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Con el fin de lograr que las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto, refugiados, migrantes y de comunidades de acogida accedan a una educación digna y de calidad sin barreras empezó la implementación del segundo Programa Multianual de Resiliencia Educativa (MYRP, por sus siglas en inglés). Este programa es posible gracias al capital semilla del fondo de Naciones Unidas ‘La educación no puede esperar’ (Education Cannot Wait- ECW), para que la niñez, sin importar su condición o el lugar donde se encuentre, pueda acceder a su derecho a la educación. En esta nueva fase de tres años, el programa se implementará en municipios priorizados de Chocó, Nariño, Norte de Santander y Arauca.
Según la Organización de Naciones Unidas – ONU (2024), Colombia es uno de los cuatro países en el mundo con mayor número de población interna desplazada forzosamente, con 6,9 millones de personas. Además, el país acoge a la mayor población refugiada y migrante venezolana en la región, con más de 2,8 millones de personas (OIM, 2024). Estas cifras reflejan la urgencia de invertir en educación para garantizar oportunidades y estabilidad a quienes han tenido que dejar sus lugares de origen.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno colombiano, que permite el acceso a la educación pública sin restricciones, el sistema educativo enfrenta grandes desafíos. Actualmente, al menos 787.000 niñas y niños están fuera de los establecimientos educativos (Ministerio de Educación Nacional, 2024). El 57% de las niñas y niños refugiados y migrantes venezolanos en edad de asistir a la primaria están escolarizados, y esta cifra desciende al 22 % en la educación secundaria.
"Sin acceso a una educación de calidad, las niñas y niños enfrentan múltiples riesgos, como la violencia de género, el reclutamiento forzado, la discriminación y otras violaciones a sus derechos humanos. Para construir la paz y la estabilidad en Colombia y en toda la región, debemos invertir en educación. Colombia merece aprovechar el potencial ilimitado de las personas jóvenes. Su educación no es un lujo, es un derecho", afirmó Yasmine Sherif, directora ejecutiva de ECW, fondo multidonante para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas de las Naciones Unidas.
El segundo MYRP se enfocará en fortalecer el ecosistema educativo y el tejido comunitario para dejar capacidades instaladas en las escuelas que favorezcan un entorno más resiliente y protector en el que niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto, refugiados, migrantes y/o de comunidades de acogida entre los 1 y 18 años puedan acceder a educación de calidad en los 15 municipios priorizados, desde la educación inicial hasta la secundaria.
El trabajo se realizará con estudiantes, pero también de manera coordinada con instituciones locales, autoridades educativas nacionales y locales, docentes, familias y comunidades. Se trabajará en la búsqueda activa de niñas, niños y adolescentes desescolarizados para que regresen a clase; fortalecer el Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE); apoyar la práctica de docentes; fortalecer procesos de aprendizaje , el manejo psicoemocional; estrategias curriculares flexibles además del fortalecimiento y/o diseño de Planes Escolares de Gestión Integral del Riesgo Escolar (PGIRE) y la prevención de violencias basadas en género, entre otras.
"Lo hacemos como parte de nuestro compromiso de garantizar que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país y de la región, sin importar las condiciones por las que están pasando, puedan ejercer plenamente su derecho a la educación. Para lograrlo, es fundamental trabajar con las autoridades locales de educación y los establecimientos educativos, a través de modelos como el del ECW", aseguró Ángela Anzola, presidenta ejecutiva de Fundación PLAN.
El programa tiene un enfoque de género e inclusión de estudiantes con discapacidad. Inicialmente, se implementará mediante una ruta de fortalecimiento a las escuelas focalizadas en articulación con las 6 secretarías de educación. Sin embargo, el Programa busca llegar a 70 municipios adicionales incorporando nuevos aliados para ampliar el radio de acción y asegurar la continuidad del derecho educativo ante las crisis prolongadas.
“En nuestro territorio, donde la educación enfrenta grandes desafíos debido al contexto de conflicto armado, dar inicio a la implementación del MYRP es un paso fundamental para transformar la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes. Este programa representa una oportunidad para fortalecer el acceso y la permanencia escolar, brindando espacios seguros y de aprendizaje que les permitan proyectar un futuro diferente. A través de Aprendamos Todos a Leer (ATAL), aseguraremos que cada estudiante tenga bases sólidas en su proceso educativo. Además, con el apoyo psicosocial, el liderazgo juvenil y la orientación socio-ocupacional, les proporcionaremos herramientas para enfrentar la adversidad, desarrollar su potencial y construir caminos de esperanza”, indicó Cristy Liliana Bermúdez , rectora de la Institución Educativa Puerto Santander (Norte de Santander).