticas administrativas que históricamente han vulnerado derechos humanos y laborales en la institución”.
En ese contexto, piden ser tenidos en cuenta en el proceso de reconstrucción de la universidad. “Hacemos un llamado a la mesura a la rectora, Silvia Gette Ponce, especialmente en lo referente al ingreso de nuevo personal”, indicaron.
Actualmente, la universidad se encuentra bajo medidas preventivas sujetas a un plan de mejoramiento que impone restricciones, entre ellas la austeridad en el gasto, particularmente en la contratación de nómina.
“A los trabajadores se les adeudan múltiples emolumentos; en este contexto, resulta incoherente proceder con nuevas contrataciones que afectan directamente el flujo financiero de la universidad”, agrega el sindicato.
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Además del llamado a la rectora, el sindicato solicitó al Ministerio de Educación mantener una vigilancia estricta sobre los actos administrativos que se emitan.
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