Algunos países han empezado a modificar sus marcos legales para reconocer derechos a personas trans en contextos históricamente conservadores, donde los avances habían sido limitados. Esto representa un progreso significativo en materia legal para brindar derechos a la identidad, la protección y el acceso igualitario a la justicia para esta población.
Sin embargo, estos progresos coexisten mientras que en otras partes del mundo avanza una ola de discursos y acciones políticas que amenazan décadas de conquistas de los movimientos LGBTIQ+. Por ejemplo, en América, las personas LGBTIQ+ siguen viendo cómo sus derechos son negados en algunos países, cuestionados en otros e incluso recortados en lugares como Estados Unidos y Argentina, que, desde el norte y el sur del continente, encabezan una ofensiva contra la diversidad sexual y de género.
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Bajo este escenario global contradictorio, donde los marcos legales para las personas disidentes avanzan en unos territorios y retrocede en otros, resulta especialmente significativo el caso de Cuba. El pasado 13 de julio, el parlamento aprobó la nueva Ley del Registro Civil. Esta normativa permite a las personas modificar el marcador de sexo en sus documentos de identidad sin necesidad de una operación de reafirmación de género ni de una orden judicial que lo permita.
Aunque en Cuba ya se había legalizado el matrimonio igualitario y la adopción homoparental en 2022, las personas trans habían quedado excluidas de ese marco normativo. Por primera vez, la isla incorpora el derecho a la autodeterminación de género, es decir, la libertad legal que tienen las personas de identificarse con el género que deseen.
La normativa también establece que el registrador debe revisar la solicitud presentada por la persona y emitir una resolución. El texto aclara que “en ningún caso esta solicitud está condicionada a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona, ni a procedimiento quirúrgico de reasignación genital”, eliminando así cualquier barrera que limite estas decisiones y asegurando que el cambio registral se base únicamente en la voluntad de la persona.
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Antes de la reforma, las personas trans en Cuba solo podían cambiar su nombre en los documentos oficiales, mientras el marcador de sexo permanecía sin modificación. Esta discrepancia entre nombre y sexo reflejaba un reconocimiento parcial, sin contemplar plenamente la identidad de las personas con identidades de género diversas.
Pese a que es un gran avance en la isla, organizaciones sociales señalan que sustituir la categoría de “sexo” en los documentos oficiales, en lugar de “género”, sigue vinculando la identidad al cuerpo y la genitalidad, y reproduce un enfoque binario que excluye a quienes no se identifican dentro de esas categorías.
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De forma paralela a lo ocurrido en Cuba, otro avance se produjo en India. El Tribunal Superior del estado de Andhra Pradesh reconoció legalmente a las mujeres trans, permitiéndoles el ejercicio pleno de sus derechos dentro del sistema legal del país. En el fallo, el tribunal sostuvo que reducir el concepto de mujer a criterios exclusivamente biológicos contradice los artículos 14, 15 y 21 de la Constitución india, que garantizan la igualdad ante la ley, la no discriminación y el derecho a la dignidad y la libertad personal.
El caso se originó a partir de la demanda de Pokala Shabana, una mujer trans que acudió a la justicia para exigir protección bajo un artículo del Código Penal que ampara a las mujeres frente a la violencia doméstica y el abuso relacionado con la dote. Su petición fue rechazada inicialmente con el argumento de que la categoría legal de mujer estaba reservada solo para quienes podían tener hijos.
En la reciente resolución, el juez Venkata Jyothirmai Pratapa afirmó que “la capacidad reproductiva no puede ser un criterio para definir a una mujer” y calificó esa interpretación como “legalmente insostenible”. Con esta decisión, el tribunal abrió la puerta para que puedan ser nombradas legalmente como mujeres en todo el país.
Este fallo se inscribe en un proceso más amplio de transformación jurídica y social en India, iniciado en 2014, cuando la Corte Suprema reconoció oficialmente a las personas trans como un “tercer género”. Desde entonces, distintos tribunales han ampliado sus derechos, como el acceso a documentos oficiales con su identidad de género, así como la aceptación legal de una mujer trans como “novia” bajo la Ley de Matrimonio Hindú.
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Estas decisiones han contribuido a establecer precedentes importantes para las mujeres trans en un país cuya historia cultural y espiritual incluye desde hace siglos a las “hijras”, mujeres tradicionalmente asociadas a deidades que trascienden el binarismo de género, como Shiva o Ardhanarishvara, divinidad que encarna simultáneamente lo masculino y lo femenino.
Así mismo, otro país que se une al listado de coyunturas recientes que brindan garantías legales a las personas trans es Hong Kong. El pasado 23 de julio, a través del juez Russell Coleman, se anularon dos disposiciones que penalizaban el acceso a baños públicos según la identidad de género, declarando que las personas trans tienen derecho a utilizarlos conforme a su identidad. Sin embargo, no es una medida permanente, pues la suspensión de la normativa solo tendrá vigencia de un año. Esto mientras que le da tiempo al gobierno para ajustar nuevamente la ley que dictamina esta separación de baños por género.
Localmente se restringía el acceso a baños públicos en función del sexo asignado al nacer, lo que impedía a las personas con experiencia de vida trans utilizar los baños que correspondieran con su identidad de género, en especial las mujeres. La excepción eran los niños menores de cinco años acompañados por una familiar mujer o una enfermera.
La decisión judicial se suma a una serie de cambios recientes en Hong Kong en materia de reconocimiento de derechos para las personas trans. En febrero de 2023, el Tribunal de Apelación Final falló por unanimidad a favor de activistas que impugnaban la exigencia de someterse a una cirugía de reasignación de género para poder cambiar los documentos de identidad. El tribunal consideró que esa restricción vulneraba derechos fundamentales. Como respuesta, el gobierno revisó la política en abril de 2024 y permitió que personas trans puedan realizar dichos cambios en sus documentos oficiales, aunque se mantuvieron ciertos requisitos médicos.
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Por Luisa Lara
