Luego de que el 2 de septiembre se conociera la sorpresiva renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación, quien argumentó una “situación familiar inesperada”, el gobierno de Abelardo de la Espriella designó en su reemplazo a Ilva Myriam Hoyos, exprocuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.
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Desde entonces, su llegada ha generado dos lecturas. Mientras algunos destacan su formación académica y trayectoria profesional como credenciales para el cargo, otras personas han encendido las alertas por su historial público frente a asuntos como la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), las personas LGBTIQ+ y la diversidad familiar. ¿Qué tan cierto es lo que se dice sobre la nueva ministra?
Por un lado, hay quienes resaltan su formación académica y su trayectoria en el sector público como suficientes para asumir el Ministerio de Educación. Esa fue también la línea con la que se presentó su nombramiento. Al designarla, la Presidencia aseguró que “será una gran ministra” y que servirá al país “con entrega, carácter y convicción”.
En cuanto a su paso por la academia, como detalla un breve perfil de la Universidad de La Sabana, Hoyos es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y ha realizado estudios en derechos humanos. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Se ha desempeñado como docente en universidades como el Rosario, La Gran Colombia, la ESAP, Los Andes, Santo Tomás y el Externado. También ha tenido experiencia académica internacional en instituciones como las universidades de Salamanca, Zaragoza y Navarra, en España; la Universidad Católica de Chile; y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México.
Su trayectoria también incluye cargos como representante de la Asociación Colombiana de Universidades en el Comité de Defensa. Sus áreas de investigación han girado en torno a la dignidad humana, la libertad religiosa y los derechos de la infancia, temas que también aparecen en sus publicaciones sobre derechos humanos y sus implicaciones en el derecho civil, constitucional y comparado.
En su recorrido profesional, Hoyos ha sido conjuez del Consejo de Estado y procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, cargo que ocupó durante buena parte del periodo en que Alejandro Ordóñez estuvo al frente de la Procuraduría, entre 2009 y 2016.
También es reconocida por sus vínculos estrechos con la Iglesia católica. Fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia y ha participado en espacios del CELAM y de la Conferencia Episcopal de Colombia. Además, presidió el Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal, participó como laica experta en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Aparecida, Brasil, y fue auditora en el Primer Sínodo de la Familia, en Ciudad del Vaticano.
Ilva Myriam Hoyos, su postura frente al aborto y la pelea judicial
Entre los argumentos en contra de su nombramiento aparece su oposición pública a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente al aborto. Desde esa lectura, advierten que una ministra con esa visión podría profundizar una agenda regresiva en asuntos como la educación sexual integral, la diversidad y la libertad de pensamiento, justamente desde una cartera cuyas decisiones impactan a millones de niñas, niños y adolescentes.
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Lo cierto es que Hoyos ha mantenido durante años una postura jurídica e institucional clara frente a los derechos sexuales y reproductivos. Uno de los primeros registros aparece en 2006, durante el debate que terminó en la Sentencia C-355, con la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres causales. En ese proceso hubo numerosas intervenciones contrarias a la despenalización, con argumentos sobre la protección de la vida desde la concepción, los límites a la libertad reproductiva de las mujeres y la prevalencia de la vida prenatal.
De hecho, Mónica Roa, con quien años después Hoyos entraría en una disputa judicial, la describió como “la más vehemente opositora de la sentencia C-355”. En 2009, en el artículo El derecho a decidir: avances, obstáculos y amenazas, publicado en Razón Pública, afirmó que Hoyos “presentó 47 escritos contra la demanda que logró la liberalización del aborto, pidió su nulidad, escribió varios libros y artículos criticando esta sentencia y anunció su compromiso personal contra la sentencia”.
La discusión también la llevó al ámbito académico. Solo para dar un ejemplo, en un artículo escrito un mes después de proferido el fallo del alto tribunal, llamado “La Corte Constitucional: entre la ley de gradualidad y la gradualidad de la ley”, cuestionó la decisión, a la que calificó de “polémica”. También sostuvo que la Corte había despenalizado el aborto en tres supuestos y que el tema abría conversaciones sin resolver, como los deberes de los médicos para está práctica.
Sus posturas sobre este tema también quedaron plasmadas durante su paso por la Procuraduría. En 2011, Mónica Roa y otras 1.279 mujeres interpusieron una tutela contra Alejandro Ordóñez, entonces procurador General de la Nación, Ilva Myriam Hoyos y otra procuradora delegada por la difusión de información que consideraban inexacta o tergiversada sobre derechos sexuales y reproductivos. La Corte les dio la razón en varios puntos mediante la Sentencia T-627 de 2012 y concluyó que esas actuaciones habían vulnerado o amenazado derechos fundamentales. Finalmente, Hoyos denunció a Roa por injuria y calumnia.
En el caso de Hoyos, el alto tribunal le ordenó rectificar un oficio que había enviado en 2010 a la Superintendencia de Salud, en el que pedía modificar una circular destinada a remover obstáculos para acceder a la IVE. También le advirtió que no debía intentar impedir o dificultar, sin una razón válida, que el misoprostol estuviera incluido en el sistema de salud y fuera cubierto por este. Ese fallo dejó sin piso la denuncia penal que Hoyos había interpuesto contra Mónica Roa.
Matrimonio igualitario: las controversias que rodearon su paso por la Procuraduría y la CIDH
Otro de los cuestionamientos apunta a su postura frente a las familias diversas. Organizaciones sociales y sectores políticos han descrito su trayectoria como “abiertamente conservadora en temas de familia” y, en algunos momentos, incluso hablaron de una persecución contra las parejas del mismo sexo, especialmente durante los debates sobre matrimonio igualitario y el seguimiento que hizo la Procuraduría a estas uniones.
Frente a los derechos de las parejas del mismo sexo también hay antecedentes concretos. Todo se remonta a 2011, cuando la Corte Constitucional reconoció mediante la Sentencia C-577 de 2011, que estas parejas también constituían familia y exhortó al Congreso a regular sus uniones en un plazo de dos años. El fallo permitió que, si esa fecha límite vencía sin una regulación, las parejas podrían formalizar y solemnizar su vínculo. El alto tribunal usó los ingredientes del matrimonio sin llamarlo abiertamente así. Tal como se pronosticó, el Legislativo no reguló estas uniones y, desde ese momento, bajo una interpretación amplia de la sentencia, algunos jueces y notarios celebraron estos vínculos.
La Procuraduría fue crítica frente a estas interpretaciones, y el caso llegó nuevamente a la Corte Constitucional. La participación de Hoyos en ese proceso, según se menciona en la Sentencia T-444 de 2014, estuvo relacionada con una solicitud a procuradores regionales, provinciales y judiciales de familia en la que pedía que enviaran información y copias sobre solicitudes de matrimonio de parejas del mismo sexo y peticiones de solemnización de sus uniones.
En su momento, organizaciones sociales denunciaron lo que consideraban una persecución de la Procuraduría contra estas parejas. Al revisar el caso, la Corte aclaró que recopilar esa información no vulneraba por sí solo los derechos a la privacidad y la protección de datos. El problema, señaló, estaba en cómo podía utilizarse: no era válido usar esos datos para “imponer a través de directrices de carácter general una determinada lectura de la Sentencia C-577 de 2011”. Alejandro Ordóñez pidió después la nulidad de la sentencia, pero la Corte le negó.
La cumbre de controversia sobre este tema se dio alrededor de una foto y de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En marzo de 2013, Ilva Myriam Hoyos acudió a Washington en representación de la Procuraduría para participar en una audiencia temática sobre la situación de quienes defendían los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Allí, organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ denunciaron actuaciones de la entidad que, según ellas, constituían hostigamiento o persecución.
Se expusieron, entre otros, los casos de Women’s Link Worldwide, que señaló hostigamiento y criminalización contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos, entre ellas Mónica Roa; Daniel Sastoque, exfuncionario que denunció persecución por su orientación sexual; y Dorian Juliet Gómez quien acusó obstáculos al desarrollo de la Clínica de las Mujeres de Medellín, que, según su denuncia, habrían sido promovidos por la Procuraduría. Hoyos rechazó esas acusaciones y sostuvo que la entidad actuaba dentro de sus funciones de vigilancia y control.
Un mes después, durante el debate del proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso, Hoyos fue fotografiada mientras escribía en su BlackBerry que estaba “dedicada al lobby” y que, por lo que había hablado, creía que el proyecto “se hunde”. Colombia Diversa anunció que llevaría la imagen ante la CIDH como evidencia adicional. Las denuncias de las organizaciones sociales quedaron recogidas posteriormente en informes de la CIDH sobre Colombia, que además formuló recomendaciones al Estado para proteger su labor y garantizar la no discriminación de las personas LGBTIQ+.
Este es apenas un rastreo de algunos de los múltiples señalamientos que rodean a la nueva ministra de Educación. Lo cierto es que sus antecedentes han encendido alertas entre personas y organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos y los de la población LGBTIQ+, especialmente por el alcance que ahora tendrán sus decisiones desde el Ministerio de Educación.
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¿Qué implica la llegada de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación?
Para fuentes consultadas, la llegada de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio confirma una preocupación que organizaciones sociales vienen planteando desde hace tiempo: que el actual Gobierno podría representar un retroceso para los derechos de personas perteneciente a grupos históricamente discriminados. En su lectura, el nombramiento sugiere que el presidente busca mantener —e incluso profundizar— esa línea desde un espacio especialmente sensible como la educación, con posibles efectos sobre las políticas de diversidad y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+.
“Creemos que el mensaje contundente que deja un nombramiento como el de Ilva Myriam, después de haber conocido su recorrido por la Procuraduría, es que este Gobierno efectivamente quiere usar el poder Ejecutivo para reducir la capacidad de agenciamiento de derechos de los grupos históricamente excluidos y discriminados”, afirma Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, en entrevista con El Espectador.
El director reconoce que la Constitución y las múltiples sentencias de la Corte Constitucional han blindado buena parte de estos derechos y que, en un Estado social de derecho, no es sencillo echar atrás conquistas ya reconocidas. Sin embargo, advierte que las alertas no pasan únicamente por la posibilidad de eliminar derechos, sino por la forma en que un Gobierno puede frenar su garantía e implementación.
Por su parte, Allison Wolf, coordinadora de la Maestría en Género de la Universidad de los Andes, pone el foco en la educación sexual integral. Para ella, uno de los principales riesgos es que se frenen o debiliten estos programas, que no se limitan solo a enseñar sobre sexualidad, también sobre la salud mental, la diversidad y la prevención de violencias. “Son muy importantes y sabemos que tienen resultados positivos”, señala. Además, recuerda que este tipo de educación busca promover “respeto” y “valores de tolerancia”, no imponer determinadas orientaciones o identidades.
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Wolf también advierte sobre el futuro de programas educativos con enfoque diferencial y de género, incluidos aquellos que buscan cerrar brechas entre niñas y niños, por ejemplo, en el acceso a áreas como la ciencia. “Hay un riesgo de quitar todos esos programas dirigidos con un enfoque diferencial, un enfoque de género, para cerrar brechas históricas entre las oportunidades que tienen las niñas y los niños”, explica.
“Me preocupa que, bajo la sombrilla de eliminar la ‘ideología de género’ —que no existe, no es un término académico—, se utilice un término político inventado para resistir cambios de inclusión de niñas y personas LGBT en los currículos, en la educación y en la sociedad. Para mí hay un riesgo grande de utilizar este lenguaje para oscurecer la infiltración de ideología religiosa, en particular cristiana y católica, en el sistema educativo”, finaliza.
Expertos señalan los principales retos en materia de género de Ilva Myriam Hoyos en MinEducación
Para Castañeda, uno de los principales retos de la cartera será garantizar que las escuelas sean espacios seguros para estudiantes LGBTIQ+, una deuda que, señala, quedó especialmente expuesta desde el caso de Sergio Urrego, el estudiante que se quitó la vida tras enfrentar discriminación y hostigamiento por parte de las directivas de su colegio, y cuyo caso derivó en una sentencia de la Corte Constitucional. Esto implica prevenir la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, acompañar a las familias y evitar que docentes y orientadores reproduzcan prejuicios. “Requerimos que el sistema escolar dé herramientas a los padres de familia para acompañar a sus hijos o hijas LGBTIQ+”, dice.
El director recordó las actuaciones de Hoyos desde la Procuraduría, cuando cuestionó la revisión ade materiales educativos que buscaba responder a las órdenes de la Corte frente a la discriminación en los colegios. El experto calificó ese episodio como una “cacería de brujas”. También agregó que Hoyos fue una de las personas que promovió la idea de que el Acuerdo de Paz incorporaba la llamada “ideología de género”. “Incluso presentó el conteo de cuántas veces ‘género’ aparecía en el acuerdo”, dice.
Hecho ese recorrido, considera clave mantener la educación en derechos sexuales y reproductivos dentro de las aulas. “Sacar la discusión de los derechos sexuales y reproductivos de los establecimientos educativos pensando que es una cuestión ideológica, nos lleva a la crisis que tuvimos en el sistema educativo en los años 80 y 90”, advierte.
Castañeda aclara que sus cuestionamientos no pasan por desconocer la trayectoria profesional de Hoyos, a quien describe como una abogada “muy contundente, muy sagaz, muy estratégica”. La preocupación, insiste, está en los antecedentes de sus actuaciones frente a los avances en derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ y en cómo esa visión puede trasladarse ahora a la política educativa.
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Por Redacción Género y Diversidad
