A través de una carta publicada en la cuenta de X del investigador Francisco Muñoz, director general de la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido (VNPCS), se instó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, pronunciarse sobre los procesos que hoy pesan sobre el galeón San José.
La VNPCS afirma que ha habido varias incursiones ilegales y un presunto saqueo al pecio, sustentada en una denuncia de más de 1.500 folios que desde el 2021 está en manos de la Fiscalía. Sin embargo, el proceso no ha avanzado mucho desde entonces y, además, la organización ha denunciado el hermetismo con el que los organismos oficiales se han referido al caso.
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“Colombia tiene hoy la oportunidad de romper con una década de decisiones, omisiones y maniobras institucionales que han impedido esclarecer lo que realmente ha ocurrido en el contexto arqueológico del Galeón San José. Le escribimos porque la protección efectiva de ese patrimonio depende, en última instancia, de la rama del poder público que usted está llamado a dirigir", afirmó el investigador en la misiva dirigida a De la Espriella.
Según se explica en la carta, hay varias preguntas pendientes en este caso, especialmente con las presuntas expediciones que la VNPCS afirma ocurrieron entre 2024 y 2026, pero de las cuales solo una fue de conocimiento público. En esta, ocurrida en noviembre de 2025, se extrajeron algunos elementos del sitio arqueológico, como monedas, piezas de cerámica y, tal vez el elemento más importante de este lote, un cañón de varias toneladas que habría sido parte de la defensa del navío.
“Si en noviembre de 2025 quedó demostrado que el Estado con sus escasos recursos tiene la capacidad técnica de alterar el contexto y extraer desde pequeñas monedas hasta cañones de toneladas, la pregunta es ineludible: ¿qué ocurrió en las incursiones de abril y mayo de 2024 y en la realizada entre abril y mayo de 2026? ¿Se extrajeron más objetos? ¿Se alteró aún más un contexto arqueológico que hemos denunciado como la escena de un presunto delito de saqueo continuado?“, continúa la carta.
Ahora bien, en abril de este año, fuentes del ICANH afirmaron en entrevista con este diario que no había evidencia científica suficiente para confirmar la existencia de incursiones ilegales en el lugar, mucho menos un saqueo. Durante esa conversación, los investigadores contaron que el sitio arqueológico contaba con un monitoreo constante que respaldaba sus afirmaciones.
De la misma manera, aclararon que algunos de los reclamos que se hacían desde la veeduría, como la conservación de un trozo de cabo de fibra vegetal que estaba adherido al cañón, podían explicarse debido a las condiciones ambientales en las cuáles se encontraban los restos del navío.
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Aun así, todavía permanecen algunas de las preguntas de la veeduría y es en este panorama que se pidió al nuevo gobierno apoyar el proceso de esclarecimiento del manejo que se le ha dado al galeón desde su descubrimiento hace más de diez años. Si bien muchos de los temas no están en manos del presidente, la veeduría pidió específicamente a De la Espriella, “impulsar el avance efectivo de las investigaciones”, “ampliar la auditoría forense”, “retirar del proyecto a funcionarios institucionales enquistados desde 2015″ y “promover la transparencia total sobre las actuaciones adelantadas” sobre el pecio.
A continuación, puede leer la carta completa publicada por el veedor.
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