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Vivimos un momento trascendental en Colombia: en septiembre se cumplen diez años desde que el gobierno de Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz 2016, selló el histórico Acuerdo de Paz con las FARC. Mientras tanto, el próximo 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de la República, trayendo consigo una promesa de viraje radical en la política de paz y seguridad, enfocada en el sometimiento judicial y en una revisión profunda y posible desmantelamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Para comprender la magnitud de lo que está en juego, es necesario mirar los cimientos de esta década de transición. El balance de la implementación del acuerdo arroja resultados que no se pueden desconocer. Por un lado, en el plano humano, el proceso ha mantenido una solidez en sus bases: el 89 % de los firmantes de paz (11.186 personas) siguen activos en su proceso de reincorporación a la legalidad. El Registro Único de Víctimas ya documenta a más de 10,2 millones de afectados por el conflicto histórico. A su vez, la Contraloría General de la República cuantifica que se han invertido más de 127 billones de pesos para financiar el posconflicto.
¿Y qué ha sucedido con el oficio periodístico en la última década? De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), tan solo en el trienio inmediatamente posterior a la firma (2017-2019), se documentaron 583 periodistas amenazados por la cobertura informativa de temas locales sensibles como la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos y la implementación de los planes de desarrollo territorial (PDET). La FLIP también registró que durante 2025, Colombia encabezó los registros de agresiones contra la prensa en Latinoamérica con 468 alertas y al menos 22 periodistas tuvieron que abandonar sus territorios para proteger sus vidas —aunque es preciso mencionar que no hay una discriminación exacta de las alertas que involucran la cobertura de temas relacionados con el Acuerdo de Paz—.
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A esas cifras, que no resultan alentadoras, se suma la incertidumbre que proporciona el nuevo momento político de Colombia. La propuesta del gobierno electo de priorizar el sometimiento de las bandas criminales sobre las mesas de diálogo político, aunada a las tensiones discursivas en torno a la JEP, plantea un desafío en la práctica del ejercicio periodístico y en la cobertura en territorio.
Es aquí donde, desde mi perspectiva, se deben analizar dos caras de la moneda. Desde Bogotá y ciudades capitales, cubrir la paz, el desplazamiento, la reincorporación, la sustitución de cultivos o la restitución de tierras suele resultar en hablar con algunas fuentes por teléfono; consultar o estar al tanto de los informes entregados por las organizaciones estatales; o quizá, también, hay ocasiones en las que existe la posibilidad de concertar entrevistas con funcionarios oficiales o implicados en el tema que se investiga —la mayoría de las veces sin la zozobra del hostigamiento ejercido por aquellos que permanecen en la criminalidad—. En las regiones, en cambio, la cobertura periodística es un asunto de supervivencia diaria.
Hace cuatro años, mientras realizaba un cubrimiento sobre los proyectos productivos PDET en El Retorno, Guaviare, conocí a Esperanza Piedrahíta*, una periodista regional a quien por su seguridad le asigno este seudónimo. En una conversación reciente, Esperanza describía el panorama actual de su departamento con una crudeza que estremece: “Actualmente hay una alarma grandísima por la disputa territorial entre las disidencias de Iván Mordisco y las de Calarcá. Hay confinamiento en las veredas, reclutamiento forzado de jóvenes y niños, e indígenas desplazados de Mapiripán. Los campesinos están en la mitad; si le dan comida a un grupo a las diez de la noche para que no los agreda, el grupo rival llega al día siguiente a amenazarlos”.
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Hacer periodismo en ese contexto requiere una logística casi de guerra clandestina. Esperanza explicaba las estrictas medidas que toman antes de salir a realizar reportería: “Primero contamos con la respuesta de la comunidad; les decimos a qué vamos y qué temas cubriremos. En algunas ocasiones nos ha tocado enviar cartas a los grupos armados para que nos dejen entrar a las veredas de Calamar o Miraflores. Si no coordinamos con los presidentes de junta o líderes locales, sencillamente no podemos volver a entrar”.
El temor de las comunidades del Guaviare —un departamento históricamente azotado por el conflicto armado— ante un inminente viraje del Acuerdo de Paz es palpable y se traduce en lo que Esperanza define como una “alerta roja”. La población teme la implementación de estrategias de alta intensidad armada, como los bombardeos aéreos en zonas rurales y de resguardo donde hay menores reclutados, y que esto desate un nuevo ciclo de tragedias humanitarias y estigmatización contra el campesinado. Narrar esta transición sin revictimizar ni poner en peligro a las fuentes comunitarias se podría convertir en una labor apoteósica para colegas como Esperanza.
Para entender el marco institucional de este nuevo pulso, conversé con Humberto de la Calle, quien entre 2012 y 2016 lideró las negociaciones del Gobierno Nacional con las FARC en La Habana. Desde el principio fue franco en reconocer las virtudes de la prensa que, en su opinión, ha sabido mostrar “las dos caras” de la implementación de forma responsable y objetiva, aunque lamentó que, tras el fallido plebiscito por la paz de 2016, una parte del periodismo cayera en lo que él considera una “militancia” política.
“Al periodista no se le puede pedir que sea caja de resonancia. Pero tampoco un enemigo ciego de los esfuerzos de un país para cumplir un acuerdo que, dígase lo que se diga, desmovilizó a 13.000 combatientes y sus armas se destruyeron. A mí a veces me sorprende que ese hecho protuberante en la historia de Colombia pase desapercibido”, afirmó De la Calle.
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Asimismo, se mostró categórico frente a la idea de borrar de un plumazo los avances de la justicia transicional: “La idea de que usted desaparezca la JEP de un momento a otro es irrealizable. Tiene dificultades jurídicas porque se trata de normas constitucionales; dificultades internacionales por el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional; pero también prácticas. ¿Qué va a hacer [el gobierno De la Espriella] con los procesos en curso? ¿Cómo van a pasar decenas de miles de casos a una justicia ordinaria que no tiene jueces suficientes?”.
De la Calle afirmó que el papel del periodismo en este momento de incertidumbre debe estar orientado a la “independencia, objetividad y una profunda labor pedagógica que explique las luces y las sombras de un proceso tan complejo”.
Por mi parte, considero que la tarea de la prensa en las capitales es tender puentes de empatía con la realidad que vive Esperanza en el Guaviare y tantos otros colegas en la periferia de Colombia. “Aunque es compleja la situación en nuestros territorios, pienso que seguimos dándole voz a los campesinos, a la gente del común que está allá”, comenta. Ella insistió en que hoy más que nunca se deben narrar las complejidades reales del Acuerdo de Paz. Sin embargo, no basta con que estas crónicas y emisiones radiales se queden en las regiones; el verdadero desafío radica en tejer alianzas entre medios locales, independientes y de alcance nacional para amplificar la investigación y blindar la labor periodística.
Ante este nuevo capítulo que inicia el país, el llamado ético de nuestra profesión es más claro que nunca. No podemos caer en la trampa de convertirnos en voceros ciegos de la confrontación ideológica que pueda existir entre extremos. Más bien se debe seguir optando por el criterio periodístico y la madurez investigativa. No tragar entero. Y llevar a cabo, con la mayor rigurosidad y seguridad posible, el mejor oficio del mundo —como lo llamaba Gabo—.
Si te interesa comprender el presente y vislumbrar el futuro del Acuerdo de Paz en este nuevo e incierto panorama político, la cita es en el Festival Gabo 2026: Juan Manuel Santos conversará con la periodista mexicana Carmen Aristegui en la charla “Una segunda oportunidad sobre la tierra”, el domingo 26 de julio de 2026, de 12 p. m. a 1 p. m., en el Auditorio del Gimnasio Moderno de Bogotá (entrada libre hasta llenar aforo).
*Diego Lozano trabaja como periodista en la Universidad Externado de Colombia. Comunicador social y periodista de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Ha sido reportero e investigador para CONNECTAS, EL TIEMPO y Noticias RCN. Centra su ejercicio profesional en la defensa de los derechos humanos y la fiscalización social a través del periodismo.
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Por Diego Lozano*
