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Los representantes profesorales ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia publicaron un comunicado en el que muestran su preocupación luego de una decisión que se habría tomado en la reunión extraordinaria de ese organismo, que se llevó a cabo el viernes 15 de agosto.
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Allí, de acuerdo con el comunicado, se decidió que se realizará “una reducción de más de $100.000 millones en gastos de funcionamiento, principalmente en horas cátedra para 2026″. Esto se presentó, dicen los representantes, en el marco de la definición de la metodología para la construcción del presupuesto del próximo año.
Para definir esta metodología se realizó una votación. El delegado del Gobernador, el representante de los exrectores, el representante del sector productivo, el representante de los egresados y el representante de las directivas académicas votaron a favor de esta propuesta, según el documento.
El delegado del presidente, el del Ministerio de Educación y el de la Representación Profesoral, por su parte, votaron en contra de esta propuesta que, afirman, no contaba con “informes, documentos ni con la presentación realizada por el Vicerrector Administrativo acerca de los escenarios de presupuesto para 2026″.
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Al no contar con este material, “no teníamos los elementos necesarios para discutir y tomar una decisión lo suficientemente fundamentada”, anotan en el comunicado.
Los representantes también advierten que con esta medida se podría presentar la reducción del 50% en horas cátedra, porque, en la actualidad, los gastos de personal representan entre el 85 % y el 90 % de los gastos de funcionamiento de los fondos generales. “Más del 50 % de estos son fijos, comprometidos y tienden a crecer (personal vinculado) y, por tanto, no pueden reducirse de forma tajante y sin análisis profundos”, aclararon.
La carta, firmada por María Isabel Duque Roldán y Mauricio Múnera Gómez, concluye reconociendo la importancia de racionalizar y optimizar los gastos de funcionamiento, pero, insisten en que es fundamental contar con los criterios necesarios. “Manifestamos nuestra intención de impugnar la votación realizada en la reunión del 15 de agosto de 2025 y solicitar al Consejo Superior Universitario reabrir el debate”, concluyeron.
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