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El director general de la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido (VNPCS), Francisco Muñoz, envió una carta a la Fiscal General de la Nación, pidiendo que se continúe con el proceso de las denuncias instauradas por la veeduría, relacionadas con los restos del naufragio del Galeón San José.
En este documento, el director enunció una serie de hechos que evidenciarían una “intrusión comprobada en el sitio y de un posible saqueo continuado del contexto arqueológico del Galeón San José”. Muñoz dijo que en 2021 se realizó una denuncia a partir de esto que se menciona, pero que la Fiscalía de ese entonces hizo un traslado del trámite a la Comisión de Acusaciones del Congreso, lo cual tuvo como consecuencia que la denuncia fuera paralizada hasta 2024.
Ese año, desde la veeduría se presentó una ampliación de esta denuncia, con registros que demostrarían intrusiones violentas y un posible saqueo en este sitio arqueológico en 2016 y 2022. No obstante, el director dijo que hasta el momento no se ha presentado ningún tipo de avance.
Entre las evidencias del presunto saqueo, Muñoz mencionó que, frente a la denuncia de 2024, la Fiscalía alegó que debido a la profundidad de los restos del galeón, no había riesgo ni capacidad de intrusión. Sin embargo, para Muñoz el hecho de que, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, el Estado colombiano haya podido acceder a los restos ubicados a 600 metros de profundidad, evidenciaba la posibilidad de que “terceros con verdadera capacidad tecnológica hayan podido acceder al pecio en el pasado o puedan hacerlo en el presente”.
Por otra parte, el director señaló otro hecho alarmante: el hallazgo de un fragmento de cuerda de fibra vegetal adherido al cañón que se extrajo en 2025. De acuerdo con Muñoz, la supuesta preservación de fibras vegetales durante más de 300 años bajo el agua no correspondería a los procesos naturales de descomposición de este material, lo que podría indicar intervención humana más reciente.
Además, el director afirmó que la prensa financiera internacional, como el medio de comunicación Bloomberg, han demostrado en recientes investigaciones la existencia de una nueva generación de cazadores de tesoros, cuyo modus operandi coincidiría con los actores a quienes el Estado colombiano autorizó el acceso a este sitio en 2016.
Por otra parte, Muñoz manifestó que durante el periodo en el que estuvo paralizado el proceso la Fiscalía archivó investigaciones importantes relacionadas con este caso. Entre ellas la supuesta filtración de las coordenadas de ubicación del Galeón San José. Las coordenadas se encontraban bajo la custodia de la Armada Nacional, pero en 2015, presuntamente por la intervención del entonces Ministerio de Cultura, pasaron a conocerse y ser manejadas por la empresa privada que adelantó la exploración ese año.
A esto se le suma otra denuncia por el manejo irregular del sobre lacrado donde se guardan estas coordenadas. De acuerdo con el director, en 2019 este sobre salió del Archivo General de la Nación sin la debida autorización del Presidente de la República y sin un registro claro de quien tuvo acceso a estas coordenadas.
En 2023 y 2024, la veeduría le advirtió al presidente Gustavo Petro que las exploraciones debían detenerse para proteger este sitio arqueológico y que no se afectara la inspección judicial por las denuncias en proceso, ya que cualquier intervención podría alterar la escena y los rastros de intrusiones previas.
A pesar de estas advertencias, en 2025 el Gobierno Nacional, a partir del proyecto de investigación “Hacia el corazón del Galeón San José”, realizó intervenciones en el sitio, donde recolectaron objetos arqueológicos del naufragio, como un cañón de bronce, un fragmento de cuerda, tres macuquinas, dos tazas de porcelana y muestras de sedimento.
Ante esto, la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido le envió una carta al presidente Petro, solicitando “detener las actividades extractivistas del Galeón San José”. Esto debido a que el grupo de académicos tenía preocupación por la rigurosidad del método científico que se estaba aplicando en la extracción y conservación de estas piezas, además del carácter “secreto y excluyente” del proyecto.
En 2024, el equipo del proyecto de investigación en este sitio manifestó que no existía la tecnología necesaria a nivel nacional para una intervención efectiva de este contexto arqueológico. A pesar de esto, el proyecto de intervención y extracción continuó el año siguiente.
Por último, al finalizar la carta, Muñoz le exigió a la fiscal general que se protegiera la zona de los restos del galeón y que solo se le otorgara acceso a la Armada Nacional hasta que se realizará una inspección judicial en el sitio. Además, también solicitó que se diera el aseguramiento y la preservación de todo el material probatorio referente a las denuncias, así como “la protección y custodia de las actas de reuniones de altas instancias gubernamentales relacionadas con el manejo del caso”.
“Anticipo al país que, si esta inactividad persiste y las instituciones continúan minimizando la gravedad de los hechos, seguiré acudiendo a todas las instancias legales necesarias. Así mismo, por lealtad preferente con la sociedad colombiana, impulsaré que la información relevante sea conocida por la ciudadanía a través de los mecanismos legales disponibles, cuando su restricción resulte incompatible con el interés general”, concluyó Muñoz.
