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Las cifras de violencia contra las mujeres continúan en aumento a nivel nacional. De acuerdo con el último informe del Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre enero y mayo de 2025 se registraron 362 feminicidios en todo el país, ubicándose el Atlántico como el cuarto departamento con más casos, con al menos 30 mujeres víctimas de este delito en lo que va del año. Por su parte, con el mismo corte de fecha, la Defensoría del Pueblo reportó 14 casos en el departamento, lo que evidencia diferencias significativas entre los registros oficiales disponibles.
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En respuesta a este vacío informativo, Ruth Mery Pareja Benítez, lideresa social e investigadora en derechos de las mujeres, comenzó a documentar los homicidios y feminicidios cometidos en el departamento. Desde mirada, su trabajo ha sido una forma de tejer memoria, más que de reducirlos a una cifra. El ejercicio autónomo de seguimiento a estos casos revela cómo, en este contexto en el que no hay cifras unificadas, son las organizaciones de base y liderazgos sociales quienes asumen tareas de denuncia y visibilización que deberían estar en manos de las autoridades competentes.
En su análisis, la investigadora encontró que las causas más frecuentes detrás de los homicidios de mujeres incluyen el sicariato, los ajustes de cuentas y, en un alto porcentaje, la violencia por razones de género. También identificó que Barranquilla, Soledad y Malambo registran la mayor cantidad de casos.
Frente a este panorama, en el que no sólo se evidencia el asesinato de mujeres a causas directamente relacionadas al género, organizaciones como el Observatorio Colombiano de Feminicidios señalan que la coexistencia de múltiples formas de violencia letal contra las mujeres —criminal, doméstica, estructural— obliga a mirar la situación con una perspectiva interseccional: no se trata únicamente de violencias basadas en género, sino de violencias que se entrecruzan con el territorio, la clase social, la pertenencia étnica y la desigualdad en el acceso a la justicia.
La lideresa se ha encargado de recopilar los nombres, fechas y circunstancias de las víctimas. Según sus registros, en 2024 fueron asesinadas 77 mujeres, de las cuales 11 casos han sido tipificados como feminicidios. Durante 2025, ha documentado 35 homicidios en el Atlántico.
En sus palabras, su labor tiene como propósito evidenciar la magnitud de una violencia que con frecuencia queda excluida de los registros institucionales. “Con esto buscamos exigir a las entidades del Atlántico y del orden nacional medidas efectivas para proteger los derechos y garantizar la vida de mujeres, niñas y adolescentes. Que rindan cuentas a la comunidad sobre los hechos ocurridos en el departamento y los avances en las investigaciones”, señaló Benítez en entrevista con El Espectador.
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Los casos de feminicidio en el Atlántico, que las entidades han reducido a estadísticas, han conmocionado a la comunidad por la crueldad y la impunidad que los rodea. Como el caso de Gina Paola Rivera Toloza, asesinada y sepultada en el patio de una vivienda en Soledad, en hechos cometidos presuntamente por su expareja, Deiser Toloza Epalza. O el feminicidio de Margarita Gómez Márquez, una joven embarazada reportada como desaparecida y posteriormente hallada sin vida en Galapa.
También hay casos marcados por la impunidad, como el de Dayana Solano, asesinada tras salir de su grupo de oración en Baranoa; un crimen que, siete años después, aún no tiene justicia. Está también el de Clara Milena Álvarez Díaz, quien fue encontrada sin vida por su hija, luego de que presuntamente Édgar Aguilar Soto le causara múltiples heridas en su cabeza y cuerpo. En el caso de María Alejandra Guerrero Montiel, su muerte fue clasificada como “suicidio” en Barranquilla, aunque su familia sostiene que fue un feminicidio.
La impunidad en estos casos no solo perpetúa el dolor de las familias, quienes también se convierten en víctimas, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la vida de una mujer no tiene el mismo valor ante la ley. Y promueve la idea de que cualquier forma de violencia hacia las mujeres es un asunto privado de cada familia, y no una expresión sistemática de violencia de género, denuncia Ruth Mery Pareja.
En Barranquilla, por ejemplo, el 90% de la población consultada considera que la violencia contra las mujeres es un asunto privado que debe resolverse dentro del hogar, según la III Medición de Tolerancia Social e Institucional contra la Violencia hacia las Mujeres, realizada por ONU Mujeres. A nivel nacional, esta cifra desciende al 78 %, lo que revela una preocupante naturalización de estas violencias en el ámbito local. Este tipo de tolerancia social no solo minimiza la violencia, sino que actúa como barrera para la prevención, el acompañamiento y la denuncia.
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Y aunque existen alertas tempranas para prevenir estos delitos, las medidas resultan insuficientes. De acuerdo con la Policía departamental, al cierre de 2024, 540 mujeres estaban bajo medidas de protección por agresiones físicas ejercidas por sus parejas o familiares. Sin embargo, las fallas en el seguimiento, la falta de articulación institucional y el déficit de enfoque de género en la implementación han reducido la eficacia de estos mecanismos, señala la investigadora.
Por ejemplo, este tipo de mecanismos no evitaron desenlaces como el de Cristina Paola Escorcia, víctima de feminicidio en Ponedera. Fue hallada enterrada en el patio de su casa, completamente desnuda, cubierta con cartón y alambre de púas. Ella ya había denunciado violencia intrafamiliar en octubre de 2024, según relató un familiar a medios locales. El caso de Cristina no solo expone un crimen atroz, sino también el colapso de un sistema que no logró protegerla pese a que ella había alertado del riesgo.
¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?
- Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.
- Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.
- Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.
- Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.
- Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.
- Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846
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