“Ningún país da nada gratis”: Lucas Buitrago

Lucas Buitrago entró a trabajar en WCS Colombia desde 2020.

Foto: Archivo particular

¿Cómo entró al campo de las finanzas para la conservación?

Soy politólogo de formación, mi pregrado es en ciencia política y gobierno de la Universidad del Rosario. La maestría me ofreció la oportunidad de concentrarme un poco más en los temas de economía aplicada. Me enfoqué en entender los análisis y los impactos no solo desde la teoría política o desde la opinión, sino en los datos concretos, econometría, estadística. Allí una amiga tenía una idea para su tesis: las “regalías ambientales”. Quería enfocarse en cómo los pequeños municipios que prestan servicios ambientales al país, que proveen agua y demás, se podían vincular con un reconocimiento para las personas que aportan a esas acciones de conservación a través de su trabajo en la tierra, de tener buenas prácticas. Al entrar en estos temas empecé a profundizar y explorar más. Surgió la oportunidad de vincularme también a WCS por un tema más cercano a mi temática: las fuentes de financiación. Ha sido un proceso de construcción, porque no todas las organizaciones o unidades ambientales se enfocan tanto en esta área. Sin embargo, es una necesidad dar piso económico a las actividades en territorio.

¿Había algún interés personal por entrar al campo ambiental?

Estaba la idea general del desarrollo. La discusión siempre ha tenido el problema sobre qué forma de desarrollo se quiere promover. Es una discusión que ahora está muy en boga, alrededor de los cuestionamientos a los modelos económicos expansionistas al infinito, la idea de ir siempre hacia más producción. Tenemos un planeta finito, y no pensar en esas condiciones crea contradicciones que se reflejan en lo que tenemos ahora: cambio climático, presiones sobre la extinción masiva de biodiversidad.

¿En qué consiste un proyecto de conservación?

La conservación es un fenómeno humano. Usualmente, lo definimos a través de actividades específicas que se desarrollan en territorio. Tú preservas, quiere decir, te encargas de cuidar lo que está en ese momento vivo. Lo otro es la restauración, trabajar para recuperar algo que se haya perdido a lo largo del tiempo, esa es la otra actividad grande. Y hay otra que hemos ido incluyendo, que es el tema de hacer un uso adecuado, porque pasamos todo el tiempo empleando los recursos naturales, que no lo podemos evitar y siempre tenemos impactos, pero buscamos hacerlo de una manera más sostenible. Entonces, un proyecto de conservación realiza cualquiera de esas actividades: preserva lo que está en pie, restaura lo que se daña o hace un uso sostenible de esos recursos naturales. Eso es parte de la lógica que todas las instituciones que se dedican a eso de manera seria. WCS es una, pero hay muchísimas entidades que trabajan en esto en el país y que hacen intervenciones para generar impactos medibles.

¿Cómo se realizan las mediciones de esos impactos?

Aquí entra entonces un tema de la ciencia pura y dura. El 80 % de las veces los ecosistemas se desenvuelven por sí solos, pero cuando nosotros entramos y creamos impactos adicionales, hay un desbalance. Entonces, cuando se instalan estos proyectos de conservación se miden cómo están las condiciones del objeto que quieras conservar, qué intervenciones vas a hacer a partir del estado deseado que quieras de eso y cómo se desarrollan las intervenciones. Se evalúan a través de estadísticas, comparando lo que estaba antes y como está ahora, además de notar cuáles fueron las variables que intervinieron. La medición del impacto es difícil, pero es importante cuando se logra. Es algo fundamental para la toma de decisiones públicas.

¿Cómo se consigue la financiación para estos proyectos?

Hay conversaciones muy interesantes sobre el funcionamiento de la economía para estos proyectos. Muchos de los recursos que estamos tratando de cuidar no son de nadie o, en otro sentido, son de todos, como en el caso de los servicios ecosistémicos, como el agua. Esta es una discusión profunda que se ha tenido en la ciencia económica desde hace muchos años, porque cuando los recursos son de todo el mundo, es más complejo entender quiénes tienen las responsabilidades. Como una parte son de recursos públicos, las demandas de conservación compiten con otras prioridades cruciales. Por otro lado, Colombia ha sido un receptor importante de donaciones internacionales enfocadas en desarrollo sostenible y conservación. Viene de gobiernos como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea. También hay filantropía, tanto empresarial como familiar, que apoya proyectos de conservación, pero tienen el reto de evitar el “greenwashing” y garantizar que estas acciones sean auténticas.

¿Qué es el “greenwashing” y cómo afecta la financiación de proyectos de conservación?

Entendamos el “greenwashing” como el peor de los casos, en donde hay cosas que dicen ser, pero pueden no serlo. La manera más cruda de explicarlo es la empresa que vierte un montón de contaminantes en la atmósfera, pero hace una estrategia de comunicaciones para resaltar una siembra de árboles o algo por el estilo. Ese tipo de intervenciones no implican ninguna acción de conservación real en territorio. Hay una problemática que afecta los recursos para la conservación, y es que se están haciendo proyectos que no tienen ningún impacto real. Ya no es esa forma de “greenwashing clásica”, sino que es un poco más sofisticado: hay de buena fe —en el mejor de los casos— unas transacciones para ayudar a conservar, pero esos resultados no se dan efectivamente.

Mencionaba que parte de los recursos para proyectos de conservación vienen de países extranjeros o de fundaciones privadas, ¿cómo es esa relación?

Como me decían mis profesores cuando se hablaba de cooperación internacional: ningún país da gratis nada. Por principio, al menos en las cooperaciones de país a país, los gobiernos ofrecen plata de alguna forma u otra, y los países son los que lo aceptan. Ese es el procedimiento estándar: se llega a un acuerdo general, se crea un proyecto grande y varios proponentes dicen cómo piensan gastar el recurso para lograr los objetivos. Se hace un proceso competitivo y se distribuye la plata a través de canales establecidos. Para las fundaciones es más directo, ellas son las que eligen los proyectos que financian, aunque en algunos casos también ha habido bloqueos a ciertos tipos de donaciones, aunque esos son asuntos de geopolítica.

¿Cuál es su percepción del clima político para la financiación de proyectos de conservación en Colombia?

Creo que hay un acuerdo en todos lados. La conservación dejó de ser un tema de nicho y ya es un tema general, y puedes verlo a través de manifestaciones de distintos sectores políticos. Esto se concreta en que todos los gobiernos saben que tienen que hacer algo. Estamos discutiendo temas amplios, y Colombia es uno de los países con más riesgos sobre el cambio climático. Esos riesgos cada vez nos hacen más conscientes como país. El ambiente político está claro en cuanto a que todos los actores saben que tienen que actuar, saben que hay necesidades de inversión importantes y lo tratan de hacer. Obviamente, siempre estamos compitiendo con otras necesidades de financiación en la política pública, entonces siempre hay una inversión. Ha habido un compromiso en varios gobiernos para fortalecer instituciones como los ministerios y corporaciones, pero aún hay muchas cosas por mejorar y muchos recursos que todavía se necesitan.