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La Universidad de Antioquia respondió, a través de un comunicado, a la decisión del Ministerio de Educación de ordenar el reemplazo del actual rector, John Jairo Arboleda, una medida que algunos sectores (entre ellos el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón) han interpretado en las últimas horas como una intervención del Gobierno Nacional en la autonomía de la institución.
La Universidad señaló en primer lugar que, según lo expresado por el propio Ministerio, “de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, esta decisión administrativa no produce efectos jurídicos mientras no se surta la notificación personal al interesado”. En ese sentido, precisó que las dependencias encargadas de recibir formalmente este tipo de actos administrativos están a la espera de que se cumpla dicho procedimiento, lo que da a entender que no ha recibido el oficio.
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En este punto, es importante resaltar que incluso Mineducación reconoce que la medida aún no produce efectos jurídicos, pues el procedimiento se encuentra en fase de notificación. Según la cartera, mientras no se realice la notificación personal a Arboleda, la medida no puede considerarse vigente ni ejecutoriada.
En todo caso, la UdeA hace un repaso de sus actuaciones en el marco de la vigilancia que ordenó el Gobierno por la delicada situación financiera de la institución. En el comunicado, la UdeA recordó que la Resolución 016105, expedida el 29 de julio, ordenó “medidas preventivas y de vigilancia especial” sobre la institución. Frente a esa decisión, la Universidad presentó un recurso de reposición, solicitando la revocatoria de la resolución. En un documento de 329 páginas, entre argumentación y anexos, la institución expuso seis razones centrales: vulneración del debido proceso, falsa motivación, falta de proporcionalidad, transgresión del principio de legalidad y desconocimiento de la autonomía universitaria.
Antes incluso de interponer ese recurso, la Rectoría de la institución señala que había manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, reiterando su compromiso “con el suministro de la información que se requiera sobre su gestión, y en especial de aquella que sea necesaria para contribuir a superar los desafíos financieros que enfrenta, atendiendo los conductos regulares, respetando las competencias y alcances establecidos en el marco jurídico, y haciendo un cuidado especial de su autonomía universitaria”.
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El Consejo Académico de la institución también se pronunció sobre estas medidas. En un comunicado del 21 de agosto, este cuerpo colegiado —integrado por decanos y directores de escuelas e institutos— expresó su preocupación por “las implicaciones y eventuales consecuencias que las medidas podrían tener en un momento tan complejo” y subrayó que es una “responsabilidad indelegable de todos los estamentos de esta institución, precisamente en ejercicio de la autonomía universitaria, acordar alternativas que permitan no solo superar la situación actual sino fortalecer nuestra Alma Máter”.
Posteriormente, el 5 de septiembre de 2025, el Ministerio designó mediante la Resolución 018478 a Angielly Paola Martínez Ruiz como inspectora in situ.
Según la versión de la Universidad de Antioquia, hasta la fecha, ha respondido de manera completa y dentro de los plazos a siete solicitudes formuladas por la inspectora, relacionadas con información organizacional, agendas de comités directivos, datos financieros y presupuestales, manejo de recursos y planeación financiera, entre otros aspectos. Además, recordó que ha hecho pública una bitácora detallada de estas solicitudes y de la información entregada.
Más recientemente, el 12 de diciembre, el Ministerio envió a la rectoría una comunicación en la que hizo un “señalamiento de condiciones administrativas y financieras para la Universidad de Antioquia”. En ese documento se exigía a la institución, en un plazo de dos días hábiles, definir un “Plan de reducción y contención del gasto de funcionamiento” y un “Plan integral de saneamiento financiero”, entre otros requerimientos que sumaban 20 subpuntos.
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La Universidad asegura que respondió dentro del plazo establecido. El 16 de diciembre, la rectoría envió un oficio de 58 páginas, con anexos, dirigido al subdirector (e) de Inspección y Vigilancia del MEN y a la inspectora in situ, dando respuesta detallada a las exigencias planteadas. Sobre este punto, el Consejo Académico volvió a manifestarse, calificando como “preocupante el tono usado en el oficio del MEN porque, además de perentorio, deja abierta la posibilidad de sanciones y decisiones administrativas subsecuentes que, más que ayudar a resolver la crisis que nos aqueja, generan un clima de zozobra”.
En el mismo pronunciamiento, los consejeros señalaron que comparten con el Ministerio el objetivo de superar la crisis financiera, pero insistieron en que ello requiere “superar las posiciones personales o las pugnas políticas, para dar prioridad a la relevancia de nuestra misionalidad institucional”. Finalmente, frente al anuncio del posible reemplazo del rector, la Universidad indicó que, “teniendo presente este contexto” y siguiendo los conductos señalados por el propio Ministerio, informará de manera oportuna sobre cualquier decisión adicional.
El balance que hace Mineducación del cumplimiento de sus ordenes es malo (dice que no se han cumplido), y señala directamente a Arboleda de ser el responsable. “(...) resulta claro para este Ministerio que el señor Jhon Jairo Arboleda Céspedes, con su actuación, ha dificultado de manera objetiva la adopción y ejecución de las acciones necesarias para garantizar la implementación efectiva de las medidas ordenadas”, se lee en la acción. La rectoría, se agrega después, “ha demostrado un incumplimiento reiterado frente a las órdenes del Ministerio”.
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El Ministerio señala que Arboleda incumplió lo ordenado en la Resolución 016105 del 29 de julio de 2025, en particular lo relacionado con la elaboración, presentación e inicio efectivo del plan de mejoramiento exigido a la universidad. Según la cartera, estas obligaciones eran “medidas esenciales y de carácter preventivo”, orientadas a corregir y superar, en el menor tiempo posible, las irregularidades advertidas en la gestión administrativa y financiera, así como en la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad educativa.
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