¿Por qué la población LGBTIQ+ en Colombia necesita la justicia transicional? La manera en que las personas sexodiversas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado ha cambiado con el tiempo. Aunque desde siempre existió una violencia particular contra esta población, durante años no fue registrada ni tuvo un lugar claro dentro del relato del conflicto armado.
Hasta el momento, la cifra de víctimas LGBTIQ+ es de 26.351, según el Registro Único de Víctimas (RUV). Esa violencia, además, ha tenido picos. Entre 2000 y 2014 se registró uno de sus principales repuntes, con 21.186 hechos violentos contra estas personas. Años después, entre 2020 y 2024, volvió a presentarse un aumento importante, con 15.797 eventos registrados.
Detrás de la magnitud de esta cifra afloran patrones reiterados de violencia basada en género y por prejuicio, dirigidos especialmente contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En el conflicto armado, los prejuicios sociales, culturales y religiosos no desaparecieron; por el contrario, fueron utilizados por los grupos armados para “castigar” a quienes no encajaban en sus ideas sobre lo “moralmente correcto”.
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Ante la sistematicidad y el bajo registro de las violencias, distintas organizaciones sociales exigieron que los casos fueran investigados de manera particular. Estas demandas llevaron, en 2023, a la apertura del Macrocaso 11 por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la primera investigación de la justicia transicional en Colombia dedicada exclusivamente a las violencias motivadas por razones de género y cometidas por distintos actores armados.
Desde entonces, estas investigaciones han aportado a visibilizar las violencias contra las personas LGBTIQ+ y a sacar a la luz hechos que durante años permanecieron ocultos. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, documentó que muchas de ellas fueron obligadas a ocultar su identidad, abandonar sus territorios o detener sus procesos de transición. También enfrentaron violencia sexual y reproductiva, agresiones dirigidas contra sus cuerpos, rupturas familiares y barreras para estudiar, trabajar o sostenerse económicamente. Además, el asesinato y desplazamiento debilitó las redes de apoyo y los procesos organizativos de esta población. Nombrar estas violencias permitió entender que, en su mayoría, respondían a prácticas de “castigo ejemplarizante” y “limpieza social”, con las que también se buscaba intimidar al resto de la población sexodiversa.
A diferencia de hechos como la desaparición forzada o el desplazamiento, las violencias ejercidas directamente sobre los cuerpos permanecieron durante años rodeadas de silencio, lo que favoreció la impunidad. A esto se sumó la falta de respuesta del Estado. “Buena parte del efecto de la impunidad es que creó una enorme desconfianza en la institucionalidad. Muchas personas no estaban dispuestas a acercarse para recibir una respuesta negativa, ser revictimizadas o a que con sus casos no pasara nada”, explica Valentina Parra, coordinadora del área de Paz y Justicia Transicional de Colombia Diversa, en entrevista con El Espectador. Ese largo silencio dejó una deuda que la justicia apenas comienza a abordar.
Parra también hace parte de Igualmente Justas, una iniciativa de Colombia Diversa, Sisma Mujer y la organización internacional Christian Aid que busca fortalecer el acceso a la justicia de mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado. Desde este proyecto, asegura que todos los procesos de las víctimas que representan siguen en curso. El más avanzado es el Caso 2, en el que actualmente se prepara la audiencia de reconocimiento. “Llevamos cerca de seis años acompañando a este grupo de víctimas desde que fueron acreditadas”, cuenta.
El caso, que comenzó en 2019, muestra cuánto puede tardar el abordaje de hechos complejos. Esto implica encuentros con la jurisdicción, espacios con las personas afectadas para construir iniciativas de reparación y diálogos con los comparecientes, de manera que comprendan mejor de qué hablan las víctimas cuando dicen que sufrieron violencia de género o violencia por prejuicio. Así, los comparecientes pueden contar con más herramientas para entender estos hechos y, si existe voluntad, reconocerlos.
Aun así, las barreras persisten. La alianza, creada en junio de 2025, ha identificado que en departamentos como Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Putumayo y Tolima, donde concentra su trabajo, las víctimas todavía enfrentan obstáculos para participar en los procesos de justicia y reparación. Muchas veces no cuentan con el tiempo necesario para analizar información, presentar observaciones e intervenir de manera significativa. Además, la búsqueda de justicia no las aleja necesariamente de los escenarios de violencia, pues algunas continúan enfrentando amenazas que dificultan su participación segura en los procesos judiciales, dice Colombia Diversa.
En medio de estos avances en el reconocimiento de las violencias, pero también de los retos que persisten, aparece un nuevo escenario de incertidumbre. Aunque la JEP tiene un mandato constitucional de máximo 20 años y funcionaría hasta 2037, su futuro genera dudas tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente, quien durante la campaña prometió “desmontarla” o “debilitarla”.
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Según ha dicho, esta jurisdicción no ha producido “ni justicia, ni verdad, ni reparación” y aseguró que hará todo lo que esté en sus manos “para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se despilfarre de esa manera”. Una postura similar ha expresado el recién nombrado ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien ha cuestionado que todavía no existan, a su juicio, “sanciones ejemplarizantes” contra responsables de crímenes de lesa humanidad, especialmente exintegrantes de las Farc. Aun así, ha hecho un llamado a la calma, señalando que el nuevo Gobierno mantendrá una posición de diálogo y escuchará a los distintos actores de la institucionalidad.
“Se dice que la JEP promueve la impunidad y creo que, al contrario, lo que está haciendo es tratar de analizar y procesar la mayor cantidad de casos posibles a través de un modelo de justicia transicional restaurativa. Intenta sentar a todas las partes en una misma mesa para construir una salida común al conflicto y determinar cuáles son las mejores sanciones y formas de reparar a las víctimas”, comenta Parra, quien añade que “realmente, la impunidad era la que existía antes de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Para la experta, el riesgo más inmediato no sería la eliminación de la JEP, sino su debilitamiento. Esto podría ocurrir mediante la falta de financiación o a través de discursos que desconozcan lo que la jurisdicción ha significado para las víctimas LGBTIQ+: el reconocimiento de que muchas fueron violentadas específicamente por su orientación sexual, su identidad o expresión de género. “Aunque el proceso aún está en curso, la JEP ya ha escuchado de cerca a muchas víctimas. Para ellas tiene un valor importantísimo que una magistrada las escuche, reconozca que lo que les ocurrió es cierto, que no debió pasar y que tienen derecho a ser reparadas”, explica.
Aunque el reconocimiento de estas violencias ha comenzado a abrirse paso en la justicia transicional, para las organizaciones que acompañan a las víctimas, ese proceso aún está lejos de consolidarse. Su principal preocupación es que los avances alcanzados en los últimos años queden incompletos si la JEP pierde capacidad para investigar, escuchar y reparar.
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Por Luisa Lara
