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MinTIC investiga COP 7.225 millones en contrataciones de servicios digitales con Inravisión

La ministra de las TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora, informaron sobre una serie de hallazgos preliminares en medio de una investigación que se adelanta a la contratación en Inravisión.

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23 de agosto de 2026 - 01:44 a. m.
Alexandra Falla y Ángela María Mora.
Alexandra Falla y Ángela María Mora.
Foto: Universidad Externado / Mauricio Alvarado
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Según informaron a través de un comunicado publicado por Inravisión, concluyeron que COP 7.255 millones fueron contratados para “pauta, plan y/o contenido digital” y que los recursos salieron de convenios suscritos con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

“Estos hallazgos permiten concluir que alrededor de COP 7.255 millones en contratos con el Ministerio de Educación y el Dapre (Vicepresidencia de la República) fueron utilizados para el pago de servicios de “pauta, plan y/o contenido digital” en meses clave de la campaña a la Presidencia de la República”, aseguraron en un comunicado.

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Dentro de la información publicada, afirmaron que son dos los convenios que actualmente investigan. Uno fue suscrito por COP 10.000 millones con el Ministerio de Educación. Según la información revelada por MinTIC, COP 6.362 millones fueron destinados al pago de servicios de pauta y/o contenido digital entre junio, julio y agosto de 2026.

Según los datos entregados por la cartera, dos empresas fueron receptoras de los recursos: 3D Mobile 3DM SAS recibió $1.364,6 millones, mientras que Prowess SAS recibió $4.998 millones.

Por otro lado, investigan el Convenio Interadministrativo 390-2026 suscrito con el Dapre por COP 1.500 millones, de los cuales COP 892,8 millones fueron utilizados para el pago de servicios de “plan digital” y con gastos registrados entre marzo, junio, julio y agosto, según la información compartida.

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Los hallazgos, según apuntó en MinTIC, resultan aún más relevantes debido a su coincidencia con las fechas de la campaña y de las elecciones presidenciales, el pasado 31 de mayo y 21 de junio.

Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de estos datos, lo publicado no establece si los convenios y contratos tuvieron una finalidad electoral. Los hallazgos se dieron luego de que el MinTIC informara que revisaría convenios y contratos interadministrativos.

Además, dentro de lo reportado por la cartera, les preocupa que más de 1.000 contratos fueron firmados por más de COP 100.000 millones y los 87 contratos que fueron firmados el 6 y 7 de agosto por aproximadamente COP 4.000 millones.

“Inravisión solicitó además el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar su situación contractual y presupuestal. La Procuraduría ha señalado en otros procesos de 2026 la importancia de garantizar los principios de la contratación estatal y prevenir riesgos sobre los recursos públicos”, reportó La FM.

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Según el comunicado del MinTIC e Inravisión, estas serían las preguntas que quedan sin respuesta tras estos hallazgos: “¿Con qué criterio se priorizaron ‘pauta, plan y/o contenido digital’ para gastar millonarios recursos de sectores tan necesitados como el Ministerio de Educación y el DAPRE (Vicepresidencia), sobre todo en plena campaña a la Presidencia de la República?¿Dónde quedaron el rigor, la austeridad y la sensibilidad a la hora de utilizar los recursos que deberían ser para la educación y para los programas sociales de la Vicepresidencia de la República (DAPRE)? ¿Alguna población o grupo, sobre todo en los territorios, realmente resultó beneficiada o resolvió alguno de sus problemas con tantos recursos invertidos en ‘pauta, plan y/o contenido digital’?”.

Aunque, por el momento, los señalamientos y hallazgos son preliminares, la investigación continuará durante los próximos días y “deberá establecer los criterios con los que se priorizaron los servicios de pauta y contenido digital, así como si su contratación se ajustó a los objetos de los convenios y a las normas que regulan el uso de los recursos públicos”, según reportó Portafolio.

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