El Magazín Cultural

28 Mar 2020 - 6:40 p. m.

Parte del sector cultural cree que el decreto que firmó el Gobierno para enfrentar el COVID-19 es insuficiente

La exministra de cultura Mariana Garcés, la Sociedad Colombiana de Actores (ACA), la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura (MAAC), entre otros, advierten que el decreto 475 es insuficiente para que los artistas afronten la emergencia generada por la pandemia. El Gobierno destinó $120.000 millones para la mitigación del impacto del coronavirus en el sector cultural.

Joseph Casañas - Laura Camila Arévalo Domínguez

Mariana Garcés, exministra de Cultura.  / Óscar Pérez - El Espectador
Mariana Garcés, exministra de Cultura. / Óscar Pérez - El Espectador

La crisis generada por el Covid-19 está golpeando de frente el sector cultural colombiano. Las medidas necesarias adoptadas por el Gobierno y las entidades privadas para evitar la propagación del virus, tiene azotadas las finanzas del gremio del que hacen parte, entre otros, actores, bailarines, productores de cine y gestores culturales.

Para intentar mitigar el impacto de la pandemia, el pasado 25 de marzo el Gobierno Nacional firmó el decreto 475 “por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, según reseña el documento oficial. Con el decreto, dice el Ministerio de Cultura, se destinaron más de $120.000 millones para enfrentar los efectos del Covid-19.

De acuerdo con lo decretado por el Gobierno, con los recursos destinados se busca, entre otras cosas,  “beneficiar a más de 3 mil creadores y gestores culturales de la tercera edad”.  

Dice el decreto firmado por todos los ministros del gabinete del presidente Iván Duque, que “los alcaldes y gobernadores deberán realizar la apropiación y el giro de los recursos provenientes del 20% de la Estampilla Procultura, destinados a la seguridad social de creadores y gestores culturales, a más tardar el 30 de abril de 2020”.

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El nuevo decreto, dijo Julio Correal, presidente de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), “sigue en la misma tónica de todas las medidas del Gobierno, es decir, ofrecer alivio a los grandes empresarios, pero muy poco o nada para el artista como individuo. Ejemplo: Los beps, que son los Beneficios Económicos Periódicos para el adulto mayor, que no son sólo para los artistas, no son ninguna novedad, sólo dicen que los van a agilizar y es muy poco a nivel de dinero”.

En esto coincidió la exministra de Cultura, Mariana Garcés: “Se trata de unos recursos que se encontraban atrapados en alcaldías y gobernaciones, asunto que se solucionó y se viene implementando desde el año 2017. Los recursos provienen del 20% de la estampilla procultura en aquellos municipios y gobernaciones que la tengan, ni un solo peso aporta el Gobierno nacional. Es una renta de destinación específica local ya existente”. Garcés, que administró la cartera cultural durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, escribió un documento al que accedió El Espectador, en el que además de analizar cada uno de los puntos del decreto, expresó su molestia al considerar que se trataban de “un puñado de medidas demagógicas”. 

Además de Garcés y Correal, Felipe Camacho, artista plástico y gestor cultural, agregó que no entiende por qué esta medida se presenta como una novedad, y que no es claro cómo, por ejemplo, en el municipio en el que vive (Tabio) se podrá hablar de un beneficio adicional: allí no hay más de cinco adultos mayores que hacen parte del sector artístico. “En los municipios la cultura no es una prioridad. Los recursos mediados a través de los gobiernos locales complejizan la forma de acceder a ellos. Si pudiese haber una línea más directa, la cuestión se simplifica”.

Sobre el artículo dos del decreto, que habla de la “destinación transitoria de los recursos de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas” y el tres, en el que se habla de los “plazos para la declaración y el pago de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas”, Correal señaló que dichas “medidas van para exhibidores, productores, y nada para el que está quedándose sin ningún ingreso. Los actores hemos insistido en la necesidad de congelar los pagos de servicios públicos, seguridad social, obligaciones bancarias y garantizar recursos para la salud. El decreto no dice nada sobre esto”.

La preocupación de Correal fue la misma de la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura (MAAC), que manifestó su incertidumbre al sentir que con este nuevo decreto no se están teniendo en cuenta las necesidades más básicas y urgentes: comida, salud, suspensión de pagos por deudas de vivienda y arriendos. 

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“Esta precariedad es producto de nuestra situación laboral irregular, que ha llevado a que muchos trabajadores no podamos ni siquiera cubrir mensualmente nuestros pagos. A esto se le suma que muchas empresas del sector cultural nos adeudan pagos por servicios profesionales como independientes”, señaló Mauricio Clavijo, vocero de la MAAC, que agregó que no están en desacuerdo con que las grandes empresas salgan beneficiadas con el presupuesto del decreto.

Sobre la destinación transitoria de los recursos de la contribución parafiscal de espectáculos públicos, Mariana Garcés apuntó que el gran problema de esta repartición es que no será equitativa, ya que “la ley contempla que la boletería cuyo precio se estime en un valor de tres (3) UVTS o más, paga una contribución parafiscal del 10%, contribución que recauda el Ministerio de Cultura y se les gira a los municipios que la generan. Ahora, con base en el decreto de emergencia, esos recursos a través de convocatorias públicas 'ágiles' se podrán destinar al sector de las artes escénicas, lo que es muy lógico. Estos recursos ascienden a casi 44 mil millones de pesos. El asunto es que más del 50% le corresponden a Bogotá; una ciudad como Cali generará alrededor de 2 mil millones de pesos por este concepto". 

El artículo tres dice que se ampliará el plazo hasta septiembre de 2020 para la declaración y el pago de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, correspondiente a las actividades realizadas entre marzo y junio de 2020. También dice que desde marzo y hasta junio del mismo año, se podrá acreditar la exhibición de cortometrajes nacionales durante ocho días calendario del respectivo mes, para la disminución de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico. Todas estas fechas corresponden al periodo de cuarentena en el que actualmente se encuentra el país. Es decir, ¿cuáles serán las actividades que se declararán en septiembre de 2020? ¿En dónde o cómo se exhibirán los cortometrajes nacionales si nadie puede ir a cine?

Garcés también se refirió a este tema en su análisis: “Incluir que la medida cobija a los espectáculos que se realicen en los meses de abril hasta agosto es no entender que, en dicho periodo, parte del problema es que no se realizarán eventos de las artes representativas”.  La exministra consideró que se debió exonerar de ese pago a los productores permanentes o temporales por un período de tiempo, como ya lo han hecho otros países como Alemania, que declaró la cultura como bien de primera necesidad para que, según el diario español ABC, esta industria pudiera acceder a la línea de liquidez ilimitada prevista por el Gobierno de Angela Merkel

Al respecto, el Ministerio de Cultura hizo referencia a la “destinación transitoria de más de $40.000 millones, provenientes de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de las artes” e indica que “los recursos que se giren hasta el 31 de diciembre de 2020 por parte del Ministerio de Cultura a los municipios y distritos, podrán destinarse hasta el 30 de septiembre de 2021 para apoyar al sector cultural de las artes escénicas en las actividades de creación, formación virtual, producción y circulación, en cualquier modalidad (presencial o virtual)”.

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Sobre este asunto, Correal dijo que es una buena opción, sin embargo, el éxito de esta idea “va a depender de los términos de las convocatorias y de quienes evalúen. Se han generado discusiones en el sector del teatro porque genera temor que decidan re direccionarlo para desarrollar apps o videojuegos, u otro tipo de actividades que no son precisamente del sector al que iban dirigidas”.

Juan Diego Arias, subdirector artístico del Teatro Libre, dijo que, “en principio” el decreto del Gobierno es valioso, pero que “no solamente se debe hablar de los productores y directores sino también de los artistas, que serán los más golpeados en esta crisis. Toca ver qué sucede con esa plata. Es muy poco claro cómo va a funcionar ese mecanismo de entrega”.

Arias indicó que “nos estamos dando cuenta de que hay una crisis de informalidad alrededor del mundo cultural. Esperemos que luego de que todo esto pase, el debate gire alrededor de eso, porque los apoyos públicos son solo por un tiempo muy corto y para proyectos muy pequeños. La mentalidad que tenemos como sector es solo para proyectos inmediatos. No existen estrategias que hagan que las instituciones culturales se piensen a mínimo cinco años, que es lo que debería pasar. Es absurdo que vivamos del día a día”.

La crisis que atravesamos va a requerir que el modelo en el que actualmente vivimos se rediseñe, se vuelva a pensar, se configure. El sector cultural, como lo dijo el presidente Duque, aporta “el 1.8 al PIB nacional y genera una cifra muy importante de empleos formales”. Esta intervención realizada en la Universidad de las Artes en Londres, UAL, recordada por Garcés en su análisis, concluiría que este sector es vital para el crecimiento de la economía colombiana, pero, sobre todo, para la construcción de la memoria y el tejido social.

“Existen unos vacíos de información en cuanto al monto de los recursos, la forma de acceder a ellos y la manera de determinar las acreditaciones,  lo cual nos impide valorar el alcance real de las medidas del Gobierno, y cómo estas aplicarían a nuestras condiciones particulares”, concluyó la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura. Sus integrantes le pidieron al Gobierno nacional que, además de enfocarse en las urgencias de los más vulnerables del sector, aterricen los auxilios comunicados mediante el decreto, ya que para ellos es un texto copado de medidas antiguas presentadas como nuevas, ayudas para las empresas, redistribuciones inequitativas y plazos para declaraciones de actividades que no se podrán realizar.

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