14 Sep 2022 - 11:51 p. m.

Francia Márquez será la encargada de la política pública LGBTIQ+

Hace más de una década, la Corte Constitucional ordenó crear una política pública para mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+. Después de ires y venires, la vicepresidenta tiene ahora la tarea de coordinar su implementación.
Mariana Escobar Bernoske

Mariana Escobar Bernoske

Periodista de género y diversidad
La Vicepresidenta de Colombia durante la entrega del informe final de la comisión de la verdad
La Vicepresidenta de Colombia durante la entrega del informe final de la comisión de la verdad
Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

El pasado 9 de septiembre y a través de un decreto, el presidente Gustavo Petro asignó las funciones de la vicepresidenta Francia Márquez. Su labor principal es coordinar la ejecución e implementación de políticas públicas para garantizar el derecho a la igualdad. El documento enuncia que Márquez debe promover “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”, entre ellos las poblaciones afro, indígenas, mujeres y LGBTIQ+. (En video: Las teorías conspirativas de una terf: respuesta a Carolina Sanín)

Aunque la promulgación del decreto no da luces sobre la creación del Ministerio de la Igualdad, una de las promesas de campaña, sí es un primer acercamiento a la forma en que este nuevo gobierno espera implementar medidas para la equidad de género, las políticas del cuidado y la población diversa. Esto, según Saruy Tolosa, coordinador de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia, puede entenderse como una mayor voluntad política para llevar esos procesos a cabo. (Hombres trans y personas no binaries en los proyectos de ley sobre menstruación)

“Nos da para pensar que en este cuatrienio la comunidad LGBTIQ+ va a tener la posibilidad de materializar de manera más eficiente sus reivindicaciones a partir de, precisamente, la política pública Nacional LGBT, que es una promesa que llevan años esperando a ser resuelta”, comenta Tolosa. La mención específica se encuentra en el artículo 12 del decreto, en el que se le confía a la vicepresidenta la misión de coordinar interinstitucional e intersectorialmente el desarrollo de la política.

Si bien existen antecedentes en esta materia, organizaciones como Caribe Afirmativo y Colombia Diversa coinciden en que Francia Márquez deberá iniciar prácticamente de cero, pues los avances que dejó el gobierno de Iván Duque fueron muy pocos. De hecho, hubo un retroceso al no implementar el decreto que dejó el Ministerio del Interior del gobierno de Juan Manuel Santos, que oficializaba la política pública a nivel nacional y daba vía libre a su implementación en el territorio.

Sin embargo, la lucha por una política LGBTIQ+ en Colombia se viene dando desde el 2011, cuando la Corte Constitucional estudió el caso de Pamela, una mujer trans que fue discriminada al intentar ingresar a una discoteca. La corte hizo énfasis en que no existían menciones explícitas hacia los derechos de las personas con identidades de género u orientaciones sexuales diversas y ordenó la creación de la política para proteger los derechos fundamentales. (Diana Navarro, la trans, abogada y puta que marcó la historia LGBTIQ+ de Colombia)

Colombia Diversa cuenta que “pasaron más de cuatro años para que el Gobierno Santos empezara a formular dicha política (…) y, en 2016, las presiones de grupos conservadores y evangélicos llevaron a que el Ministerio del Interior diera un paso atrás y redujera el alcance”. Aún así en 2018 se logró promulgar el decreto, pero para que dicha política fuera una realidad era necesario un plan de acción que le diera vida a ese instrumento y, con el cambio de gobierno y la falta de voluntad política, quedó pausada.

En 2020, Laura Weinstein, quien fue la directora de la fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans (GAAT), presentó una tutela exigiendo al gobierno Duque la implementación de la política. La jueza octava administrativa de Bogotá le dio la razón y ordenó la construcción del plan de acción. Ante las dilataciones, el 14 de septiembre de 2020, los entonces Representantes a la Cámara Mauricio Toro y Jorge Alberto Gómez realizaron una audiencia en el Congreso para conocer el estado de la política.

En esa audiencia de control político al Ministerio del Interior, activistas y organizaciones de derechos humanos exigieron que el plan de acción de la política pública fuera un trabajo conjunto entre las entidades y la sociedad civil. Sin embargo, cuando fue presentado se cuestionó porque el proceso no contó con una amplia participación de sectores LGBTIQ+ y básicamente fue la última acción presentada durante el gobierno Duque. (El Legislativo con más congresistas LGBTIQ+ en la historia de Colombia)

Hoy el nombramiento de Francia Márquez como la encargada de rediseñar e implementar, después de tantos años, una política pública nacional para la personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas suscita interrogantes. Santiago Carvajal, abogado y activista de derechos humanos, comenta que la vicepresidenta realmente no tiene experiencia en materia LGBTIQ+, por eso “tenemos que esperar saber quiénes la van a rodear, especialmente en Mininterior, para materializar esta promesa y que realmente responda a las necesidades de la población”. (Ser una persona sorda y LGTBIQ+)

Por su parte, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, opina que “la implementación de la política pública inicia con la construcción de un plan de acción, el cual debe formularse y construirse de manera participativa permitiendo espacios de discusión”. También destaca que el deber de la vicepresidenta no puede reducirse a la construcción del plan de acción, sino también su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Mientras se espera conocer cuáles serán las acciones que tomará Francia Márquez para atender los derechos de las personas diversas del país, las fuentes consultadas concuerdan que este también es un llamado al fortalecimiento de las políticas públicas locales LGBTIQ+ que hoy existen. Asimismo, esperan que no pase otra década para que se cumpla con el deber de una política pública para la población LGBTIQ+ y la promoción de acciones con enfoque diferencial.

Mariana Escobar Bernoske

Por Mariana Escobar Bernoske

Comunicadora social con énfasis en periodismo y producción sonora/radiofónica. Ha participado en investigaciones sobre Derechos Humanos desde una perspectiva feminista y de género. Tiene estudios en el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y la Universidad de Strathclyde.mescobarb@elespectador.com
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