Juan Carlos Monroy, director de la oficina de Derechos de Autor, fue la primera cabeza que rodó en el sonado escándalo de Sayco. A los pocos días de que el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, le aceptara la renuncia, se le canceló la inscripción como gerente de la entidad al cuestionado Jairo Enrique Ruge. La polémica siempre ha existido y los cuestionamientos a este organismo, que se encarga de los recaudos en establecimientos públicos y privados cuya actividad esté relacionada con la emisión de contenidos musicales, han sido innumerables y contemplan denuncias tanto de compositores veteranos olvidados para las consignaciones mensuales, como de jóvenes promesas de la música que pensaron en esta sociedad como en la tabla de salvación para vivir de su arte.
El escándalo ganó unos decibeles insospechados la semana pasada, cuando Ricardo Leyva, principal promotor del segundo concierto de Aerosmith en Colombia, denunció irregularidades en Sayco, que quería cobrarle al empresario una tarifa millonaria que contemplaba el 100% de la boletería sin considerar que su venta no había superado el 60%. Leyva aseguró que la organización establece los cobros de acuerdo con el aportante y que el destino del dinero recaudado no es claro.
Las irregularidades en los cobros a Leyva se sumaron a muchas otras allegadas al despacho del ministro, quien anunció que se apersonaría de la investigación en el caso de Sayco y que ya había solicitado a los miembros de su despacho que prestaran una especial atención a este particular. La insistencia del funcionario fue tal que Juan Carlos Monroy no aguantó la presión y decidió dimitir al cargo como máximo responsable de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
“La entidad tomó la primera decisión y fue aceptarle la renuncia al director de Derechos de Autor. Fue la primera decisión de gobierno. Se designó a un nuevo director, el doctor Felipe García. La segunda decisión fue hacer una comisión interdisciplinaria de abogados y contadores que desde la semana pasada se tomaron Sayco y que están indagando en los archivos y en las documentaciones todas las quejas que se han presentado estos días y que nos ayudan a ver qué hay que buscar”, comentó Germán Córdoba, secretario privado del Ministerio del Interior, quien también ha sido comisionado para ratificar que las acciones no van a parar ahí y que ya se había procedido a cancelar la inscripción de Jairo Enrique Ruge como gerente de Sayco.
El señor Ruge violó el régimen de inhabilidades al contratar a un familiar para que hiciera un arreglo en el edificio de la entidad, ubicado en el norte de la capital colombiana, algo que, junto con muchos otros hechos, es en este momento objeto de estudio por parte de la mencionada comisión interdisciplinaria.
“De entrada se encontraron tres irregularidades relacionadas con el gerente de Sayco: el mal manejo de unos anticipos para algunos autores y compositores, la violación del régimen de inhabilidad y compatibilidad al contratar a un pariente y actuaciones inapropiadas en la entidad que no se compadecen con su calidad de gerente”, concluyó Córdoba.
Al conocer la noticia, Ricardo Leyva manifestó que “se está haciendo justicia con las denuncias de muchos colombianos que se han quejado en el Ministerio del Interior, pero para que empiece una nueva etapa en Sayco debe renunciar el presidente y toda la junta directiva, la cual es manipulada por el señor Jairo Ruge”.
Las voces inconformes
Las quejas contra Sayco son numerosas. Germán Córdoba asegura que hay más de 500 denuncias, desde las simples que dicen, por ejemplo, que tienen un salón de belleza al que se le están cobrando unos montos insólitos por año, pasando por otras según las cuales se les acerca gente con una actitud extorsiva que dice ser parte de la entidad y trata de cuadrar el pago, cuando se trata de un monto que no es negociable, hasta otras de autores reconocidos que se quejan de que no reciben nada del organismo.
Es el caso, por ejemplo, de los herederos de Lucho Bermúdez, quienes tienen demandada a Sayco & Acinpro por 17 mil millones de pesos, ya que, según dicen, la entidad no les ha pagado las regalías de los derechos de sus obras desde hace más de 15 años. A los cinco hijos del compositor y director de orquesta, quien fuera cofundador de la entidad, les corresponde el 20% de la explotación y la reproducción de sus obras, por lo que Gloria María Bermúdez (hija del músico y Matilde Díaz) y su abogado acusan también a la entidad de permitir que una orquesta se lucre de las composiciones de Bermúdez sin pagar derechos de autor, así como de la exposición de su música en películas distribuidas en todo el mundo.
A esta queja se suma la de Carmen de Choperena, la pareja actual del maestro Wilson Choperena, uno de los autores de la emblemática ‘Pollera colorá’, porque la entidad sólo le entrega limosnas a su esposo por cuenta de las regalías a que tiene derecho al ser uno de los creadores de la cumbia colombiana más famosa de la historia.
“El tema es complejo. Por un lado, no hay que perder de vista que lo recibido por los autores es proporcional a la frecuencia con la que suenan públicamente. Hay autores que no suenan mucho, que no son programados, no salen en conciertos y no reciben porque no generan derecho. Luego, en cuanto a los autores reconocidos y populares, es muy importante revisar qué negociación se hizo en cada caso con las editoras musicales (empresas a las que en Colombia se les ceden los derechos patrimoniales de la obra). Porque si yo vendo la casa completamente no me puedo quejar después por no recibir parte del arriendo, a no ser que en el contrato se haya estipulado ese pago”, explica el académico y experto en derecho de autor, David Felipe Álvarez.
De ese modo, si Sayco está haciendo bien su trabajo, la negociación debería ser más o menos así: “Un autor famoso pone su música en una emisora. Esa emisora debe pagar $100 de regalías por derecho de autor. Esos $100 son recaudados por Sayco que, de acuerdo con la ley, sólo se puede quedar hasta con el 30% para los gastos de administración y con el 10% para beneficios sociales de los socios por igual. Entonces, de esos $100, en teoría, lo mínimo que debería recibir un autor popular son $60, pero si él cedió sus derechos de autor o los comparte con una editora musical, entonces va a recibir en promedio y como generalmente se hace 33,3% de esos 60, es decir, va a recibir $20. El resto va a las editoriales”.
Además de las alarmas prendidas por Ricardo Leyva, también se han hecho sentir las denuncias por parte de los empresarios de espectáculos. Julián Martínez, de la empresa T310, asegura que el primer malestar con Sayco tiene que ver con que ellos cobran los derechos sobre los aforos posibles y no sobre la realidad de la venta de la boletería que puede pasar, como les sucedió con Damian Marley, de 10.000 boletas a sólo 4.000. Otro punto es que las tarifas se asignan a dedo y dependiendo de cada cara se baja el porcentaje de pago, cuando debería haber un porcentaje fijo y estipulado para los grandes, los medianos y los pequeños empresarios. Y, finalmente, otro dilema gigante es que cuando se debe pagar el saldo restante a Sayco hay tres días de plazo, y cada día el porcentaje va creciendo. “Si pagas a los tres días, puedes pagar $20 millones; si te demoras ocho días, puedes llegar a cancelar $40 millones”, asegura Martínez.
Sin embargo, Germán Córdoba advierte que a pesar de todas las críticas, una sociedad como Sayco debe existir, “incluso porque hay convenios que nos obligan a que haya un ente privado que recaude y vigile los derechos de autor”. La investigación en curso determinará qué sanción hay que imponer y, “dependiendo de la gravedad de lo hallado, podría traer como consecuencia la pérdida de la personalidad jurídica, que sería la muerte de la sociedad Sayco. Estamos haciendo una investigación rápida y muy detallada que arroje resultados concretos”, concluye Córdoba.