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El nuevo impuesto temporal al patrimonio, creado mediante el Decreto 0173 de 2026, puede parecer, a primera vista, una medida técnica más dentro del menú fiscal del Gobierno. Grava con una tarifa general del 0,5% a las personas jurídicas con un patrimonio superior a 200.000 UVT, más de COP 10.400 millones, y eleva la tarifa al 1,6% para sectores como el financiero y el extractivo. Sin embargo, detrás de esa cifra aparentemente moderada se esconde una decisión con profundas implicaciones para la educación superior en Colombia.
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Las universidades privadas en Colombia son entidades sin ánimo de lucro. No distribuyen utilidades. No tienen accionistas que reciban dividendos. Sus excedentes se reinvierten en infraestructura, laboratorios, bibliotecas, investigación, bienestar estudiantil y becas. Su patrimonio no es riqueza privada; es capital académico acumulado durante décadas para garantizar sostenibilidad y calidad. Gravar ese patrimonio equivale a imponer un costo adicional sobre los recursos destinados a cumplir una función pública esencial.
Varias universidades medianas y grandes superan con creces el umbral fijado por el decreto porque poseen campus, hospitales universitarios, equipos científicos, centros de investigación y reservas prudenciales construidas con disciplina financiera. Bajo este nuevo impuesto, una universidad con un patrimonio de COP 200.000 millones deberá pagar alrededor de COP 1.000 millones. En instituciones con activos mayores, la cifra crece proporcionalmente.
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En un sector donde los márgenes son estrechos y los recursos se reinvierten, esos montos no son marginales. Son recursos que dejan de financiar proyectos de investigación, contratación de profesores, modernización tecnológica o programas de apoyo estudiantil.
El efecto sobre la calidad puede ser silencioso pero progresivo. Menos inversión en laboratorios significa menos capacidad de investigación. Menos recursos para contratación implica mayor presión sobre los profesores existentes. Menos margen financiero reduce la posibilidad de ofrecer becas internas. Y cuando los costos aumentan, la tentación o la necesidad de trasladarlos a las matrículas se vuelve real. Es decir, el impuesto termina afectando a los estudiantes.
Resulta paradójico que un gobierno que dice defender la equidad termine imponiendo cargas adicionales a instituciones que financian buena parte del acceso a la educación superior en el país. Más aún cuando muchas universidades privadas otorgan miles de becas y descuentos que complementan la oferta pública y alivian el gasto de las familias.
No es la primera vez que esta administración envía señales de desconfianza hacia el sector. Recordemos el intento, afortunadamente fallido, aunque igual las universidades hicieron los aportes, de trasladar a las universidades el pago de los intereses de los créditos Icetex de sus estudiantes. Aquella medida pretendía que las instituciones asumieran una obligación que corresponde al Estado o al diseño mismo del sistema de financiamiento estudiantil. El mensaje era claro: el sector privado debía pagar por una política pública mal estructurada.
Hoy el nuevo impuesto al patrimonio parece seguir esa misma lógica. Más preocupante aún es el contexto. Colombia necesita aumentar su inversión en ciencia, tecnología e innovación. Necesita universidades fuertes que investiguen, formen capital humano avanzado y generen conocimiento pertinente para el desarrollo. Necesita alianzas público-privadas que amplíen cobertura y calidad. Pero en lugar de fortalecer ese ecosistema, se grava su base patrimonial.
El debate de fondo no es solo fiscal, es conceptual. ¿Considera el Gobierno a las universidades privadas de alta calidad como aliadas en la construcción del país, o como actores sospechosos que deben ser controlados y gravados? Las señales recientes apuntan a lo segundo.
En un país con enormes rezagos en cobertura, calidad e investigación, debilitar financieramente a las instituciones que aportan a la formación de capital humano no parece una estrategia coherente con un proyecto de desarrollo. Más bien refleja una visión ideológica que desconfía del sector privado y minimiza el papel de la ciencia y la educación como motores de progreso.
Las universidades no piden privilegios. Piden reglas claras, estabilidad y reconocimiento de su función social. Si el Estado quiere más calidad, más investigación y más acceso, debe crear incentivos para invertir en educación, no castigar el patrimonio que la sostiene.
Gravar a las universidades puede generar ingresos fiscales de corto plazo. Pero el costo de largo plazo en calidad, en investigación, en oportunidades para los jóvenes puede ser mucho más alto.
*Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
