"Otorgar otros asilos sería hacerse el harakiri"

Asegura que Colombia debería desvirtuar, formalmente, los argumentos de Hurtado que nadie ha controvertido en ese país. Se reafirma en que la reacción de la administración Santos ha sido “tibia” y dice que si Uribe continúa promoviendo el asilo de sus ex funcionarios, terminará desprestigiando a su sucesor, “porque el Estado es uno solo”.

Cecilia Orozco Tascón.- El término que utilizó Panamá para referirse al refugio que le concedió a María del Pilar Hurtado fue “asilo territorial”. De acuerdo con el Artículo I de la Convención de la OEA sobre la materia, “ningún Estado podrá hacerle reclamo a otro” cuando admita a quien quiera. ¿Significa que Colombia no tiene derecho a pedirle explicaciones al gobierno Martinelli, como dijo en principio la canciller Holguín?

Ex canciller Jorge Eduardo Ritter.- Así es: la decisión del gobierno panameño no admite reclamo por parte de Colombia. Esto, desde el punto de vista formal. Lo que busca la Convención a la que usted alude, es que el Estado que otorga el asilo no sea sujeto de demandas por parte de otro Estado.

C.O.T.- El Artículo IV de esa Convención dice que “la extradición no es procedente cuando se trate de… perseguidos por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos…”. Si Hurtado adujo que ella cometió este último tipo de delitos, ¿la posible solicitud de extradición de la Fiscalía colombiana no tiene futuro?

J.E.R.- El Estado que otorga el asilo es el que determina si los delitos que se le imputan al asilado son políticos o fueron comunes cometidos con fines políticos. En este caso, Panamá, no Colombia, decide la naturaleza de los delitos que se le imputan a la ex directora del DAS.

C.O.T.- Es obvio que Panamá ya hizo esa calificación porque concedió el asilo. ¿Es pertinente, en estas condiciones, que la Fiscalía solicite la extradición?

J.E.R.- El asilo es un privilegio revocable. Si como creo, en la solicitud original de la señora Hurtado no se adujeron mayores argumentos ni se aportaron pruebas, la petición de extradición de la Fiscalía tendría el valor de hacerle ver al gobierno de Panamá que los delitos que se le imputan a la asilada no tienen el carácter de políticos. Nadie ha controvertido legalmente en Panamá lo que ella asegura. En consecuencia, es pertinente la acción que la Fiscalía ha anunciado.

C.O.T.- La investigación que se adelanta en Colombia contra Hurtado por las presuntas órdenes que impartió para espiar ilegalmente a la Corte Suprema, a opositores políticos y a periodistas críticos del gobierno, ¿se enmarca en la figura del asilo que ha sido concebida para proteger a las personas de la persecución política?

J.E.R.- Desde luego que los delitos por los que se investiga a la ex funcionaria colombiana no pueden ser considerados como políticos. Para mí, es inconcebible que a ese tipo de delitos se le de tal categoría. Pero, repito, la decisión del gobierno que otorga el asilo no es recurrible. De allí que los Estados que reciben solicitudes en ese sentido las estudien, se informen (en el caso de gobiernos amigos se les pide su opinión) y luego tomen una decisión. En este caso no sucedió así: simplemente la señora Hurtado pidió asilo y en un santiamén el gobierno panameño se lo otorgó. Eso explicaría que el gobierno colombiano “lamentara no haber sido informado”.

C.O.T.- Una ex procuradora panameña fue destituida por la interceptación al parecer ilegal de una llamada, ¿qué tan parecido es ese caso local con el de María del Pilar Hurtado y cuánta contradicción encerraría la primera medida (de sancionar a la ex procuradora) con respecto de la segunda (darle asilo a Hurtado)?

J.E.R.- Constituye una contradicción evidente. La procuradora general de Panamá —que en Colombia sería la Fiscal General— fue destituida porque con autorización del titular del teléfono, y resalto que fue con autorización del interceptado, grabó una conversación en la que un fiscal lo extorsionaba. Como paradoja de nuestra justicia, el fiscal que extorsionaba sigue libre y la procuradora fue rápidamente condenada y separada del cargo. ¿Con qué cara puede entonces Panamá acoger como asilada a una persona denunciada por más delitos y cuya gravedad no es comparable a la de una ‘chuzada’ consentida?

C.O.T.- ¿El asilo a Hurtado es una descalificación de la justicia colombiana por parte del gobierno Martinelli y una alineación al lado del ex presidente Uribe cuando éste dice que sus ex funcionarios no cuentan con garantías procesales?

J.E.R.- En mi opinión, el asilo concedido lleva implícita una descalificación de la justicia colombiana al tomar como válidas las palabras de la peticionaria sobre la ausencia de garantías.

C.O.T.- En ese sentido, ¿deberían afectarse las relaciones de Panamá con Colombia?

J.E.R.- Eso depende mucho más de Colombia que de Panamá, y de la importancia que le otorgue a la descalificación que ha hecho, tácitamente, Panamá de la justicia colombiana.

C.O.T.- ¿Por qué cree que el presidente Martinelli se “dio la pela” de conceder un asilo que podría ser tan polémico?

J.E.R.- Desde el primer momento dije que no siendo un favor para el presidente Santos (por lo sorprendido que se mostró), debía ser un favor para el ex mandatario Uribe. Sin embargo, el presidente Martinelli ha negado que fuera así, lo cual nos deja ante la situación, muy extraña, de que un avezado político como él haya tomado una decisión tan polémica “de gratis”, como se dice en Panamá, a hacer algo sin razón alguna.

C.O.T.- De acuerdo con lo que se sabe en Panamá, ¿sería posible que la amistad que vincula a Martinelli con Álvaro Uribe sea tan fuerte que pudiera llevar al primero a hacerle el favor de poner a su ex directora del servicio secreto a salvo de la justicia sin consideraciones legales válidas?

J.E.R.- Francamente desconozco cuán cercana es la amistad entre Álvaro Uribe y Ricardo Martinelli. Sé que durante el año en que ambos coincidieron como jefes de Estado hubo mucha coordinación —como siempre la ha habido— en el campo de la lucha contra el crimen. Le leo un párrafo del discurso de toma de posesión del presidente Martinelli que quizás arroje más luces: “Como Presidente, haré todo lo que esté a mi alcance para avanzar en los ideales de una economía libre, desafiando el péndulo ideológico distinto que hay en Latinoamérica. Vamos a ser un socio activo con México y Colombia en la batalla contra los narcoterroristas…”.

C.O.T.- Sorprendieron las reacciones de protesta en Panamá. ¿Cree que Martinelli no calculó el daño político interno que sufriría la imagen de su gobierno?

J.E.R.- Pudo haber menospreciado el efecto, pero estoy seguro de que él era consciente del efecto negativo que podría generarse. Por eso es difícil entender que haya procedido con tanta celeridad y tan poca consulta.

C.O.T.- Se sabe que un grupo de ex funcionarios y cercanos asesores del ex presidente Uribe han explorado la posibilidad de repetir el camino de Hurtado en Panamá y en otros países. ¿Martinelli se arriesgaría a asilar a otras personas porque les abren investigación judicial?

J.E.R.- No lo creo. Si la primera vez pudo haber un error de cálculo político, con la reacción que se ha visto, otorgar otros asilos equivaldría a hacerse un haraquiri. Ahora, pese a que causó revuelo en Panamá, la decisión que tomó es un tema que internamente se está apagando y que muy pronto será olvidado. Lo digo con pesar, pero esa es la realidad.

C.O.T.- Si otros países acogieran a esos ex funcionarios, ¿se afectaría la legitimidad internacional de Colombia como Estado de Derecho?

J.E.R.- Ciertamente. La imagen de Colombia se vería seriamente afectada si hiciera carrera la noción de que los investigados tienen que buscar asilo por falta de garantías procesales. Sería una especie de reconocimiento internacional de esa situación. Pero entiendo que otros Estados, como Costa Rica, denegaron la solicitud que les formularan algunos ex funcionarios colombianos. Esa es una evaluación correcta. Sin embargo, el daño dependerá de cuánto se extienda el otorgamiento de asilo en otros países.

C.O.T.- El ex presidente Uribe sostuvo que está creando una fundación para “pagar la defensa” de los investigados y que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar a la justicia colombiana. Si se concreta esta otra vía adicional al asilo, ¿el gobierno Santos también se afectaría de manera directa?

J.E.R.- Por supuesto, porque la administración actual tendría que responder ante la Comisión por la solicitud que unos colombianos hacen de la protección de sus derechos. Se pondrían en evidencia las contradicciones entre un ex presidente y un ex ministro del mismo gobierno, pues es el Ejecutivo el que tiene que defender al Estado en su totalidad y no sólo a una parte de él. Va a llamar la atención de la CIDH que quien gobernó durante ocho años acuse a su país de no darles garantías a sus ciudadanos. Si eso se concreta, Colombia quedará en el banquillo internacional.

C.O.T.- En el marco de las relaciones internacionales, ¿es posible hacer la distinción de que los presuntos perseguidos políticos lo sean de la justicia de un país, pero no del gobierno?

J.E.R.- Sería muy raro. Como le decía, los gobiernos responden integralmente por el Estado. O a la inversa: en la comunidad internacional los Estados, que incluyen la totalidad de los poderes públicos, están representados por sus gobiernos.

C.O.T.- ¿Cuánta credibilidad internacional y personal se le concede a la justicia colombiana en el continente?

J.E.R.- Goza de una gran credibilidad, a pesar de los cuestionamientos que la prensa colombiana le hace. Recuerdo que cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el referendo que le hubiera permitido una segunda reelección al presidente Uribe, los medios internacionales no escatimaron elogios para la justicia de su país. En lo personal, estoy convencido de que el sistema de justicia de Colombia ofrece más garantías que la mayoría de los países de América Latina.

C.O.T.- Usted y otros observadores han dicho que la reacción del actual gobierno colombiano “fue tibia”, ¿por qué cree que no fue lo suficientemente fuerte?

J.E.R.- Dije y lo sostengo, que fue tibia, porque cuando un país otorga un asilo sin contarlo, le está diciendo al otro: “Acojo a esta persona y la cobijo con la protección de la que carece en su propio país”. En otras palabras, Panamá le dijo a Colombia una de estas dos cosas, o ambas: el sistema de justicia de ustedes no le garantiza a la señora Hurtado un proceso justo; o, en Colombia hay persecución política. La respuesta colombiana fue de sorpresa; luego, de lamento por no haber sido consultada; después, de que esperaba que no se repitiera y finalmente dijo que estudiaba la posibilidad de una protesta que nunca se dio. Pero más bien les corresponde a los colombianos juzgar la reacción de su gobierno.

C.O.T.- Si se examina la “tibieza” de la reacción del gobierno Santos, se podría pensar que: 1. Había sido enterado por el ex presidente Uribe o por el presidente Martinelli de esa decisión y estuvo de acuerdo. 2. No quiso polemizar con Uribe en público. ¿Cuál de esas versiones le parece más próxima a la realidad?

J.E.R.- En Colombia se dice que a la gente hay que creerle. Por lo tanto, se le debe creer al presidente Santos cuando lamenta no haber sido informado por el gobierno de Panamá. Eso dejaría “más próxima a la realidad” la segunda posibilidad, aunque en una declaración posterior, se distancia del ex presidente Uribe en esta materia.

C.O.T.- ¿Qué piensa del escándalo de los seguimientos ilegales a la Corte y a la oposición colombiana por parte de la agencia de seguridad de la Presidencia?

J.E.R.- De ser ciertos todos los señalamientos, estaríamos ante uno de los grandes escándalos y atropellos cometidos en un régimen democrático. Nuestras constituciones consagran el derecho a la privacidad y son los gobiernos los llamados a garantizar ese derecho, por lo que resulta aún más monstruoso que sean precisamente los estamentos de seguridad del Estado los que lo violen.

Similitudes y contrastes con el cuasiasilo a Montesinos

El asilo concedido a María del Pilar Hurtado por el gobierno Martinelli recuerda otro polémico caso que tuvo que enfrentar Panamá cuando llegó a ese país, para huir de la justicia peruana, el hombre fuerte de los servicios de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Al estallar el escándalo por los sobornos y chantajes con que se sostenía el régimen, Montesinos llegó para gestionar, con ayuda de su presidente, el asilo político ante la mandataria Mireya Moscoso. Mientras ella estudiaba la medida en medio de protestas, una decena de oficiales peruanos también llegaron a Panamá con la pretensión de asilo, lo que frustró la concesión de protección para todos. Montesinos y compañeros fueron devueltos a su país, en contraste con lo ocurrido con la ex directora de inteligencia de Colombia. Montesinos, investigado entre otros delitos por espionaje telefónico a políticos y periodistas, alegó lo mismo que Hurtado: ser “víctima de una persecución política (de los jueces)”. En ese momento, año 2000, el canciller era José Alemán y hoy su hermano Álvaro, actual viceministro de Relaciones, es quien se ve en una foto escoltando hasta el vehículo a Hurtado, cuando sale de la Cancillería.

Ritter, brillante jurista

El ex canciller panameño Jorge Eduardo Ritter es muy cercano a Colombia. Estudió en la Universidad Javeriana, donde se graduó en Derecho y cursó una especialización en Ciencias Socioeconómicas. Desde 1972 dicta las cátedras de Derecho Constitucional y Civil en diversos centros universitarios. Actualmente es miembro de número de la Academia de la Lengua, ejerce su profesión y es columnista de El Universal y La Prensa, de su país. Su carrera pública es una de las más destacadas en Centroamérica. Ha sido viceministro de Trabajo, ministro de Gobierno y Justicia, ministro de Relaciones Exteriores en dos períodos históricos, porque estuvo al frente de las negociaciones con Estados Unidos para la transferencia del control del canal a Panamá. Y justamente por eso fue también ministro para Asuntos del Canal y director ejecutivo de la Comisión de Transición. Además, fue embajador en Colombia y ante la ONU. Abandonó su carrera de funcionario, según cuenta, porque considera que ya ocupó las distinciones más altas del Estado, salvo la de Presidente. En sus propias palabras, se retiró antes de convertirse en un “burócrata consuetudinario”. No obstante, continúa siendo un analista que consultan, con respeto, los sectores sociales más influyentes de su nación.