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Hace apenas unos días, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tomó una decisión que ha inquietado a quienes trabajamos por el ecosistema cultural del país: mediante la Resolución 1887 del 14 de septiembre, decidió no continuar con la selección de ganadores ni asignar los recursos correspondientes a las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos 2026. La cifra es contundente: 1.308 propuestas que ya habían superado la verificación de requisitos quedaron sin evaluación, de las cuales 351 correspondían a premios nacionales y 957 a reconocimientos.
El propio Ministerio, a su vez, reconoció que actualmente no cuenta con las condiciones de disponibilidad de caja necesarias para garantizar la evaluación de las postulaciones ni el pago de los estímulos económicos, y que ni siquiera ha podido expedir las resoluciones mediante las cuales se designan los jurados, debido a dificultades presupuestales, técnicas y administrativas. A esa fragilidad estructural se sumó la priorización de recursos del PAC para atender las necesidades derivadas de la emergencia declarada por el Gobierno nacional tras el terremoto del 10 de agosto.
En línea con lo anterior, en el comunicado del 15 de septiembre, la deuda pendiente por pago ascendía, a corte de agosto de 2026, a más de 185 mil millones de pesos, repartidos entre Estímulos y Concertación Cultural, Artes para la Paz, Patrimonio y Memoria, Educación y Formación Artística y Cultural, e Infraestructura Cultural. Esa deuda, advierte el Ministerio, afecta directamente a 4.162 beneficiarios de las convocatorias públicas en todo el territorio nacional.
¿Qué papel le corresponde a la universidad?
Frente a este panorama, las instituciones de educación superior —sobre todo aquellas con facultades de artes, humanidades y gestión cultural— no pueden limitarse a observar desde la barrera. Tenemos una responsabilidad que va más allá de formar profesionales: la de sostener, aunque sea parcialmente, el tejido cultural que hoy el Estado decide no garantizar en medio de unas circunstancias que parecen desconocer la precariedad del ecosistema cultural, la responsabilidad del Estado en la vida artística y cultural del país y el arte como movilizador de imaginación social y ciudadanías culturales.
En esa medida estamos llamadas a ejercer un rol de articulación regional, tejiendo alianzas con las secretarías de cultura departamentales y municipales para que la crisis nacional no se traduzca en un vacío total de oportunidades. Abrir espacios a artistas y colectivos afectados por la suspensión es una forma de aportar: basta con voluntad institucional y coordinación logística para habitar infraestructuras compartidas.
Las universidades tienen la capacidad —y la credibilidad— para documentar con rigor el impacto real de esta crisis: cuántos empleos culturales se ven afectados, qué regiones sufren más, qué modelos de financiación han funcionado en otros países para que el arte y la cultura no habiten estados de precarización constante. Esa evidencia, producida desde la academia, puede convertirse en insumo técnico para el diseño de mecanismos más resilientes que apalanquen el desarrollo e implementación de políticas de Estado independientemente del gobierno de turno.
Muchos artistas y gestores culturales dominan su oficio creativo, pero no siempre cuentan con herramientas para formular proyectos, diversificar fuentes de financiación o navegar convocatorias internacionales. Las universidades pueden ofrecer acompañamiento técnico directo y asesorías gratuitas en gestión cultural, escritura de propuestas y búsqueda de fondos alternativos, vinculando los conocimientos que ya producen en sus programas de gestión cultural, emprendimiento, artes y humanidades; contribuyendo de este modo a la reducción de la dependencia de proyecciones presupuestales inciertas y decisiones unilaterales de cortes presupuestales que lo único que hacen es debilitar el ecosistema de las artes.
Ninguna de estas acciones resuelve por sí sola el problema estructural de fondo: un sistema de financiación cultural dependiente de un flujo de caja estatal que se agota ante la primera emergencia. Esa discusión —sobre cómo diversificar y blindar los recursos para la cultura— le corresponde al país entero, y es una prueba de qué tan dispuestas están las instituciones —incluidas las universidades— a sostener el ecosistema cultural cuando la responsabilidad del Estado frente a las artes y la cultura se repliega no dando soluciones y obviando los compromisos ya firmados con artistas, pero más allá con el país entero y en el horizonte del vigente Plan Nacional de Cultura.
*Claudia Morales en la decana de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana
**Mónica Romero es profesora del departamento de Artes Visuales, Pontificia Universidad Javeriana
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