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Desde el aire, los ríos Atá, Saldaña, Amoyá y otras fuentes hídricas del sur del Tolima ya no se ven igual. Las imágenes captadas durante los sobrevuelos muestran tierra removida, piscinas de sedimentación y cauces desviados por maquinaria pesada. Es la huella de la minería ilegal, una actividad que la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) enfrenta hoy con un despliegue técnico y operativo sin precedentes en la región.
La minería ilegal, asociada a estructuras criminales y grupos armados al margen de la ley —según explicó el Ministerio de Defensa—, ha adquirido una nueva dimensión territorial y socioambiental en el sur del Tolima. Se trata de un fenómeno documentado por la corporación, que evidencia un crecimiento exponencial de la actividad y mayores afectaciones a los recursos naturales. Este patrón ha exigido, desde hace meses, una respuesta articulada entre la autoridad ambiental, la Gobernación del Tolima y la Nación, con el respaldo de las Fuerzas Militares y la Policía.
Una apuesta integral: inversiones que conservan el sur del Tolima
Mientras en terreno se busca detener la actividad ilícita, de manera paralela la corporación ha priorizado una apuesta por el desarrollo sostenible del sur y suroriente del Tolima, con una inversión superior a los COP 106.000 millones en proyectos ambientales. Entre ellos se encuentran 347 filtros verdes para la caficultura sostenible, 249 familias beneficiadas con pagos por servicios ambientales y 4.000 hectáreas con procesos de restauración y conservación, además de proyectos agroecológicos para fortalecer la seguridad alimentaria y la productividad con responsabilidad ambiental. Se trata de una estrategia que no se limita al control y la sanción, sino que busca ofrecer alternativas productivas y sostenibles a las comunidades del territorio.
Operativos contra la minería ilegal: la respuesta institucional se intensifica
Desde 2024, Cortolima ha intensificado las acciones de control y vigilancia sobre las actividades mineras ilícitas, con 60 operativos interinstitucionales desplegados en todo el departamento. Ante la magnitud de los hallazgos, la directora de la corporación, Olga Lucía Alfonso, solicitó una ofensiva nacional que desarrolle una acción integral del Estado y movilice toda la capacidad institucional frente a una problemática que desbordó al territorio y que tiene graves impactos sociales, ambientales, económicos, culturales y de seguridad en la región.
Con la primera mesa de coordinación interinstitucional, en el marco del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), del Ministerio de Ambiente, y con el respaldo del Ministerio de Defensa y entidades como el IGAC, arrancó una estrategia sostenida e integral entre el departamento y la Nación para frenar el avance de la problemática.
Solo en lo corrido de 2026, Cortolima ha participado en 21 operativos de control a yacimientos mineros ilegales en once municipios del departamento, concentrados principalmente en Ataco, Coyaima y Chaparral. Cada una de estas acciones ha contado con acompañamiento técnico para la verificación y documentación de las afectaciones al suelo, el agua, la fauna y la flora, en cumplimiento de la misión constitucional de la corporación como máxima autoridad ambiental. Esta articulación interinstitucional ha dejado 186 minas intervenidas, 42 máquinas incautadas y 75 más inutilizadas por parte de la Fuerza Pública y el Ejército Nacional.
Ríos heridos: la radiografía técnica de un desastre ambiental
El análisis multitemporal de Cortolima, que combinó sobrevuelos de la FAC, información geográfica satelital, estudios de cobertura de la tierra y la Evaluación Regional del Agua (ERA), permitió construir un mapa detallado de la afectación. En total, se estiman 491 hectáreas de ecosistemas estratégicos intervenidos y 18 tipos de cobertura afectados, entre ellos ríos, bosque ripario mixto, pastos arbolados, cultivos transitorios y bosque ripario arbolado.
El hallazgo más contundente corresponde a las 137 hectáreas de cauces de ríos afectadas por la intervención directa de maquinaria pesada dentro del sistema fluvial. Esta cifra confirma que la minería ilegal no opera únicamente en las orillas ni en zonas aledañas: ingresa al lecho de los ríos.
Las afectaciones documentadas por la corporación son de alto impacto: modificación de los cauces por el ingreso y operación de maquinaria amarilla dentro del espejo de agua, incremento sostenido de la turbidez, remoción del lecho de ríos como el Atá, el Saldaña y el Amoyá y de quebradas como Pole, Tuluní, Apa y Guanábano, impactos negativos sobre las zonas de recarga hídrica y la conectividad hidrogeológica, y un riesgo latente de contaminación por derrames de combustibles, aceites y lubricantes provenientes de motobombas y maquinaria sumergible.
Una autoridad que no da tregua
Más allá del control operativo en campo, Cortolima ha desplegado su función como autoridad ambiental sancionatoria. Con corte a julio de 2026, la corporación registra 263 procesos sancionatorios por minería ilegal en 34 municipios del Tolima.
La mayor concentración territorial se registra en el sur del Tolima: 53 procesos en Ataco y 51 en Chaparral. En términos de etapa procesal, el 75 % de las actuaciones administrativas tiene decisión de fondo o está en fase de seguimiento, mientras que las demás avanzan en etapas de inicio, pliego de cargos, tasación o archivo. Entre las infracciones más recurrentes identificadas por la corporación están la intervención de la zona protectora de ríos y quebradas, la captación ilegal de aguas, la disposición inadecuada de estériles y la afectación al paisaje por remoción de cobertura vegetal.
Biodiversidad en riesgo
Detrás de las cifras de hectáreas y maquinaria destruida hay una historia menos visible, pero igual de urgente: la de las especies que habitan estos ríos. Según la Evaluación Regional del Agua (ERA), en las cuencas de los ríos Atá y Saldaña se han identificado aproximadamente 60 especies de ictiofauna, 112 de macroinvertebrados y 58 de perifiton. De ellas, al menos 12 especies de peces son endémicas, es decir, exclusivas de este territorio y sin presencia registrada en ninguna otra región del planeta. Entre ellas se encuentra el Ichthyoelephas longirostris, una especie catalogada en la categoría de Peligro.
El estudio técnico advierte que la remoción de sustratos rocosos, arenosos y lodosos, consecuencia directa de la extracción aurífera, altera las condiciones fisicoquímicas del agua necesarias para el ciclo de vida de estas especies, comprometiendo procesos esenciales como la alimentación, la reproducción y el refugio de la fauna acuática.
Más allá del control operativo en terreno, la corporación, junto a la Gobernación del Tolima, avanza en un ambicioso plan de recuperación socioambiental que vincula a las comunidades en procesos de educación ambiental, saneamiento y revegetación de las áreas afectadas. Para lograrlo, es urgente fortalecer y garantizar la coordinación con el Gobierno nacional, con el fin de proteger el patrimonio natural y contener el avance de una actividad ilícita que amenaza ecosistemas estratégicos y comunidades enteras. El reto, en últimas, es generar las condiciones para que, allí donde hoy hay afectación, vuelva a abrirse camino la vida.