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El rapero español Pablo Hasel, quien debe comenzar una polémica condena a nueve meses de cárcel por unos tuits en los que cuestionó a la monarquía y a las fuerzas policiales, anunció este lunes que se atrincheró en una universidad para evitar su detención. “Estoy encerrado junto a bastantes solidarios en la Universitat de Lleida, tendrán que reventarla para detenerme y encarcelarme” tuiteó Pablo Hasel.
Una portavoz de la universidad de esa localidad catalana, a 150 km al oeste de Barcelona, confirmó que Hasel se encontraba en el edificio del Rectorado con “una veintena” de simpatizantes, pero indicó que la situación era de calma y que la policía no se encontraba en el lugar.
Hasel tenía plazo hasta la noche del viernes para entregarse voluntariamente y empezar a cumplir la sentencia por el delito de “enaltecimiento del terrorismo” por sus mensajes publicados entre 2014 y 2016.
En esos tuits, llamaba, por ejemplo “mercenarios de mierda” a las fuerzas policiales y las acusaba de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.
En entrevista telefónica con AFP, Hasel dijo el pasado viernes que no se presentaría por sus propios medios. “Tendrán que venir ellos a secuestrarme”, dijo desafiante en ese momento.
Además de realizarse manifestaciones en su apoyo en Madrid y Barcelona, unos 200 artistas, entre ellos Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Joan Manuel Serrat firmaron un manifiesto en su defensa.
El escrito pidió “que se expulsen del Código Penal este tipo de delitos que no hacen sino cercenar el derecho, no solo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”.
“La persecución a raperos, tuiteros, periodistas, así como otros representantes de la cultura y el arte, por intentar ejercer su derecho a la libertad de expresión se ha convertido en una constante. Así, el Estado español ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado por el contenido de sus canciones. Ahora, con el encarcelamiento de Pablo Hasél, el Estado español se está equiparando a países como Turquía o Marruecos”, dice el escrito.
“Nos hemos unido para mostrar nuestro apoyo a Pablo, exigir su libertad, así como que se expulsen del Código Penal este tipo de delitos que no hacen sino cercenar el derecho, no solo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, agrega.
A las críticas se sumó Amnistía Internacional, afirmando que “nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso”.
Ante el escándalo, el gobierno del socialista Pedro Sánchez prometió la semana pasada que planteará “una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión”, con el objetivo de que se impongan penas “disuasorias” y no de cárcel.
El caso de Hasel recuerda al del rapero balear mani, quien en 2018 se marchó a Bélgica horas antes de entrar en prisión para cumplir una condena por injurias al rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones.
Bélgica ha rechazado la extradición solicitada por España hasta el momento, alegando que sus acciones no son delito bajo la ley belga.