Según el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, las consultas internas de este domingo en Colombia equivalen a unas “elecciones primarias” y significan en esencia la democratización de las vías de acceso que los miembros de un partido tienen para acceder a los niveles directivos consagrados en sus propios estatutos o para poder obtener el aval del partido para participar en las elecciones, lo cual “contribuye al fortalecimiento del sistema de partidos, asunto fundamental dentro de nuestro sistema político”.
“En ocasiones se escuchan críticas sobre los recursos que el Estado invierte en las consultas, aduciendo que se trata de dineros que podrían utilizarse para cubrir otras necesidades. El costo de las consultas de este domingo es de alrededor $57.000 millones, cifra muy inferior al costo de una elección ordinaria”, explicó el registrador Sánchez.
Por otra parte, el director de gestión electoral, Alfonso Portela Herrán, explicó los detalles de la gran novedad tecnológica que se aplicará a manera experimental en este proceso, con dos mesas acondicionadas para votar electrónicamente: “Tenemos dispuesto para Bogotá dos puestos electrónicos, uno en Marly, en el sector de Chapinero, y otro en la Alcaldía Mayor, en la Plaza de Bolívar. En estos dos sitios los votantes no encontrarán tarjetas electorales de papel, sino pantallas en las que podrán escoger los candidatos o listas de su preferencia”, indicó.
Según Portela Herrán, aunque por la disponibilidad de recursos este sistema no puede extenderse aún a otros puestos de votación del país, “no se trata de una prueba piloto, ya que la votación que allí se registre será vinculante y se sumará a los votos que se registren en las tarjetas electorales tradicionales”.
Aunque hasta el momento no se reportan mayores anomalías frente a la jornada electoral del domingo, el registrador Carlos Ariel Sánchez expresó su preocupación por el traslado de algunos puestos y mesas de votación de corregimientos hacia cabeceras municipales en algunas regiones, principalmente por falta de cubrimiento de la Fuerza Pública y de colaboración de los alcaldes”.
En concepto del funcionario, ello “pone en riesgo los derechos fundamentales de elegir y ser elegido, así como la igualdad y transparencia en el proceso”. En carta al ministro del Interior y Justicia, el Registrador solicitó tomar medidas al respecto, ya que esta situación se ha vuelto “recurrente en gran parte del país” y “contraría las directrices del Gobierno Nacional”.