Acompañar abortos: entre la criminalización y la violación del secreto profesional

Durante la tarde del miércoles 21 de diciembre de 2022, dos integrantes de la organización argentina de acompañamiento a abortos seguros Tribu Rosa - Villa María y una profesional de la salud fueron detenidas luego de realizarse una serie de allanamientos, por solicitud del Ministerio Público Fiscal, por el supuesto delito del ejercicio ilegal de la medicina. (El 91% de la población colombiana considera que la maternidad no debe ser forzada)

A su vez, dos integrantes más de la colectiva contaban con orden de detención, pero al ser temporada de vacaciones, no se encontraban en el país en el momento. Ellas, a través de su abogado, se pusieron a disposición de la justicia y tomaron el primer vuelo de regreso a Argentina. A pesar de ello, la fiscalía sin motivo alguno libró órdenes de captura internacionales que llevaron a que, al momento de ingresar al país, en vísperas de navidad, fueran detenidas. (Avances y retrocesos, panorama del aborto en América Latina)

Los medios de comunicación locales y sectores políticos empezaron a denominarlas como una red de “aborto clandestino” y “prófugas de la justicia”. Además, a la médica la acusaron de encubrimiento de prácticas ilegales. Su detención causó impacto en organizaciones de derechos humanos, que reprocharon el accionar de la justicia. Fueron liberadas, pero a la fecha ellas aún enfrentan un proceso penal en su contra que profundiza el estigma sobre el aborto y su acompañamiento.

Ellas no estaban haciendo nada ilegal. “Dar información y acompañar decisiones no es delito”, afirma a El Espectador Mayca Balaguer, de la Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps). No obstante, el caso de las socorristas de argentina no es ninguna excepción. En Latinoamérica, a medida que se ha regulado el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se ha encrudecido la criminalización hacia quienes dan información y acompañamiento de estos procedimientos.

De igual forma, a nivel regional hay una preocupación por el aumento de casos de violación del secreto profesional médico, el cual es ampliamente considerado como un derecho constitucional en la mayoría de países. Sin embargo, la falta de protocolos a nivel de redes de salud, la denuncia por parte de otros actores como vigilantes en hospitales y el miedo de los médicos a ser acusados de ejercicio indebido de profesión o, incluso, por homicidio culposo aumenta las barreras. (Las confusiones que generó la Corte Constitucional sobre el aborto)

Para Martín Vidaurre, abogado de la organización Ipas Bolivia, la violación del secreto profesional está fuertemente relacionado con una violación del debido proceso. “Lo que pudimos encontrar en los casos de 775 mujeres que fueron denunciadas por aborto fue una constante vulneración de la presunción de inocencia, coerción por parte de profesionales de salud y claramente una violación del principio de no declarar en su contra”, explica el abogado a este diario.

Mientras tanto, en el Ecuador, la violación del secreto profesional también va de la mano con la criminalización a parteras y personal de salud comunitario. Así lo denuncia Ana Vera, socorrista de la Red Compañera, quien dice que es común la imputación de delitos como homicidios culposos e infanticidios. Vera añade que, “cuando se quiere criminalizar, se hace de todo y no hay un respeto a las mujeres procesadas por estos delitos. Actualmente, llevamos una denuncia activa por más de tres años en la que un médico que atendió una emergencia obstétrica declaró que ‘no violó’ el secreto profesional porque la mujer nunca dijo que su aborto fuera un secreto”.

Vale la pena recordar que las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el aborto reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes y profesionales en todo el mundo. Además, destaca la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar. (“El acceso al aborto de mujeres indígenas no se resuelve con un fallo de tutela”)

Pero lo que se observa, según Marcia Aguiluz, directora legal para América Latina de Women’s Link Worldwide, es la constante criminalización de quienes acompañan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Además, cada vez es más común que otros tipos penales, es decir, otros delitos en los códigos penales, además del aborto, sean utilizados. (Los abortos forzados de exFARC que la Procuraduría le solicita investigar a la JEP)

Uno de los países más restrictivos en materia de derechos sexuales y reproductivos en la región es El Salvador. Además de la prohibición absoluta del aborto, también se ve una criminalización de emergencias obstétricas; las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y muertes prenatales son, habitualmente, sospechosas de haberse practicado un aborto y procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.

Una socorrista salvadoreña, cuya identidad pidió ser guardada, le compartió a este diario que la persecución por el aborto va mucho más allá de las prácticas médicas. “Hay un documental sobre el caso Manuela y su sentencia que queríamos proyectar. A último momento, la sala decidió no pasarlo por miedo a incurrir en ‘apología al delito’, pareciera que la palabra ‘aborto’ en sí es lo que se convirtió en crimen”, cuenta la activista. (Manuela y Beatriz: ¿cómo es ser una mujer en un país que penaliza el aborto?)

La pregunta sobre en qué momento la defensa de derechos sexuales y reproductivos, lo cuales hacen parte de los derechos humanos, se vuelve apología al delito, pone en duda el estado de las democracias en la región y aumenta la estigmatización y criminalización de quienes necesitan un aborto o afrontan una emergencia obstétrica. “Vivimos en democracias demasiado frágiles, tomadas por la arbitrariedad y eso es un campo de cultivo para que los grupos ultras avancen para imponer una manera particular de ver este problema”, señala Susana Chávez, directora de CLACAI.

Aunque hoy en América Latina hay un avance legal hacia la regulación del aborto como un tema de salud pública, indiscutiblemente, su despenalización va más allá de sacarlo como delito de los códigos penales. Es por eso que expertas de toda la región aseguran que la persecución de quienes brindan información y acompañamiento, la violación del secreto profesional médico y la criminalización de las emergencias obstétricas solo pone en riesgo la vida y salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

*Este artículo fue posible gracias a la invitación del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) a la VII Conferencia Regional de CLACAI, realizada en Ciudad de Panamá.

Durante la tarde del miércoles 21 de diciembre de 2022, dos integrantes de la organización argentina de acompañamiento a abortos seguros Tribu Rosa - Villa María y una profesional de la salud fueron detenidas luego de realizarse una serie de allanamientos, por solicitud del Ministerio Público Fiscal, por el supuesto delito del ejercicio ilegal de la medicina. (El 91% de la población colombiana considera que la maternidad no debe ser forzada)

A su vez, dos integrantes más de la colectiva contaban con orden de detención, pero al ser temporada de vacaciones, no se encontraban en el país en el momento. Ellas, a través de su abogado, se pusieron a disposición de la justicia y tomaron el primer vuelo de regreso a Argentina. A pesar de ello, la fiscalía sin motivo alguno libró órdenes de captura internacionales que llevaron a que, al momento de ingresar al país, en vísperas de navidad, fueran detenidas. (Avances y retrocesos, panorama del aborto en América Latina)

Los medios de comunicación locales y sectores políticos empezaron a denominarlas como una red de “aborto clandestino” y “prófugas de la justicia”. Además, a la médica la acusaron de encubrimiento de prácticas ilegales. Su detención causó impacto en organizaciones de derechos humanos, que reprocharon el accionar de la justicia. Fueron liberadas, pero a la fecha ellas aún enfrentan un proceso penal en su contra que profundiza el estigma sobre el aborto y su acompañamiento.

Ellas no estaban haciendo nada ilegal. “Dar información y acompañar decisiones no es delito”, afirma a El Espectador Mayca Balaguer, de la Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps). No obstante, el caso de las socorristas de argentina no es ninguna excepción. En Latinoamérica, a medida que se ha regulado el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se ha encrudecido la criminalización hacia quienes dan información y acompañamiento de estos procedimientos.

De igual forma, a nivel regional hay una preocupación por el aumento de casos de violación del secreto profesional médico, el cual es ampliamente considerado como un derecho constitucional en la mayoría de países. Sin embargo, la falta de protocolos a nivel de redes de salud, la denuncia por parte de otros actores como vigilantes en hospitales y el miedo de los médicos a ser acusados de ejercicio indebido de profesión o, incluso, por homicidio culposo aumenta las barreras. (Las confusiones que generó la Corte Constitucional sobre el aborto)

Para Martín Vidaurre, abogado de la organización Ipas Bolivia, la violación del secreto profesional está fuertemente relacionado con una violación del debido proceso. “Lo que pudimos encontrar en los casos de 775 mujeres que fueron denunciadas por aborto fue una constante vulneración de la presunción de inocencia, coerción por parte de profesionales de salud y claramente una violación del principio de no declarar en su contra”, explica el abogado a este diario.

Mientras tanto, en el Ecuador, la violación del secreto profesional también va de la mano con la criminalización a parteras y personal de salud comunitario. Así lo denuncia Ana Vera, socorrista de la Red Compañera, quien dice que es común la imputación de delitos como homicidios culposos e infanticidios. Vera añade que, “cuando se quiere criminalizar, se hace de todo y no hay un respeto a las mujeres procesadas por estos delitos. Actualmente, llevamos una denuncia activa por más de tres años en la que un médico que atendió una emergencia obstétrica declaró que ‘no violó’ el secreto profesional porque la mujer nunca dijo que su aborto fuera un secreto”.

Vale la pena recordar que las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el aborto reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes y profesionales en todo el mundo. Además, destaca la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar. (“El acceso al aborto de mujeres indígenas no se resuelve con un fallo de tutela”)

Pero lo que se observa, según Marcia Aguiluz, directora legal para América Latina de Women’s Link Worldwide, es la constante criminalización de quienes acompañan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Además, cada vez es más común que otros tipos penales, es decir, otros delitos en los códigos penales, además del aborto, sean utilizados. (Los abortos forzados de exFARC que la Procuraduría le solicita investigar a la JEP)

Uno de los países más restrictivos en materia de derechos sexuales y reproductivos en la región es El Salvador. Además de la prohibición absoluta del aborto, también se ve una criminalización de emergencias obstétricas; las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y muertes prenatales son, habitualmente, sospechosas de haberse practicado un aborto y procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.

Una socorrista salvadoreña, cuya identidad pidió ser guardada, le compartió a este diario que la persecución por el aborto va mucho más allá de las prácticas médicas. “Hay un documental sobre el caso Manuela y su sentencia que queríamos proyectar. A último momento, la sala decidió no pasarlo por miedo a incurrir en ‘apología al delito’, pareciera que la palabra ‘aborto’ en sí es lo que se convirtió en crimen”, cuenta la activista. (Manuela y Beatriz: ¿cómo es ser una mujer en un país que penaliza el aborto?)

La pregunta sobre en qué momento la defensa de derechos sexuales y reproductivos, lo cuales hacen parte de los derechos humanos, se vuelve apología al delito, pone en duda el estado de las democracias en la región y aumenta la estigmatización y criminalización de quienes necesitan un aborto o afrontan una emergencia obstétrica. “Vivimos en democracias demasiado frágiles, tomadas por la arbitrariedad y eso es un campo de cultivo para que los grupos ultras avancen para imponer una manera particular de ver este problema”, señala Susana Chávez, directora de CLACAI.

Aunque hoy en América Latina hay un avance legal hacia la regulación del aborto como un tema de salud pública, indiscutiblemente, su despenalización va más allá de sacarlo como delito de los códigos penales. Es por eso que expertas de toda la región aseguran que la persecución de quienes brindan información y acompañamiento, la violación del secreto profesional médico y la criminalización de las emergencias obstétricas solo pone en riesgo la vida y salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

*Este artículo fue posible gracias a la invitación del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) a la VII Conferencia Regional de CLACAI, realizada en Ciudad de Panamá.