Publicidad
21 Feb 2010 - 2:00 a. m.

“Todo el mundo aprende y los delincuentes electorales también”

La Misión de Observación Electoral advierte sobre riesgos para las elecciones de Congreso. Habla Alejandra Barrios, directora ejecutiva.

Cecilia Orozco Tascón

Advierte que hace falta ponerles foco público a los grandes contratistas que financian campañas. Habla Alejandra Barrios, directora ejecutiva.

Cecilia Orozco Tascón.— ¿Para qué sirve conocer un “mapa de riesgo electoral”, el cual, finalmente, es una predicción aunque esté basada en análisis serios?

Alejandra Barrios Cabrera.— Es útil conocer esos mapas de riesgo porque el daño frente al proceso electoral se puede aminorar y porque puede traducirse en medidas preventivas como las que ha venido tomando la Registraduría, sobre todo en un país con una crisis política tan grave como la de Colombia, donde uno de cada tres congresistas ha sido investigado por tener presuntos vínculos con grupos armados ilegales.

C.O.T.— ¿No cree que todos los estudios sobre el tema se enfocan en la conducta de los políticos y mientras tanto permanece oculto el resto de la cadena de corrupción electoral (jurados, funcionarios de la Registraduría, particulares etc.)?

 A.B.C.— Si bien eso es cierto, también hay que registrar con satisfacción lo que está pasando en este proceso electoral y es el fuerte compromiso de los medios de comunicación en develar las relaciones con lo ilegal en todas las partes de la cadena, no solamente del lado de los candidatos. Mire usted las denuncias registradas en todas partes en relación con la campaña de un precandidato presidencial.

C.O.T.— Comparando las elecciones actuales con las anteriores, ¿se puede hablar de mejoría para este año, o se empeora la situación de manipulación electoral?

A.B.C.— En 2006 vimos con preocupación que, en vez de disminuir, se estaban consolidando las irregularidades y delitos que empezaron a surgir en 2002, por ejemplo, con la concentración de votación en un determinado municipio y por un solo candidato. En 2010, hay mejoría. Si bien el 30% de los municipios del país sigue teniendo riesgo de que se cometan irregularidades o delitos, el nivel disminuye: de la categoría “extremo” se está pasando al “alto”, y de éste, al “medio”.

C.O.T.— ¿Es cierto que el riesgo electoral se está concentrando sólo en unos pocos municipios mientras que en otros mejora la situación?

A.B.C.— Sí. El riesgo electoral se está concentrando en unas regiones y por eso se cree que podría ser mucho más fácil establecer controles. Cuando los municipios riesgosos están identificados, se puede mitigar el daño porque hay control. Para las elecciones del próximo 14 de marzo señalamos cuatro municipios como de nivel de riesgo extremo (ver parte superior esta pág.) En riesgo alto y medio hay 275 posibles casos difíciles para las elecciones al Senado. Y para las elecciones de Cámara tenemos clasificados 407 municipios en riesgo electoral, del total nacional de 1.119.

C.O.T— Ustedes presentaron un mapa de nivel de riesgo electoral para Senado entre los años 2002 y 2006. Llama la atención que los que están en menor riesgo son municipios de dos departamentos que uno diría que son absolutamente vulnerables a la corrupción: Chocó y Huila. ¿A qué se debe este resultado?

A.B.C.— Hay otro mapa que estamos elaborando y que esperamos entregar en los primeros días de marzo porque es importante para prevenir los riesgos: los mapas de violencia política, con presencia de actores armados y de narcotráfico. Allí se van a presentar unos fenómenos distintos. La estrategia que utilizan ahora no es la de concentrar los votos en un candidato específico sino en financiar 10 ó 15 candidatos y después negociar con el ganador. Eso hace que, en términos de irregularidades, no sea tan evidente la manipulación como con  los métodos tradicionales.

C.O.T.— En otras palabras, ¿las estrategias para hacer fraude electoral han cambiado de forma para evitar ser descubiertas?

A.B.C.— Pareciera que sí. Las variaciones dependen de la estrategia y de quién esté detrás del interés de cada candidato. Hay diferentes tipos de tácticas y no solamente la que se hizo evidente con la parapolítica. Antes era sencillo practicarlas sin que se notara porque como nadie examinaba los resultados, no importaba que se acumularan todos los votos en un solo nombre. Ahora se prefiere repartir los recursos entre candidatos de diferentes partidos, e inclusive entre diferentes candidatos de la misma lista.

C.O.T.— Entonces, ¿en lugar de que los delincuentes electorales se inhiban de volver a delinquir, lo que están haciendo es cambiar la modalidad de delito para camuflarlo?

A.B.C.— Todo el mundo aprende. Los delincuentes electorales saben que se les está haciendo seguimiento y que con las votaciones se puede determinar qué tipo de irregularidad están cometiendo y en cuáles municipios. Pero de la misma manera como nosotros y las autoridades avanzamos, ellos también van generando otros mecanismos para poder capturar los resultados electorales a favor de las personas que les interesan.

C.O.T.— Entre las modalidades que ustedes distinguen por riesgo electoral como extremo, alto y medio, el mapa de Colombia está en esa situación en el 50%, es decir, la mitad del país. Me parece un índice muy alto para una democracia.

A.B.C.— Colombia, en el tema de elecciones, es absolutamente sui géneris y no se puede comparar con el resto de los países latinoamericanos y menos aún con una democracia europea. El país tiene dos fenómenos particulares: la violencia, que siempre ha estado atada al tema político en un matrimonio indisoluble y perverso, y el narcotráfico, al que le interesa amarrar el poder político.

C.O.T.—  Se entiende que los riesgos electorales se incrementen cuando de lo que se trata es de elegir representantes a la Cámara, porque la votación es regional. ¿Qué se ve en sus análisis en este aspecto?


A.B.C.— La presión, cuando se trata de elecciones a la Cámara, es muchísimo más alta porque la competencia es más dura que la que se da en el Senado. Para los candidatos nuevos, hacer política en Colombia es muy difícil porque ya hay unos territorios marcados, unas costumbres y una forma de hacer política que parecieran parte del paisaje.

C.O.T.— ¿Cuánto tienen que ver los recursos económicos o la financiación de las campañas?

A.B.C.— Mucho. Todos estos enredos pasan por unas cantidades de dinero que no son precisamente los $675 millones que permite el Consejo Nacional Electoral por candidato. Imagínese toda la plata que puede moverse por debajo de cuerda y de lo legalmente aceptado en nuestra legislación. Con todo respeto, uno tendría que tener un contador muy malo para que no lograra que le cuadre $675 millones porque la plata grande que se mueve en elecciones no es en cuentas bancarias sino en efectivo.

C.O.T.— ¿Por qué hay tanta gente dispuesta a invertir miles de millones de pesos en una elección? El poder político por sí solo no lo explica.

A.B.C.— Fuera de los hombres y mujeres honestos que se comprometen a construir país, también se encuentran intereses, no tan honestos, en el poder territorial que se traducen no sólo en el manejo de la contratación pública y de la nómina de funcionarios públicos, sino también en que se pueden privilegiar determinados proyectos y en mantenerlos en el tiempo. No es extraño encontrar contratistas financiando campañas por $10 ó $15 millones porque ellos saben que terminarán recibiendo un contrato de $100 millones. Es una relación completamente desproporcionada. Y cuando se examina quiénes son esos contratistas, se encuentra que son los familiares de quien está gobernando o de quienes detentan el poder político. Uno en el Congreso encuentra a unos personajes a quienes además de hacerles su recorrido político les puede seguir su árbol genealógico.

C.O.T.— ¿Hace falta ponerle foco público a la financiación privada y reservada que los empresarios particulares le dan a ciertas campañas?

A.B.C.— Sí, aunque no se trata de estigmatizarlos. Sin embargo, el problema es gravísimo cuando se vuelve un círculo vicioso: yo te financio a ti, tú me contratas a mí. Es muy lamentable que se le hagan exigencias al ciudadano de la calle que muchas veces no tiene con qué ponerle techo a su casa porque recibe unas tejas a cambio del voto, y que en cambio nadie diga nada por los miles de millones de pesos en contratos que van y vienen. Al habitante pobre lo tildamos de corrupto electoral. A quienes van tras los grandes contratos públicos los vemos como grandes negociantes a los que hay que admirar por su ascenso económico.

Los riesgosos, la sombra de la parapolítica y la guerra

Para las próximas elecciones de marzo, la MOE encontró que cuatro municipios están en un “riesgo extremo” de que se presente fraude electoral. ¿Por qué? Porque esas cuatro poblaciones se salen por completo de la media del mapa electoral nacional. En las elecciones de 2006, en González, Cesar, votó para el Senado el 92,97% de la población facultada para hacerlo. La media nacional es de sólo el 50%, aproximadamente. De 4.150 votos que hubo en total en esa población, 2.066, es decir, la mitad, favorecieron al movimiento Alas, hoy disuelto por vínculos con la parapolítica. Los otros tres municipios de riesgo extremo identificados por la MOE son: 1. Remolino, Magdalena, con 4.099 votos en total, repartidos entre sólo dos partidos: Cambio Radical y Convergencia Ciudadana, disuelta por parapolítica. 2. Calamar, Guaviare. Aunque tuvo un bajísimo nivel de votación (27%), concentró buena parte de los electores en el movimiento Alas. 3. Magüí-Payán, Nariño, se considera un municipio riesgo por su extrema baja votación, producto, al parecer, de presencia de grupos armados ilegales.

La calificación de riesgo para 2010

La denominada Misión de Observación Electoral (MOE) es una organización de la sociedad civil que vigila la calidad de las elecciones mediante análisis estadísticos, elaboración de documentos y de mapas de riesgo, seguimiento a campañas y partidos, etc. Hace un par de días la MOE presentó su más reciente estudio en el que advierte sobre la posibilidad de alteración de los resultados de votación para Senado y Cámara en determinadas regiones del país. Se basó en el comportamiento electoral registrado para las elecciones de 1998, 2002 y 2006. El mapa de anomalías e irregularidades para 2010 tuvo en cuenta cuatro variables: 1. Niveles de participación: si el promedio de participación en Colombia es del 50%, un municipio donde se presente una afluencia de votación del 90% es considerado atípico o raro. 2. Votación atípica por candidatos o listas: en una competencia los candidatos tienen nichos electorales y unas probabilidades de conseguir determinado número de votos. Cuando la votación por un solo candidato se concentra excesivamente en él —como en la parapolítica— hay sospecha. 3. Atipicidad por la cantidad de votos nulos: cuando se quiere favorecer en una mesa a un candidato, alguien marca votos por otro candidato de tal manera que resulten nulos y el primero gana por ‘W’. 4. Irregularidades demasiado frecuentes al llenar los distintos formularios electorales.

Síguenos en Google Noticias