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Los magistrados del Supremo escucharon los argumentos técnicos de ambas partes después de que un tribunal federal de California resolviera que la pinacoteca española es la legítima propietaria de la pintura, un asunto en disputa legal desde hace más de 15 años.
Pero el alto tribunal estadounidense no debe pronunciarse sobre la propiedad del cuadro, sino estudiar si el tribunal de California hizo bien al emitir su fallo con base en la legislación española o debería haberlo hecho con la ley californiana en la mano.
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El cuadro en cuestión, “Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia”, perteneció a la familia judía Cassier hasta 1939, cuando Lily Cassier se vio obligada a entregarla a los nazis a cambio de poder huir de Alemania e instalarse en Estados Unidos.
Luego de pasar por diversas manos tras la Segunda Guerra Mundial, el Pissarro fue adquirido en Estados Unidos en 1976 por el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza y en 1993 por el Gobierno español como parte de la compra de su colección privada.
Claude Cassier, nieto de Lilly y residente en California, encontró la pintura en el museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, por lo que en 2005 presentó una demanda contra España y contra la pinacoteca en un tribunal californiano, que fue retomada por sus hijos, David y Ava Cassier, tras su muerte en 2010.
Pero el juez federal John F. Walker dio en 2019 la razón al museo y lo consideró el legítimo propietario del cuadro en base a la legislación española.
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En su fallo, el juez consideró que el barón Thyssen-Bornemisza no actuó de “buena fe” al adquirir el cuadro porque no verificó su origen, pero el museo sí lo compró de “buena fe”.
Ahora bien, Walker subrayó que España tiene el deber “moral” de devolverlo a la familia, algo que el museo ha descartado.
Lo que debe dirimir ahora el máximo tribunal de Estados Unidos es precisamente si para resolver este caso se debía aplicar la legislación española o la californiana.
Mientras la ley californiana impide la adquisición de un bien robado, el derecho civil español establece que si alguien adquiere de buena fe un bien se convierte en su dueño en tres años y, si lo hace con mala intención, pasa a ser su titular en seis años.
Además, la denuncia presentada por los Cassier se basa en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, la cual permite litigar con otros países por propiedades expoliadas, pero el Thyssen sostiene que al ser un museo privado no es un instrumento del Estado español.
Durante la audiencia, Thaddeus Stauber, representante del museo, subrayó el hecho de que el cuadro en cuestión “no se encuentra en Estados Unidos y la pérdida de su propiedad tampoco ocurrió en Estados Unidos”, por lo que se mostró convencido de que el Supremo ratificará la decisión del tribunal federal.
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Patrick Byrne, uno de los abogados de la acusación, dijo a Efe que debe utilizarse la legislación californiana porque “un Estado extranjero debe responder de la misma forma que un particular”.
Y añadió que, incluso si se aplicara la legislación española, el Thyssen no es el propietario legítimo del cuadro porque actuó como “cómplice” al comprarla aún sabiendo su “procedencia ilícita”.
A la audiencia se presentó el Gobierno de Estados Unidos en apoyo a la familia Cassier mediante la figura del ‘amicus curiae’, que permite a un tercero dar su opinión en un litigio para contribuir a su resolución.
Las partes esperan que el Supremo tome una decisión entre abril y mayo próximos.