Litigantes, líderes y organizaciones sociales como Colombia Diversa impulsan la “Declaración de Bogotá”, una iniciativa abierta a la ciudadanía que busca defender los derechos conquistados por las personas LGBTIQ+. El documento se presentó justo cuando se cumplen 35 años de la Constitución de 1991, que abrió la posibilidad de exigir el reconocimiento de derechos mediante mecanismos como la acción de tutela, y pocos días antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.
“Decidimos impulsar esta declaración porque sentimos que, en el ámbito jurídico colombiano y en el de otros países de la región, ha hecho carrera la idea de que las conquistas jurídicas alcanzadas por el colectivo LGBT son cuestionables y susceptibles de revocatoria por los gobiernos de turno”, dice Manuel Páez Ramírez, docente del departamento de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia, en entrevista con El Espectador.
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Según sus promotores, la premisa de la declaración es que los derechos de las personas LGBTIQ+ no son concesiones, sino conquistas construidas a lo largo de los años. Recuerda que avances como el matrimonio igualitario, la adopción o el reconocimiento legal de la identidad de género fueron posibles gracias a litigios y a la movilización ciudadana. Por eso, hace un llamado a los Estados, la judicatura, las instituciones académicas y a la sociedad civil para que se sumen a esta defensa.
“Responde a una preocupación generalizada entre las personas LGBTIQ+ de este país. Y es que, al menos durante la campaña, muchos voceros de lo que ahora va a ser el gobierno de Abelardo de la Espriella anunciaron que lucharían o que tomarían medidas para desmontar el conjunto de derechos reconocidos a las personas LGBT, con especial énfasis en desconocer los precedentes de la Corte Constitucional”, dice Páez.
Para explicar por qué considera que existe un riesgo de retrocesos, Páez pone dos ejemplos. El primero es el nombramiento de la próxima ministra de Educación, Viviane Morales, quien en 2016 promovió una reforma constitucional para impedir que las parejas del mismo sexo y las personas solteras pudieran adoptar. El segundo es el nombramiento de Alejandro Ordóñez, designado por el nuevo gobierno como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sobre él, recuerda que “emprendió públicamente una cruzada religiosa para negar en Colombia la posibilidad de que las parejas del mismo sexo celebraran matrimonios civiles, incluso valiéndose de su cargo estatal. Cosa que es absolutamente irregular y por la que, por supuesto, fue objeto de denuncias”.
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¿Qué propone la Declaración de Bogotá?
- Establece que los derechos ya reconocidos a las personas LGBTIQ+ son irreversibles y están protegidos por el principio de no regresividad. Esto significa que no pueden ser reducidos, suspendidos ni derogados por ninguna vía jurídica, incluida una reforma constitucional.
- Afirma que la dignidad humana no puede someterse a votación. Por lo tanto, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos no pueden depender de la voluntad de las mayorías ni ser sometidos a referendos o plebiscitos.
- Sostiene que la independencia y la imparcialidad de la rama judicial son garantías esenciales para proteger los derechos de las minorías y de los grupos históricamente discriminados. Por ello, señala que los Estados deben proteger a las cortes, los órganos de control y las instituciones nacionales de derechos humanos frente a cualquier interferencia.
- Señala que los Estados deben garantizar una vida libre de violencia y el acceso al nivel más alto posible de salud, incluida la atención de afirmación de género. Además, pide una protección reforzada para las personas con identidades de género diversas, la niñez y adolescencia trans, población sexodiversa privada de la libertad y personas migrantes.
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Hasta el momento, la declaración ha sido suscrita por más de 1.000 personas y cuenta con el respaldo de defensores de los derechos LGBTIQ+ que participaron en el IV Encuentro Regional de la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas, realizado en Bogotá entre el 4 y el 6 de agosto. El encuentro reunió a litigantes y organizaciones de 15 países de la región para articular estrategias de protección de los derechos fundamentales de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
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Por Luisa Lara
