29 Nov 2009 - 2:00 a. m.

“La recuperación del dinero va a ser muy difícil”

María del Rosario Guerra, ministra de TIC está aterrada con el fraude que grupos delictivos de ex trabajadores del liquidado Telecom.

El Espectador

Se inventaron un carrusel de tutelas criminales para quedarse con cerca de cien mil millones de pesos. Y lo están logrando en medio de la impunidad. Nadie los detiene.

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Es cierto que el fraude masivo de los dineros del antiguo Telecom, mediante el otorgamiento de tutelas, se concentra en una región específica del país y los presuntos defraudadores son, al parecer, jueces, abogados y ex trabajadores que actúan en la misma zona?

María del Rosario Guerra.- Sí, es verdad. Hemos encontrado concentración de tutelas concedidas por un grupo de jueces en El Carmen de Bolívar (Bolívar), Turbo y Arboletes (Antioquia) y Moñitos y San Andrés de Sotavento (Córdoba), entre otros. Además, registramos con gran preocupación que muchos peticionarios de tutelas no son nativos de la región, ni nunca han vivido o laborado en esas zonas donde se les conceden sus pretensiones.

C.O.T.-  ¿Cómo así? ¿Por ejemplo, una persona que trabajaba en el centro del país ponía una tutela en la Costa Atlántica?

M.R.G.- Sí. Ese es el esquema típico. Le pongo un ejemplo real: un trabajador de Boyacá que siempre fue empleado en ese departamento, apareció solicitando que se le ampararan sus derechos en Moñitos. Y hay otra modalidad: unos ex empleados solicitaron el amparo de sus derechos laborales en uno de los municipios que le he mencionado; los jueces fallaron a su favor una primera vez y tiempo después los tutelados fueron a otros municipios y presentaron acciones por los mismos hechos. Otros jueces les volvían a fallar a favor de sus presuntos derechos, por segunda vez.

C.O.T.- ¿El doble fallo también implicaba doble pago?

M.R.G.- Sí. Los jueces han ordenado doble pago; significa que, habiéndosele pagado al trabajador en el momento en que se terminó el proceso de liquidación de Telecom, esto es, antes de 2006, él volvió a invocar los mismos derechos años después y otro juez le concedió el amparo. En consecuencia, recibió un segundo pago. También tenemos casos en que se ordenó el reconocimiento de pensiones sin el lleno de los requisitos.

C.O.T.- Pero cualquier juez de la República sabe, aunque ejerza en Moñitos, que si ya un caso está fallado no puede volver a abrirlo, ni mucho menos a fallarlo.

M.R.G.- Eso es lo que uno supone que debería suceder. Por eso creemos que se ha configurado una alianza muy preocupante, que puede ser delictiva, entre jueces abogados y ex funcionarios.

C.O.T.- De todas maneras un segundo fallo es nulo. ¿Por qué, sabiendo eso, el Patrimonio Autónomo de Remanentes que maneja los bienes de la antigua Telecom les entregó dinero a los tutelados?

M.R.G.- Admito que ese tema también nos preocupa. Estamos investigando en las instituciones del Estado si hay algún tipo de responsabilidad por parte de los funcionarios, sea por acción o por omisión personal, sea por responsabilidad del Patrimonio o de las fiduciarias. Vale la pena aclarar que los pagos no se efectúan de manera voluntaria, sino en virtud de los embargos que los propios juzgados ordenan, so pena de sanciones como el arresto por incumplimiento de sus decisiones.

C.O.T.- ¿Han podido configurar listas con nombres de jueces que han fallado repetidamente tutelas a favor de los peticionarios?

M.R.G.- Sí. El Patrimonio Autónomo tiene identificados municipios, jueces que han fallado esos casos y a quiénes les han concedido las tutelas.

C.O.T.- ¿Hasta el momento cuánto dinero han tenido que entregar por esta vía?

M.R.G.-  Según lo que ordenan los fallos de tutela ya estamos cerca de tener que entregar $91 mil millones. Esta suma no se ha pagado en un ciento por ciento, pero de todas maneras la cifra es desproporcionada. Calcule que lo que estaba presupuestado para el pago de tutelas era alrededor de $10 mil millones, de los cuales ya fueron entregados $8 mil. Compare esto con los 91 mil ordenados por los jueces.

C.O.T.- ¿Cuántos empleados han sido tutelados y cuántos faltarían por serlo?

M.R.G.-  Cerca de 400 trabajadores, mediante estos fallos. Cuando se liquidó Telecom, salieron de la empresa alrededor de 4 mil personas. Luego, lo que se podría venir de seguir este carrusel, sería monstruoso. Llama también la atención que en una sola tutela incluyan a 100 personas. Es decir, que estamos frente a tutelas grupales.

C.O.T.- ¿Cuántos trabajadores calcularon ustedes que podrían reclamar por derechos vulnerados realmente?

M.R.G.- En todas las liquidaciones se hacen unas previsiones razonables de dinero por si acaso hay algunas reclamaciones justas. Pero esos reclamos no deberían superar el 10% del total de ex trabajadores. Hasta ahí es normal. Como le digo, lo que nos sorprendió fue el crecimiento inusitado de esas solicitudes en cerca de 1.000% durante 2009. Eso fue lo que prendió las alarmas.

C.O.T.-  ¿Cuál es el caso más escandaloso de los que se han dado?

M.R.G.- En este momento, por ejemplo, me acaba de llegar una tutela interpuesta en El Carmen de Bolívar por parte de 100 ex empleados que reclaman cada uno alrededor de 800 millones de pesos en indemnizaciones. Y el juez da un plazo de 48 horas para que el Patrimonio Autónomo responda. O sea, no da tiempo ni siquiera para que el Estado se defienda.

C.O.T.- Es decir, ¿en esta única tutela el Estado podría perder 80 mil millones de pesos?

M.R.G.- Así es. Y eso no es todo: cuando los abogados del Patrimonio se hacen presentes en los juzgados para defender al Estado, le entregan al juez la providencia de la Corte Constitucional con toda la documentación que justifica por qué no se les puede otorgar la tutela y tampoco se les puede pagar. ¿Sabe que hacen los jueces? Ignoran la sentencia de la Corte tranquilamente, como si no existiera.


C.O.T.- En este tipo de casos de corrupción, no es raro que los jueces ordenen embargos para poder manejar directamente la plata. ¿Hay muchos embargos?

M.R.G.- Sí, claro. Se ha ordenado el embargo de las cuentas del Patrimonio varias veces, casi de manera automática. Al estar embargados los dineros, la orientación del gasto queda en manos del juez. Entonces perdemos prácticamente el manejo de esos recursos, porque nuestro margen de maniobra es mínimo. De hecho, como ya se han pagado muchas tutelas, cuando en derecho se ordene reversar los procesos, la recuperación del dinero va a ser muy difícil.

C.O.T.- Una precisión importante: ¿Los jueces que ordenan embargar los dineros son los mismos que les conceden las tutelas a los ex trabajadores de Telecom?

M.R.G.- Aparentemente sí, por la información que hemos obtenido hasta el momento.

C.O.T.- ¿El “cartel” de la liquidada Telecom estaría entonces compuesto por un grupo de jueces en complicidad con un grupo de abogados que localizan a los ex trabajadores para ofrecerles que entre todos saquen provecho económico del ilícito?

M.R.G.- Yo no descartaría las dos vías: ex empleados que han sido inducidos por otros y que van a buscar al grupo de abogados y de jueces; o jueces y abogados que buscan a los peticionarios. El magistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto nos dio la razón en una sentencia en la que les ordenó a los jueces abstenerse de exigir el cumplimiento de ciertos fallos claramente irregulares. Pero los jueces no acataron a la Corte y continuaron concediendo tutelas. Por eso decidimos hacer esta denuncia públicamente, con el fin de tratar de impedir que se continúen dado estas aberraciones jurídicas, en abierto desacato al máximo tribunal.

C.O.T.- ¿Cómo descubrieron éste que podría llegar a ser un gigantesco robo ‘legalizado’?

M.R.G.- Hace tres semanas, en un comité del Patrimonio Autónomo de Remanentes y en el que el Ministerio tiene dos delegados, se presentó el informe que llamó la atención por el crecimiento tan desbordado de reclamaciones. Por su parte, el Patrimonio y las fiduciarias iniciaron gestiones ante las instancias respectivas desde hace tres meses.

C.O.T.- ¿Quién maneja el Patrimonio Autónomo?

M.R.G.- El Patrimonio es fundamentalmente una cuenta que se creó mediante un contrato de fiducia con un consorcio compuesto por Fiduagraria, con un 70%, y Fidupopular, con el 30% restante. El Ministerio es el fideicomitente y de esta manera se manejan los recursos para las contingencias de las liquidaciones de Telecom y de las empresas teleasociadas.

C.O.T.- ¿Qué acciones inmediatas puede tomar el Ministerio para impedir el desangre económico del Patrimonio?

M.R.G.- Ante todo, el Patrimonio y la fiduciaria pusieron al tanto de estos antecedentes al Consejo Superior de la Judicatura, que es la instancia ante la cual se puede investigar disciplinariamente y sancionar a los jueces. También se le avisó a la Fiscalía. En cuanto fui informada, lo que hice como ministra fue remitirle a la Corte Constitucional un listado de las tutelas falladas y le solicité que revisara los casos para ver si puede, mediante una providencia, ponerle un freno a esta situación.

C.O.T.- ¿Qué acciones de emergencia se pueden tomar para cerrarle el paso al robo de los recursos de la liquidación de Telecom?

M.R.G.- Primero, se están sistematizando los archivos de más de cuatro mil personas para poder agilizar la información cuando llegue una solicitud de tutela y poder hacerle frente al requerimiento del juez con todo el material en la mano. Y segundo, se designó un grupo de abogados para representar el Patrimonio. Este grupo está muy atento a revisar lo que ocurre en los municipios que ya le mencioné, de Córdoba, Bolívar y Antioquia, de tal manera que puedan anticiparse y mirar en los juzgados cualquier movimiento que se presente.

C.O.T.- Me parece que esta red delictiva no hubiera podido conformarse sin información interna sobre cantidad de recursos del Patrimonio y otros datos. ¿Han investigado a fondo a los que administran y manejan los recursos?

M.R.G.- Eso que usted dice es lo que me tiene más mortificada, porque efectivamente hay muy poca gente que podía conocer la información total. Estamos empezando a hacer las investigaciones pertinentes.

‘Tutelas’ aberrantes

El Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) es un contrato de fiducia mercantil que administra los activos de la antigua Telecom. Fue constituido en 2005 por un consorcio conformado por Fiduagraria y por Fiduciaria Popular. El PAR también atiende las obligaciones, los procesos judiciales y las reclamaciones en curso. Sus activos corresponden a algo más de $362 mil millones. Es a esta fortuna a la que les están ‘disparando’ los carteles de jueces, abogados y ex trabajadores mediante el uso del mecanismo de tutela que interponen los últimos por miles de millones de pesos, y que conceden los primeros. Caso 1.- Tutela presentada por 33 peticionarios en San Antero (Córd.) para solicitar pensión. El juzgado concedió el amparo pese a que ninguno de los ex trabajadores cumplía con los requisitos; el juez ordenó un embargo en cuanto admitió la tutela, tomando como referencia de la deuda la suma que dijeron los tutelados, o sea $20 mil millones. Caso 2.- Tutela instaurada en Montería por ocho ex empleados cuyos derechos laborales ya habían sido tutelados y pagados una primera vez en otro juzgado. El juez ordenó de inmediato el embargo y pago de las liquidaciones. La suma otorgada ascendió a $1.300 millones y después le adicionó $227 millones. Esta decisión fue revocada en la Corte Constitucional, pero los beneficiados con el fallo ilegal no devolvieron las sumas pagadas.

Otros casos

Al día de hoy, el Patrimonio Autónomo de Remanentes, que administra los bienes del antiguo Telecom, enfrenta 40 tutelas en primera instancia y 26 en segunda instancia. Por 32 tutelas falladas en los últimos cinco meses de este año ha perdido $91 mil millones. Están pendientes de fallo una acción presentada en un juzgado de El Carmen de Bolívar, por 100 ex empleados que reclaman pensiones por $80 mil millones, y otra, interpuesta en Sucre (Sucre) por 78 solicitantes que piden —por presuntos pagos de salarios desde la fecha de liquidación hasta hoy— la suma de $60 mil millones.

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