“Sesgar la educación a un solo discurso resulta absolutamente nefasto”: Fidel Ramírez

¿La “ideología de género” está en las aulas? El debate que vuelve con Ilva Myriam Hoyos en MinEducación.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La educación ha sido, históricamente, un terreno que toca fibras en Colombia. Sobre todo cuando entra en juego la religión. Una y otra vez reaparece la discusión sobre qué se espera de los colegios frente a asuntos que algunos sectores consideran sensibles o contrarios a determinadas enseñanzas religiosas, como el género, la sexualidad o la diversidad. Detrás de esas discusiones no solo hay diferencias pedagógicas, sino distintas visiones sobre quién define los valores y las formas de entender el mundo que llegan a las aulas.

Se notó en 2016, cuando la discusión sobre los manuales de convivencia terminó convertida en una batalla alrededor de la supuesta “ideología de género”. La controversia se dio en medio de las medidas ordenadas por la Corte contra la discriminación en los colegios tras el caso de Sergio Urrego, un joven de 16 años que se quitó la vida después de sufrir discriminación por su orientación sexual. Y ahora, volvió a aparecer en el debate público. Con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, organizaciones y activismos alertaron sobre el temor derivado de que determinadas visiones religiosas y conservadoras puedan incidir en asuntos como la educación sexual integral o en el reconocimiento de la diversidad en las aulas.

La discusión nuevamente cobra fuerza con la designación de Ilva Myriam Hoyos Castañeda como nueva ministra de Educación, en reemplazo de Viviane Morales, quien presentó su renuncia por una “situación familiar inesperada” después de menos de un mes en el cargo. Durante su breve paso por la cartera, Morales anunció la revisión de materiales utilizados en las instituciones educativas como parte de su intención de combatir lo que considera una “ideologización” en colegios. Su gestión también dejó sobre la mesa un proyecto para modificar las reglas bajo las cuales las entidades territoriales podrían contratar con terceros la prestación del servicio educativo, incluida la posibilidad de establecer acuerdos con organizaciones religiosas e iglesias para desarrollar estrategias pedagógicas.

El Espectador conversó con Fidel Mauricio Ramírez, investigador en educación, con más de una década de trayectoria en análisis de religión y género en entornos educativos. Es licenciado en Teología y Filosofía, magíster en Educación y doctorando en Educación, y ha investigado sobre inclusión educativa, homofobia en la escuela, y representaciones de género, entre otras cosas. Ramírez reflexionó en entrevista sobre el papel de las convicciones religiosas en la política educativa y los riesgos detrás de esto.

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Empecemos por un tema que sigue siendo sensible, juntar en una misma discusión religión, género y educación. ¿Qué lectura hace de cómo se aborda esto en Colombia? ¿Cuáles son los argumentos que más se repiten para cuestionar o defender la unión de estos aspectos?

Este asunto nos implica entender que no es un tema local. Hace parte de unas estrategias transnacionales que pueden ubicarse claramente en los intentos de ciertos movimientos conservadores por frenar los avances en materia de derechos de las mujeres. Esto se gesta con más fuerza después de las conferencias de población de El Cairo y, posteriormente, de Beijing, donde se estableció la importancia de desarrollar políticas que permitieran el avance de las mujeres frente a una sociedad que, a partir de la jerarquización entre los sexos, hizo que muchas quedaran rezagadas en términos de participación.

Movimientos como la misma Iglesia católica, en asocio también con religiones bastante patriarcales, como podría ser el islam, entre otras, reconocen un papel muy relevante a las mujeres, siempre y cuando permanezcan al interior del hogar en un rol de cuidadoras. Y todo aquello que busque garantizar derechos es considerado como algo que va en contra del orden social establecido. Además, surge un pánico frente a la participación que las mujeres puedan llegar a tener en la sociedad, porque supuestamente podría destruir lo que ellos llaman un modelo tradicional de familia.

Creo que este discurso no tuvo mucha acogida porque, claramente, se estaba respondiendo a unas demandas justas y necesarias. Pero posteriormente encuentran en los avances de los sectores LGBTIQ+ un nicho para generar un pánico social frente a la idea de que se quiere “homosexualizar a los niños y a las niñas”. Y, cuando se dan cuenta de que ahí sí hay una movilización por parte de muchas personas, empiezan a aprovechar estos discursos y a entrecruzar todos estos relatos.

Lo que está ocurriendo hoy en Colombia, como en otros lugares, es que se desvirtúa esta lucha de reivindicación de unos sectores en busca de la equidad y, más bien, se promueven ideas erróneas sobre sus propósitos. Creo que allí es donde empiezan a entrecruzarse todas estas posibilidades y, además, se convierten en una herramienta útil para ascender políticamente, como se ha visto en casi todas las campañas presidenciales de la región.

Desde el debate público y político está la idea de que defender a la población sexodiversa o la educación sexual integral en el sistema educativo implica estar en contra de la religión. ¿Esa contradicción realmente existe?

Cuando hablamos de religión, utilizamos un universal, cuando en realidad existen religiones, en plural. Y, si hablamos de la Iglesia católica, debemos entender que no existe una única visión frente a la sexualidad. Claramente, está el magisterio de la Iglesia, conformado principalmente por los obispos, quienes hacen la reflexión sobre la doctrina y sobre aquello que se considera legítimo al interior de la Iglesia. Pero también está el lugar de las y los teólogos dentro de esa gran variedad de pensamientos. Incluso yo, que soy católico y una persona sexodiversa, planteo que la Iglesia católica no tiene una única visión frente a la diversidad sexual y de género.

Algunos, como yo, que me inscribo dentro de esa tradición, consideramos que ser cristiano, ser católico y no defender los derechos humanos es una verdadera contradicción, porque el cristianismo tiene como centro la dignidad humana y, en el marco de esa dignidad, la vivencia plena de la sexualidad es un componente muy importante.

Lo que existe son conflictos al interior de las religiones frente a algunas visiones. Yo, como teólogo católico, dialogo con la jerarquía de mi Iglesia, nos reunimos, conversamos, tratamos de avanzar, hacemos acuerdos y demás. Pero esos debates corresponden al interior de cada Iglesia y no son debates que deban trasladarse al escenario de la vida pública, porque ahí es donde resulta tan importante entender que Estado y religión son asuntos separados.

El Estado y toda la política de convivencia entre las y los ciudadanos deben estar regidos por el marco normativo y, claramente, por la Constitución Política.

Entendiendo que, en un Estado laico, no hay ningún problema en que una persona funcionaria pública tenga convicciones de fe, ¿en qué momento debería preocupar que esas convicciones empiecen a orientar decisiones políticas?

El límite aparece cuando una persona creyente, que ocupa un lugar de toma de decisiones en el sector público o en la política, utiliza ese lugar para imponer sus creencias a otras personas. Yo, como católico, no puedo entrar a regular desde mis creencias católicas para un mundo o un contexto de no católicos. ¿Por qué? Porque mi discurso religioso dista de las realidades de muchas personas.

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¿Dónde termina el derecho de las familias a transmitir sus convicciones religiosas y dónde empieza la obligación del Estado de garantizar una educación que proteja los derechos, la autonomía, diversidad, y el desarrollo integral de las y los estudiantes?

Es un tema muy complejo porque no se entiende el lugar de la educación dentro de la sociedad. Este es un fenómeno social que es propio de los seres humanos. Educamos en distintos niveles: educamos en la familia, educamos en la iglesia. Pero hay una institucionalidad que es la escuela, el sistema educativo, y en Colombia concretamente, esta institucionalidad está regida por la Constitución Política de 1991 y por la Ley 115.

¿Para qué es la educación? Para desarrollar unas competencias en áreas específicas que nos permitan entender el mundo, heredar las tradiciones y el avance científico que se tiene. Por eso aprendemos de matemáticas, de sociales, para entender el mundo. Pero una de las finalidades de la educación también es aprender a convivir con otros y con otras. ¿Y esto qué significa? La escuela debe ser un escenario creado para que cada ciudadano y ciudadana reconozca las diferencias y, en el marco del reconocimiento de las diferencias, pueda justamente valorar y respetar esa diversidad.

Lo que se vuelve un problema es cuando las familias, desde sus ideologías, quieren educar a sus niños solo en sus marcos, porque le están quitando la posibilidad de descubrir otras formas y otras posibilidades. Por ejemplo, algo como la educación sexual, es justamente para que los niños y las niñas entiendan, más allá de los límites que tengo en mi hogar, cómo se establece el consentimiento dentro de la relación sexual. ¿Qué ocurre si dejamos que solamente sea la casa quien oriente frente a ciertos asuntos, como lo es la sexualidad? Los muchos niños y niñas, nunca se darán cuenta de que están siendo abusados. Porque no se les socializa sobre estos temas.

En ese orden de ideas, sesgar la escuela a un solo discurso resulta total y absolutamente nefasto. Especialmente porque la escuela se constituye en garante de derechos de los niños y de las niñas.

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¿Puede decirse que la escuela alguna vez ha sido un espacio neutral?

Realmente, la escuela nunca ha sido neutra. Si hacemos una lectura histórica lo que hace la escuela es reproducir una sociedad. Si se mira atrás, en las instituciones escolares de Europa y América se transmitían unos valores que, a través de discursos religiosos, legitimaban formas de dominación de ciertos modelos económicos, políticos y demás. Y todavía hoy tenemos vestigios de esta situación, pues transmitieron unas ideas y unas ideologías muy claras sobre lo que es ser mujer, lo que es ser hombre, cómo debemos comportarnos, etc.

El problema es que hoy en día, en el marco de los acuerdos que hemos tenido como sociedad, la escuela no debe continuar reproduciendo esos estereotipos que generan exclusión, jerarquización y que, además, fundamentan muchas formas de violencia contra grupos de la sociedad. Hoy debemos formar en el marco de los derechos y la convivencia de las y los ciudadanos, desde el respeto de la diferencia. Entonces, no es neutra, sino que claramente tiene una apuesta hoy por la dignidad y por los derechos de las personas.

Colombia tiene una jurisprudencia bastante sólida sobre el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación y los derechos de estudiantes sexodiversos. ¿Hasta dónde puede el gobierno de turno apartarse o interferir con esos lineamientos?

A finales de los años noventa y comienzos de este siglo, se dieron avances muy importantes en materia de reconocimiento de los derechos de personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

Pero esos derechos no calaron tanto dentro de la sociedad en general. Lo que ocurrió es que fueron conquistados, en buena medida, a partir de estrategias como el litigio. En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional ha sido una aliada muy importante, porque ha interpretado la Constitución Política dentro de un marco de derechos que garantiza el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad ante la ley y, con ello, la libertad para vivir nuestra sexualidad.

Pero, vuelvo y reitero, esos derechos no estaban tan interiorizados por parte de la sociedad en general. ¿Qué ocurre entonces? Que, cuando aparecen nuevos discursos antiderechos, empiezan a generarse conflictos y a circular discursos de odio. En ese contexto, hay más facilidad para que crezcan posiciones que buscan frenar o incluso suprimir derechos ya reconocidos.

Y el gran peligro es que, si cambian quienes están en la Corte Constitucional y quienes toman las decisiones, puede empezar a generarse una nueva jurisprudencia que lleve a retrocesos. Realmente, no la van a tener tan fácil porque seguimos, como movimiento social, haciendo frente. Entonces, no debemos confiarnos. Debemos seguir trabajando articuladamente, defendiendo los avances y denunciando a quienes llegan a lugares de toma de poder para imponer sus creencias desde allí. También hay un lobby que busca detener los avances en materia de derechos.

Luego de esa trazabilidad, ¿qué lectura hace de la llegada de un perfil como el de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación?

Creo que el Ministerio de Educación tiene unos desafíos muy fuertes que, además, quedaron en evidencia con el pasado terremoto, con el tema de infraestructura, de accesibilidad. Y temas que también venían de antes, como que nosotros estamos rezagados en materia de calidad educativa porque Colombia es un país muy desigual. Si bien es cierto que los colegios públicos de Bogotá han avanzado muchísimo, también es cierto que no es la realidad en general.

Y entonces, cuando uno piensa en esos grandes desafíos, la preocupación que surge es que una persona como Viviane Morales, por ejemplo, quien precedió en esta cartera a Ilva, estuviera más preocupada por una idea de la presencia del marxismo y de la “ideología de género”, o por revisar los documentos que se les entregaban a los estudiantes, que por los desafíos reales que tenemos como sociedad. Porque, claramente, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sabemos que una de las principales maneras de lograr la equidad y superar la pobreza y la desigualdad es la educación.

Y con la salida de Viviane Morales y la llegada de Ilva, surge una preocupación todavía mayor, y tiene que ver con que Ilva es incluso más radical que la misma Viviane Morales. Porque ella encarna dos realidades. Por un lado, es una persona tecnócrata, académica, es doctora en derecho y ha liderado centros de investigación. Pero, por el otro, si bien es abogada, conoce la norma e incluso ha sido formada en derechos humanos, ha sido total y absolutamente frontal en atacar derechos, por ejemplo, en temas como la interrupción voluntaria del embarazo.

Entonces, claramente, hay una gran preocupación, y es hasta qué punto realmente Ilva va a llegar a afrontar los grandes desafíos que tiene el Ministerio de Educación para superar las brechas de acceso y permanencia que existen a nivel nacional, o si más bien va a continuar con un discurso de cacería de brujas que, además, es infundado y se convierte en una cortina de humo frente a las verdaderas problemáticas que existen.

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