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Ha transcurrido casi un mes desde la arremetida de la guerrilla del ELN en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Ante la crisis humanitaria y de seguridad, que ha afectado a miles de personas y que las ha obligado a desplazarse forzosamente, la población LGBTIQ+ se enfrenta a una violencia adicional: la persecución y el rechazo. A la amenaza de la violencia armada se suma la discriminación en los centros de atención humanitaria, que, según algunas organizaciones, carecen de enfoques de diversidad y medidas de protección.
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Y es que esto no es nuevo, según explica Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, en entrevista con El Espectador, aunque las agendas LGBTIQ+ en Colombia y el mundo han avanzado significativamente en el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones e identidades de género diversas, su impacto no se refleja de la misma manera lejos de las ciudades principales.
“Existe una especie de desbalance en la agenda de derechos LGBTIQ+. Estos avances se materializan, sobre todo, en los centros urbanos donde hay una institucionalidad más consolidada. Entonces, por ejemplo, en Colombia, no es lo mismo ser una persona diversa en capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que (serlo) en la ruralidad o en los barrios más periféricos de las ciudades”, afirma Castañeda.
La desprotección, la violencia armada y la estigmatización de las personas LGBTIQ+, convierten a las regiones más apartadas en el escenario perfecto para la reproducción de otros tipos de violencia contra poblaciones históricamente vulneradas. En contextos como el del Catatumbo, en donde hay una fuerte disputa territorial y de poder por parte de los actores armados, estas personas quedan atrapadas en medio del conflicto, siendo susceptibles a amenazas, desplazamiento forzado, instrumentalización y agresión (física, verbal y sexual) por parte de estos grupos ilegales.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, los años más violentos para la población LGBTIQ+ fueron 2020 y 2021, con 6 casos de violencia basada en género en Sardinata, 16 en Tibú, 11 en El Tarra y 9 en Hacarí.
Por otro lado, el informe de la Red de Veeduría Ciudadana de Mujeres y Población Diversa en el Catatumbo muestra altos índices de revictimización, lo que hace necesario priorizar y atender las situaciones de vulneración de derechos humanos en estos territorios.
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Desprotección y discriminación en los centros humanitarios
Ahora bien, en medio del desplazamiento forzado que han sufrido las personas LGBTIQ+ durante la crisis del Catatumbo, su situación es alarmante. Según datos proporcionados por Caribe Afirmativo, actualmente hay 42 personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas en los centros de atención humanitaria. Algunos líderes sociales denuncian que estos lugares no están preparados para recibir y atender de manera óptima a la población.
Alejandra Mandón Duarte, lideresa y activista trans de la región, en entrevista con este diario, menciona que “desafortunadamente, en estos desplazamientos no se ha tratado de manera adecuada a la población LGBTIQ+. Las personas que están en los resguardos ejercen revictimización sobre nuestras identidades y orientaciones. Por eso, es importante generar visibilidad cuando se hagan las encuestas, que se hable de que hemos sido desplazados y se nos den los espacios para reconocernos como víctimas”.
Ante este panorama, activistas LGBTIQ+ y organizaciones como Caribe Afirmativo han instado a las autoridades a implementar protocolos con este enfoque en la respuesta humanitaria. “La atención debe ser más especializada, debemos tener un recurso público al que podamos acceder. Ahora estamos pidiendo recursos a la cooperación internacional y otras organizaciones, porque ha sido muy difícil que las personas sean aceptadas dentro de los refugios”, agrega Duarte.
A pesar de los llamados de la comunidad para garantizar espacios seguros e incluyentes, la respuesta institucional ha sido insuficiente, ya que no toma en cuenta todas las formas de violencia y discriminación que viven las personas diversas en medio del conflicto. Mandón Duarte comenta que, aunque la violencia ha sido un problema en el territorio durante mucho tiempo y ya ha sido denunciada muchas veces, las necesidades de la población LGBTIQ+ siguen siendo ignoradas.
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La violencia en contextos de guerra aumenta para la población LGBTIQ+
La violencia contra la población LGBTIQ+ en contextos de guerra tiene raíces profundas. Como aclara Castañeda, las personas diversas son vistas por los actores armados como “símbolos de debilidad e inferioridad”, lo que les convierte en un blanco de violencia extrema, alimentada por discursos de odio que buscan “corregir” o eliminar cualquier rastro de “inmoralidad”. De esta manera, el conflicto armado ha violentado e instrumentalizado a las personas LGBTIQ+ de diferentes maneras, exponiéndolas a escenarios de negación, persecución y criminalización por su identidad y sexualidad, y haciéndoles parte del reclutamiento forzado para tareas de alto riesgo o labores de explotación.
El caso del Catatumbo refleja esta realidad, pues la fuerte presencia de grupos armados, sumada a la moralidad impuesta por los actores violentos y la falta de reconocimiento de los derechos LGBTIQ+ en las zonas rurales, genera un ambiente de persecución sistemática.
Según el director de Caribe Afirmativo, “con recurrencia les prohíben (a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas) estar en el espacio público, como una especie de mandato de confinamiento, y la gente lo ha interiorizado. Saben que no pueden salir mucho y lo evitan. Es una forma del ELN de controlar el espacio y bloquear la participación ciudadana”.
Bajo este panorama, la tarea de registrar y visibilizar las distintas formas de amenaza en la que se encuentra esta población es casi imposible, debido a que no todas las personas se sienten cómodas reconociendose abiertamente como parte de esta, generalmente por factores como la presión, la discriminación y el contexto de violencia armada de la región.
“Muchas veces, se nos plantea que tenemos que hacer política desde las capitales, pero si no empezamos nosotros como colectivos rurales campesinos LGBTIQ+ a hablar, no vamos a ser escuchados, por eso es importante que nuestro activismo se mantenga en el territorio. Lastimosamente, carecemos de visibilidad”, expresa Mandón. Para ella, es fundamental que “todos, todas y todes construyamos territorio, podamos disfrutar de espacios de libre expresión, sin violencias, y como siempre lo hemos soñado… con paz”.
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Liderazgo de la población LGBTIQ+ en el Catatumbo
La región del Catatumbo es ejemplo de unión comunitaria y acción política, en la medida en que las personas LGBTIQ+ tienen un papel activo en la lucha por el bienestar de toda la comunidad rural. El liderazgo político y social de la población está fuertemente articulado con los movimientos campesinos e indígenas, y ha demostrado un esfuerzo en conjunto por la integración de luchas sociales importantes para los habitantes de la zona, incluyendo aquellas sobre el territorio, la soberanía alimentaria y, ahora, la reivindicación de los derechos de las personas diversas.
“Nuestra labor como líderes ha sido fundamental porque hemos logrado que se mencione en Colombia que existen personas LGBTIQ+ campesinas y que, de la misma manera, también necesitamos del acceso a la tierra, que nos capaciten para poder cuidar y trabajar en el campo, para que todas las personas tengamos autonomía económica y nuestra vida no se vea vulnerada”, afirma Mandón.
De la misma manera, este acercamiento con la comunidad ha permitido que sus demandas sean escuchadas en espacios de participación rural y que sus experiencias sean reconocidas como parte de la identidad de la región. “Hemos tocado las puertas de administraciones municipales, gobernaciones y, favorablemente, hemos tenido formación política, la cual nos ha servido para que como personas LGBTIQ+ podamos acceder a una voz con una postura política que nos ayude a transformar esas vivencias que no solamente nos atañen como población diversa, sino que nos atañen a todos como población catatumbera”, manifiesta la lideresa y activista.
A su vez, Castañeda manifiesta que las personas diversas que han decidido quedarse en el Catatumbo han encontrado en el movimiento campesino una red de apoyo fundamental que, ante el conflicto, ha sido clave para su seguridad, ya que les permite contar con un respaldo frente a posibles ataques y discriminaciones. “En los últimos años hemos documentado una reducción de la violencia verbal hacia las personas LGBTIQ+. Y, por el contrario, hemos encontrado solidaridad por parte de la comunidad. Pero sí hemos notado con preocupación que los actores del conflicto, especialmente el frente 33 de las FARC y el ELN siguen teniendo prácticas de violencia contra esta población”, concluye Castañeda.
Por Valentina Guerrero Rojas
