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El Consejo Superior Universitario de la U. de Antioquia tomó este martes, 27 de enero, una decisión que abre un nuevo capítulo en esa institución: no aceptó la renuncia del rector John Jairo Arboleda, que se había apartado del cargo el pasado 16 de enero.
Esa decisión la había tomado Arboleda tras el informe de inspección que había elaborado el Ministerio de Educación, que optó por reemplazarlo, algo que, a los ojos de Arboleda, había sido “ilegal, arbitrario e injusto”, pues, según dijo en un comunicado, vulneraba “la autonomía universitaria” y desconocía “que la crisis financiera es estructural y sistémica”.
Según pudo confirmar El Espectador, el Consejo Superior Universitario (CSU) optó por ese camino por varias razones: unos de sus miembros lo hicieron porque no estaban de acuerdo con los argumentos que presentó Arboleda en su carta de renuncia. “Aceptar la renuncia era aceptar esos argumentos que no eran válidos, y eso se podría prestar para posteriores demandas”, le dijo una fuente que conoce de cerca el proceso en la UdeA a este diario.
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Otros miembros del CSU no aceptaron la renuncia porque la asamblea del profesorado lo había pedido con un propósito: para que Arboleda “asumiera sus responsabilidades en este proceso y estuviera dentro de la universidad para responder”.
Así mismo, otros integrantes del CSU aseguraron que no estaban de acuerdo con aceptar la renuncia porque consideraban que las medidas que había tomado el Ministerio de Educación no estaban sustentadas de manera adecuada y, para ellos, Arboleda debería continuar como rector de la U. de Antioquia.
La gran pregunta que se hace la comunidad universitaria en este momento, es ¿qué sigue si ya Héctor Iván García había tomado posesión del cargo como rector tras ser designado por el Ministerio de Educación?
Según le explicó una persona del CSU El Espectador, García continuará como rector mientras duren las medidas de vigilancia e inspección que había ordenado el Mineducación, que podrían prolongarse hasta dos años.
Sin embargo, lo que algunos le están solicitando al Mineducación es que no se prolonguen por más de seis meses y que luego Arboleda retorne a su cargo.
Por el momento, el Mineducación no se ha pronunciado y toda la comunidad universitaria está a la espera de cuál será el siguiente paso para tener un poco más de claridad sobre el futuro de la U. de Antioquia, que está en una profunda crisis financiera.
La institución cerró 2025 con un pasivo acumulado de COP 134.556 millones en obligaciones de nómina, prestaciones y proveedores, y enfrenta para 2026 un déficit que, según la inspección del Ministerio de Educación, no sería de COP 63.367 millones, como sostiene la Universidad tras su plan de austeridad, sino de COP 197.923 millones.
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