Desde el año pasado, el proyecto de fortalecimiento de la Ley General de Cultura se tramitó en la Cámara de Representantes. La ministra Yannai Kadamani habló en varias ocasiones para El Espectador, anunció la iniciativa, cuestionó al Congreso por las demoras, celebró la aprobación en la Cámara, pero finalmente el proyecto no se tramitó en el Senado.
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Gonzalo Castellanos asesoró y estructuró hasta 2025 este proyecto y toda la legislación cultural del país que fue denominada como “la Ley que nos une”, y que se archivará por falta de trámite en el Senado.
Castellanos habló para este diario sobre las implicaciones de que este proyecto no se hubiese convertido en ley: ¿por qué se hunde, qué se pierde y qué quedará de esta iniciativa en un nuevo gobierno?
¿Qué pierde el país con el hundimiento de este proyecto de ley?
Pierde la oportunidad de una iniciativa que fue construida durante dos años con todos los sectores culturales. Una iniciativa que, conservando todos los avances de la legislación precedente y trascendental en campos audiovisuales, de bibliotecas, patrimonio, espectáculos y financiaciones logradas a lo largo de gobiernos anteriores de todas las tendencias, mejoraba las finanzas culturales y los recursos municipales para campos artísticos y creativos. También intervenía la noción intersectorial para que turismo, ciencia y tecnología, educación y comunicaciones participaran con recursos y programas en la vida cultural del país. Mejor dicho, para que le devolvieran a la cultura recursos que esta produce en esos mismos campos (más de tres puntos del PIB); para que hubiera más participación y control ciudadano en el uso de la plata por el Ministerio y por las entidades culturales a nivel nacional y territorial.
Hablemos de alguna de las mejores que traía esta ley…
Son muchísimas perdidas con el hundimiento de esta ley. Por ejemplo, todos los órganos de gobernanza cultural nacionales y territoriales (consejos de cultura) adquirían una dimensión participativa no nominal, sino real, para controlar planes, programas y proyectos con los que a veces hay desafueros por parte de alcaldías y otras instituciones.
Por otro lado, los recursos del turismo, las comunicaciones, las regalías, la ciencia y la tecnología, podían destinarse a financiación de proyectos artísticos y culturales. Dicho sea de paso, se eliminaba un montón de tramitología y burocracia que afecta la forma en la que artistas y gestores obtienen estímulos. Y ni hablar de la institucionalidad cultural, que quedaba fortalecida: presencia de museos, las casas de cultura, las bibliotecas públicas, rurales y comunitarias, etc.
¿Usted cree que no prosperó en Senado por creerse un proyecto de gobierno? ¿Era un proyecto petrista?
No, de ninguna manera era un proyecto petrista. Era un proyecto presentado por el Ministerio de Cultura en el actual gobierno, pero en el que trabajamos arduamente con los artesanos, artistas, creadores, cineastas, gente del teatro, los museos, las artes vivas, instituciones culturales a nivel nacional y territorial, entre muchos otros. Durante seis meses hubo un trabajo juicioso de reflexión con más de cinco mil personas que pertenecían a todos los sectores: hubo críticas, aportes, cambios… Fue una iniciativa bellamente construida con la ciudadanía cultural del país, con un alto concepto de participación, de reequilibrio para irrigar a todos los campos culturales los mejores instrumentos ya existentes en leyes precedentes, para evitar dirigismos de gobiernos. Un gran diálogo institucional-comunitario.
Esta ley contemplaba varios instrumentos fiscales (incentivos, financiaciones, distribución de recursos) y, a pesar de eso, contó con el aval del Ministerio de Hacienda… ¿Cómo lograron eso?
Precisamente, porque el Ministerio de Hacienda entendió varios valores que, no entiendo por qué, han sido difíciles de explicar en otros momentos: que aporta más de tres puntos del PIB y que es un ejemplo a nivel internacional. Que tiene un factor multiplicador único. Es decir, el Estado aporta un incentivo y el sector le devuelve tres veces en inversiones, trabajo, impuesto. Que es un sector que con mejores mecanismos de apoyo vuela, crece, devuelve en impactos no solo económicos, sino también sociales, de convivencia, de diálogo internacional.
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Y si es tan bueno y positivo, no solo para el sector, sino para el Estado, ¿por qué se archivó? ¿Por qué no logró tramitarse en el Senado?
Es absurdo. Quizá desdén de algunos congresistas; quizá equivocación en los tiempos; quizá simple mala saña.
Dicen que lo habían dañado con algunas medidas puestas en la plenaria de la Cámara…
Sin duda, en la plenaria de la Cámara le introdujeron alguna “basurilla”. Habían dañado algunas medidas para las bibliotecas públicas, habían afectado algo del sistema de participación y, sobre todo, le habían introducido un montón de medidas de protección religiosa inaceptables e inconstitucionales. Pero la ponencia para segundo debate arreglaba varios de estos daños. Incluso parecía haber compromiso en la Comisión Sexta del Senado para hacer este control y pasar el proyecto en su forma inicial, sin este tipo de agregados lesivos.
Ahondemos en esos cambios. Por ejemplo, ¿qué habían movido en las reformas para las bibliotecas?
Había dos medidas complejas: la primera de ellas es que las compras públicas de libros, según lo introducido en la Plenaria de la Cámara, debía basarse, en un 50%, en autores colombianos. Esa es una cuota nacional que no entiende que la lectura es universal, que el acceso a la información no puede ser localista.
Por un asunto de representatividad colombiana en esos estantes, de conocimiento sobre la producción nacional, dijeron. ¿La Ley de Bibliotecas no suple esta necesidad?
Sí, las bibliotecas públicas están obligadas a integrar en sus estantes a los autores e idiomas y lenguajes locales, pero esto es absolutamente distinto a obligar a que las personas solo puedan leer “colombiano” en el sentido más parroquial respecto a la dimensión maravillosa y no dirigista que debe tener la lectura.
Hábleme de la segunda medida…
Introdujeron una medida de reciclaje del siglo XIX, según la cual las bibliotecas deben reciclar, es decir, recibir descartes y un mundo de cosas que nadie quiere tener en la casa. Esto es totalmente distinto a hacer donaciones o aportes de acervos valiosos a las bibliotecas. Y eso ya existe.
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Quedémonos en las bibliotecas: para usted, ¿ninguna medida creada en la plenaria de la Cámara fue positiva?
Se mantenían las medidas para fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas Públicas: incorporar y apoyar mejor a las bibliotecas campesinas, comunitarias y otras similares. Es que esto era de gran alcance para el fomento de la lectura en el país.
¿Y ahora qué va a pasar? ¿Usted se fijó en los programas de gobierno de los dos candidatos en contienda presidencial? Hablando del sector cultural, por supuesto.
Es curioso: los dos, con un discurso antagónico, coinciden en puntos similares a los de este proyecto de ley iba a ejecutar. Los dos hablan de “fortalecer lo que hay”, no dicen bien cómo sería, pero lo dicen. Los dos hablan de fortalecer casas de cultura, bibliotecas, el campo audiovisual, las industrias creativas, reitero, sin mucho desarrollo, pero lo dicen.
¿Hay algo nuevo? Es decir, ¿algún candidato propone algo distinto y eficiente para el sector cultural en sus planes de gobierno?
Después de veintitantos años en la gestión de proyectos culturales, casi sabemos el libreto de memoria: el nuevo presidente toma lo que ya hay, trata de cambiarlo un poco en el plan de desarrollo o en la primera reforma tributaria que propone (porque todos proponen una de entrada); a veces en los cambios dañan; luego los sectores culturales y artísticos reaccionamos, mostramos los efectos positivos de la vida, la producción y la creación cultural, las cifras, las comparaciones positivas respecto de otros países, mostramos los daños que pueden hacer las medidas nuevas, y casi todo se mantiene igual.
¿Y por qué se repite este patrón?
Por una cosa: todos los instrumentos, legislaciones culturales, la vida cultural de la gente alrededor de estos campos que son prueba de paz, de crecimiento, de desarrollo auténticamente humano, son precisamente derechos humanos que ningún gobierno, ninguna ideología de izquierda o de derecha, pueden afectar. Estoy seguro de que, en cualquier caso, muchos de los puntos clave del proyecto de ley que se hundió se retomarán en el nuevo plan de gobierno. Y tenga por seguro que, si alguno intenta dañar lo que existe, afectar más la institucionalidad o suprimir la participación popular en cultura afectar derechos culturales, se estrellará con un sector que no es tonto, que tiene voz y que no dejará que afecten sus derechos.
¿Teme por el sector cultural con alguno de los dos gobiernos? ¿Le preocupan asuntos particulares?
Desde luego creo que el sector cultural, los artistas, los gestores, los creadores, le temen a un gobierno que se proclame de derecha, por la noción de que puede haber una regresión, una involución en las conquistas de derechos logradas, en la visión étnica, en la visión de las economías populares de la cultura, en el sentido de la cultura viva comunitaria.
Pero, como he dicho, nadie en su sano juicio, ningún presidente, ningún nuevo ministro puede involucionar en lo ya alcanzado. Cualquier acción, mecanismo, estrategia o instrumento en esa dirección, en la de menoscabar derechos y conquistas, no va a pasar nunca porque inclusive esto tiene una protección internacional. Imagínese un presidente que quiera afectar la protección del patrimonio, desmejorar los avances en el sector audiovisual, disminuir la sólida institucionalidad cultural, despreciar los sectores artesanales, o los sectores comunitarios de la cultura. Se estrellaría muy fuerte con un campo de acción que tiene protecciones y grandes avances.
Creo que puede haber posiciones, programas, pero no creo que ninguno pueda afectar nada de lo alcanzado. Más bien creo que el próximo presidente tendrá que tomar mucho de este proyecto para la cultura que no logró volverse ley.
Por Laura Camila Arévalo Domínguez
