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Durante esta semana, la ciudad de Cartagena acogerá a representantes de 44 países que integran la Equal Rights Coalition (ERC), una coalición que impulsa la agenda global de derechos de las personas LGBTIQ+. Desde su creación en 2016, esta instancia ha promovido que los gobiernos interesados en avanzar en temas de diversidad sexual y de género lideren acciones para fortalecer las condiciones de vida y el ejercicio pleno de los derechos de esta población.
Este año, el encuentro se realiza en un momento en el que distintos países anuncian decisiones políticas que representan retrocesos para los derechos de las personas LGBTIQ+. “Queremos analizar qué retos plantea este escenario para la coalición y qué significa mantener un espacio de Estados comprometidos con los derechos LGBTIQ+ en un contexto de restricciones”, afirmó Wilson Castañeda, presidente de la ERC, en entrevista con El Espectador. Con ese diagnóstico, la coalición buscará definir un plan de acción que responda al panorama global.
Una realidad mundial que no solo se queda en el papel o en los titulares de los principales medios de comunicación. Por ejemplo, en países como Argentina se prohibió el uso del lenguaje inclusivo y se ampliaron las restricciones a los tratamientos de afirmación de género para menores de edad; en Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, se emprendió una persecución contras las personas con experiencia de vida trans, limitando su participación en espacios deportivos o en las fuerzas armadas; en Hungría, se prohibieron las manifestaciones públicas del Orgullo LGBTIQ+; y en Rusia ha aumentado la migración de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, huyendo de políticas excluyentes, como la aprobada en 2023 por el Tribunal Supremo, que declaró al movimiento LGBTIQ+ como una “organización extremista”.
Hechos que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) han alertado. Señalan que las decisiones de algunos gobiernos con cortes políticos conservadores, que buscan restringir el reconocimiento de derechos para la población LGBTIQ+, obstaculizan el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación, el empleo digno y la protección frente a la violencia.
Aunque el propósito central del encuentro que se está llevando a cabo en la ciudad amurallada, con el apoyo del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, será emitir un mensaje común sobre estas medidas restrictivas, también se revisarán otros compromisos. Entre ellos las necesidades emergentes de la población LGBTIQ+, derivadas del cierre de programas de apoyo tras recortes de cooperación internacional de Estados Unidos, que han afectado iniciativas de ayuda para personas con VIH, población migrante o en otras situaciones de vulnerabilidad.
Además, evaluarán el aumento de las violencias, que incluyen homicidios motivados por prejuicios, desapariciones forzadas, agresiones verbales, exclusiones, y el crecimiento de discursos de odio en escenarios políticos. En el caso de Colombia, según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en lo que va de 2025 se han registrado 61 casos de homicidios contra personas LGBTIQ+ en el país.
“La coalición ve con preocupación cómo se están promoviendo políticas antigénero en parlamentos y cómo algunos gobiernos están desmantelando derechos y retrocediendo en avances significativos”, señaló Castañeda.
Otro objetivo será hacer un balance en el décimo año de la coalición, con el fin de evaluar aprendizajes y definir los ajustes necesarios. En este punto discutirán la ausencia de países como Argentina y la salida de Estados Unidos, así como estrategias para implementar la representación de regiones con baja participación, como África y Asia.
Actualmente, asisten delegaciones de Canadá, Reino Unido, Malta, Chile, México, Alemania, Suecia, Países Bajos, Perú, Argentina, Barbados, Belice, Noruega, Zimbabue, Nigeria y Estados Unidos.
La presencia de países como Zimbabue y Nigeria son claves para dar contexto del nivel de desigualdad en el reconocimiento de los derechos LGBTIQ+, pues en estos contextos las garantías son mínimas o prácticamente inexistentes. Esto contrasta con Estados como Canadá, Alemania o Países Bajos, donde se han consolidado marcos de protección. La participación de contextos tan distintos permite poner sobre la mesa los retos y las brechas que siguen marcando los desafíos en buena parte del mundo, aseguró Castañeda.
El liderazgo de la ERC está hoy en manos de Colombia
El encuentro está encabezado por las delegaciones de Colombia y España. En la presidencia se encuentra Arlene Tickner, embajadora itinerante para Asuntos de Género y Política Global Feminista, mientras que la copresidencia la asume Caribe Afirmativo, representada por Castañeda. Desde España participa Jorge Noval Álvarez, embajador en la Misión Especial para los Derechos del Colectivo LGTBIQ+, acompañado de Fundación Triángulo, organización con experiencia en este tema.
Colombia permanecerá un año más en la presidencia de la coalición, un periodo que, según Castañeda, ha permitido exponer los avances alcanzados. “Si bien Colombia no es un país que tenga recursos para donar como los países del norte, sí tiene capacidad instalada para compartir buenas prácticas. Hemos insistido mucho en que Colombia comparta sus experiencias legislativas, judiciales y de documentación de casos con otros países de la región, con énfasis en América Latina, el Caribe e incluso África, en una lógica de cooperación Sur–Sur”, afirmó el experto.
Hechos que realmente han posicionado a Colombia como unos los países líderes en derechos LGBTIQ+ en la región durante las últimas dos décadas. Ha promovido conversaciones sobre la legalización del matrimonio igualitario, la adopción homoparental y el derecho de las personas con experiencia de vida trans a corregir el componente “sexo” de sus documentos de identidad sin necesidad de pruebas médicas ni procesos judiciales.
¿Un encuentro que pretende dejar exigencias para el periodo electoral colombiano?
De acuerdo con Castañeda, el encuentro permite enviar un mensaje al actual gobierno: los avances en política exterior feminista y la participación en la coalición deben quedar bien consolidados durante los próximos ocho meses, antes del cambio de gobierno. Es decir, que estos compromisos no dependan de un periodo presidencial, sino que se mantengan como políticas de Estado.
“Es necesario empezar a crear mecanismos para que la Cancillería, como entidad encargada de la política exterior, pueda articularse con el Ministerio de la Igualdad y con el Ministerio del Interior. La idea es que la respuesta sea asumida por el Estado en su conjunto y no únicamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que debe liderar por tratarse de un mecanismo multilateral”, subrayó.
Básicamente, la participación en esta coalición es un jalón de orejas para el próximo gobierno, que tendrá que reconocer que Colombia enfrenta violencias contra la población LGBTIQ+ y, por lo tanto, necesita una agenda propia que le permita rendir cuentas ante los países miembros.
El experto también advierte que el próximo gobierno debería considerar que Colombia no solo lidera este encuentro de la ERC, sino que viene convocando otros espacios regionales, como la CELAC en Santa Marta, la reunión sobre migración en La Guajira y la cumbre de planificación familiar en Bogotá. Para Castañeda, la participación del país en estos escenarios debe reflejarse en las decisiones internas y externas que Colombia adopte de manera permanente en su ejercicio diplomático.
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Por Luisa Lara
