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Si hace un par de meses usted hubiese sido seleccionado entre los 10.080 becados del programa “Ser pilo paga” y hubiera tenido que elegir dónde estudiar, lo más probable es que su primera opción entre un listado de 33 universidades acreditadas fuera una privada. Al menos ese fue el camino que eligió la mayoría de alumnos (85%) de la primera camada de beneficiados. En total, 8.492 prefirieron una de las entidades privadas y los otros 1.588 (el 15%) optaron por iniciar un trayecto en la educación pública.
Algunos de los interrogantes planteados por el debate sobre este programa de becas son, justamente, por qué un porcentaje tan bajo de estudiantes se decidió por las universidades públicas. ¿Por qué éstas no han tenido un papel protagónico en la iniciativa del Gobierno? En términos de calidad, ¿son mejores las privadas? ¿Supone esto una “cachetada” a la educación estatal?
Aunque hay muchas variables que entran en juego a la hora de dar una respuesta, una primera mirada parte de la cantidad de universidades públicas que entran en la lista: 13, frente a 20 privadas. Ese número, en palabras de Alberto Uribe, rector de la Universidad de Antioquia, ya refleja un panorama con serios retos. “Hay una urgente necesidad de que las universidades públicas se acrediten en alta calidad, porque de lo contrario no participan en el programa de becas”, señala.
Pero más allá de la cifra, para Uribe resulta preocupante que la mayoría opte por una privada. El caso de la Universidad de Antioquia, a donde se ingresa con un examen específico, al igual en la Nacional, es un buen ejemplo: de 1.700 aspirantes que hacían parte del grupo con mejor puntaje en las pruebas Saber, 450 pasaron la prueba. Pero de ellos, según el Ministerio de Educación, sólo 136 decidieron quedarse con el cupo. Los otros se fueron a una institución privada.
¿Por qué? Para Moisés Wasserman, exrector de la U. Nacional, durante las últimas décadas ha prevalecido en Colombia un imaginario de que lo privado es mejor que lo público. A eso contribuye, como también afirma Felipe César Londoño, rector de la Universidad de Caldas, el hecho de que en términos de mercadeo y publicidad haya una brecha tan grande entre los dos tipos de educación superior. Mientras que unas universidades suelen ser más visibles por la situación de orden público o los paros, otras pautan con más frecuencia en medios.
La mejor muestra de que la baja calidad es sólo un mito, dice Londoño, puede estar en algunas clasificaciones. La del grupo Scimago, publicada el año pasado, muestra que nueve de las 15 primeras universidades con mayor producción científica son públicas. A la cabeza están la Nacional, la de Antioquia y los Andes. Las mismas tres lideran el escalafón que hizo el grupo Sapiens Research cuando analizó las publicaciones académicas y la oferta de maestrías y doctorados.
Además de este factor hay uno que, como afirma Ignacio Mantilla, actual rector de la Nacional, no puede pasar inadvertido, tanto para el Gobierno como para estudiantes y padres: el hecho de que se trata de un préstamo-beca. Es decir, que si un alumno fracasa, deberá asumir la deuda de la matrícula que costaron sus semestres. Y en cualquier caso, esos montos son mucho menores en una universidad del Estado.
Pero en ese imaginario también hay una variable que entra en juego y limita el número de estudiantes. “Incide mucho que no tengamos cupos adicionales que ofrecer, mientras que las universidades privadas tienen carreras de baja demanda en las que sí cuentan con espacios. En ese sentido, no hay igualdad en términos de oferta”, explica Mantilla.
Con él coincide Wasserman: “El programa debería tener dos enfoques. Uno que permita la participación y libre elección de los estudiantes en universidades privadas y otro que fortalezca las públicas para que reciban más becarios y abran más cupos. Al fin y al cabo, son 10.080 de 500.000 bachilleres”.
Sin embargo, todos estos baches que puede tener el programa “Ser pilo paga” también abren una puerta para el fortalecimiento de la educación pública, como aseguran todos los rectores consultados. Por un lado, refleja unos retos para el sector público que no son nuevos, pero que deben superarse a corto plazo. La necesidad de atraer más estudiantes, ampliar la oferta y fortalecer la imagen de las instituciones es sólo unos de estos desafíos. Por otro lado, también demuestra, tal y como dice Mantilla, que para que el modelo mantenga su éxito debe irse ajustando con la participación de todos. Eso si se quiere que sea una iniciativa que vaya más allá del período Santos.
ssilva@elespectador.com