Personas trans, datos y buen gobierno: un reto para Abelardo de la Espriella (Opinión)

Foto: Catalina Mesa Urquijo

Cuando un nuevo gobierno toma posesión, Colombia hace generalmente una pausa colectiva. Se habla de programas, de nombramientos, de las primeras señales sobre el rumbo que viene. Lo que rara vez se menciona es lo que el Estado recibe como herencia técnica: sistemas de información construidos capa sobre capa, registros administrativos con décadas de historia, formularios y bases de datos sobre los cuales se toman decisiones de política pública que afectan la vida de millones de personas. Entender qué existe en ese archivo heredado, qué funciona, qué necesita fortalecerse y qué debe transformarse para tener una imagen más completa de Colombia debería ser una de las tareas más decisivas para diseñar políticas públicas que incluyan a todas las personas que habitamos este país.

Cada gobierno recibe, entonces, un archivo que ya estaba abierto antes de su llegada. En él hay cifras, diagnósticos, mapas, presupuestos y registros de decisiones tomadas en administraciones anteriores, algunas consolidadas, otras a medio camino. También hay espacios en blanco: vidas que existen con plenitud en las calles, en los hospitales, en los trabajos y en las familias, pero que aparecen incompletas cuando el país intenta contarse a sí mismo. En esos aparentes detalles técnicos, se decide quién es visible para el Estado, para quién se diseñan las políticas públicas y quiénes permanecen invisibles ante los ojos de las instituciones que deberían protegerlos.

Entre los muchos desafíos que enfrentará el nuevo gobierno hay uno que ocupa poco espacio en la conversación pública, aunque de fondo habla sobre la capacidad institucional del país: cómo construir sistemas de información más precisos, confiables y justos para comprender la diversidad real de la sociedad colombiana. Un Estado moderno necesita datos que reflejen la realidad que gobierna. Sin esa base, las políticas públicas caminan con zonas ciegas: recursos mal dirigidos, barreras de acceso que nadie mide, violencias que no se cuentan porque los registros no saben cómo clasificarlas. Esto aplica a múltiples poblaciones que históricamente han aparecido de manera incompleta o distorsionada en los sistemas de información. En el caso de las personas trans, ese desafío tiene una urgencia particular, porque los vacíos son profundos y las consecuencias inmediatas: la justicia estadística, entendida como el derecho a ser reconocidas en los sistemas gubernamentales y a que los datos oficiales reflejen la verdadera diversidad de las sociedades, sigue siendo una tarea en construcción.

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Colombia ha dado pasos importantes en esta dirección. El país ha avanzado en el reconocimiento jurídico de las identidades trans, con cambios que permiten a las personas actualizar sus documentos para que reflejen quiénes son. Entidades como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el DANE y Medicina Legal, entre otras, han trabajado en ajustes para que esos avances legales se traduzcan en sistemas de información más coherentes y representativos. Esos procesos responden a compromisos institucionales que buscan avanzar en la garantía de derechos consagrados en la Constitución. Son parte de una arquitectura del Estado que se construye en el tiempo, y un gobierno comprometido con la eficiencia y la calidad institucional tiene razones propias para fortalecerlos.

La oportunidad que tiene el nuevo gobierno en esta materia es concreta y poco frecuente. Colombia ya cuenta con uno de los marcos jurídicos más avanzados de la región en reconocimiento de identidades trans, y tiene procesos institucionales en marcha que otros países apenas están comenzando a discutir. Consolidar esos avances, cerrar la brecha entre lo que dice la ley y lo que registran los sistemas no requiere empezar de cero: requiere continuar con coherencia lo que ya comenzó. Un país que logre articular reconocimiento jurídico con visibilidad estadística real tendría algo valioso que mostrar en la región. Y un gobierno que herede ese camino y lo consolide estaría haciendo algo más que cumplir compromisos previos: estaría construyendo un Estado que conoce mejor a su población.

El problema de fondo es que los avances legales no se traducen por sí solos en transformación institucional. Hoy, distintas entidades pueden usar categorías distintas, hacer preguntas de maneras distintas y producir registros que no conversan entre sí. Cuando eso ocurre, la carga de la incoherencia recae sobre las personas: sobre quien debe explicar de nuevo quién es en cada ventanilla, sobre quien ve su identidad registrada de maneras contradictorias al pasar de un sistema a otro, sobre quien aprende con el tiempo a relacionarse con el Estado desde la prevención antes que desde la confianza. Mejorar los datos es también, en ese sentido, una forma de mejorar la experiencia institucional de las personas que más han tenido razones para desconfiar.

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El primer desafío está en la producción misma de los datos. Colombia no tiene criterios unificados para recoger información sobre identidad de género: distintas entidades preguntan de maneras distintas, con categorías distintas, o simplemente no preguntan. Muchos formularios todavía reducen la información a dos opciones: “hombre” o “mujer”, y no permiten diferenciar entre lo que dice el documento de identidad, el sexo asignado al nacer y la identidad con la que una persona vive y se reconoce. Pero el problema no es solo técnico. Los sistemas que cuentan a las personas trans han sido diseñados, en su mayoría, sin la participación de las organizaciones que las representan, y quienes diligencian esos registros rara vez tienen formación sobre identidad de género. El resultado es una cadena frágil: datos recogidos de maneras inconsistentes, por personas que no siempre saben cómo hacerlo, y que pocas veces terminan usándose para tomar decisiones de política pública concretas.

El segundo desafío es que esos datos, una vez producidos, no circulan bien ni están suficientemente protegidos. Los sistemas de salud, justicia, protección social y estadísticas vitales funcionan con lógicas separadas: lo que registra una EPS no lo ve Medicina Legal, lo que clasifica la Fiscalía no coincide necesariamente con lo que reportan las organizaciones de derechos humanos. Cuando alguien actualiza su marcador de género en la cédula, ese cambio no se propaga automáticamente a las demás bases de datos del Estado. El resultado es que sea imposible saber con precisión cuántas personas trans mueren en Colombia, por qué causas y bajo qué condiciones, información básica para cualquier política de salud pública o de seguridad. Pero la solución no es simplemente conectar los sistemas. La visibilidad estadística sin protecciones adecuadas puede ser peligrosa: en contextos de violencia y discriminación, ciertos datos pueden exponer más de lo que protegen. Por eso, la interoperabilidad y la confidencialidad no son objetivos en tensión, sino condiciones que deben avanzar juntas.

Este conjunto de desafíos debería ser importante para cualquier gobierno. Un Estado que quiere ser eficiente necesita información precisa sobre la realidad que gobierna. Uno que quiere reducir violencias necesita poder identificar dónde ocurren, con qué frecuencia y contra quiénes. Uno que quiere mejorar el sistema de salud necesita reconocer las barreras que impiden que ciertas personas accedan al cuidado que ya les corresponde. Gobernar para un país diverso exige, en últimas, sistemas capaces de comprender esa diversidad, no como una concesión ideológica, sino como una condición del buen gobierno.

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La justicia estadística para personas trans puede parecer un asunto técnico o secundario frente a las grandes discusiones nacionales. Pero, a veces, los temas que parecen pequeños revelan preguntas que no lo son. ¿A quién ve el Estado cuando produce evidencia? ¿Qué vidas aparecen con nitidez en sus diagnósticos y cuáles permanecen borrosas? ¿Qué políticas llegan tarde porque el problema no alcanza a verse en los registros disponibles? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero sí una dirección: hacia sistemas que traten la diversidad como parte de la realidad que deben comprender, no como una excepción que hay que acomodar.

El nuevo gobierno tiene instrumentos, procesos iniciados desde varios gobiernos anteriores y una hoja de ruta que puede continuarse. La oportunidad está ahí, en ese archivo heredado, en esos avances institucionales que ya tienen raíces y que esperan ser consolidados. Conocer mejor a la población no es un lujo del buen gobierno. Es su punto de partida.

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