Avances y retrocesos, panorama del aborto en América Latina

VII Encuentro Latinoamericano contra el aborto inseguro en la Ciudad de Panamá.

Foto: Clacai

El acceso al aborto en Latinoamérica es desigual, a pesar de ser una de las regiones en donde la protección de los derechos sexuales y reproductivos ha tenido mayor adhesión. El estudio “Leyes y sombras. Las regulaciones de aborto en América Latina y el Caribe”, presentado en el marco de la Conferencia Regional “Persistir en el cambio: el aborto es nuestro derecho”, organizada por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), revela que la “letra chica”, es decir protocolos, directrices y códigos, es lo que determina la regulación y el acceso real al derecho al aborto. (Las confusiones que generó la Corte Constitucional sobre el aborto)

“La letra chica juega un papel central en términos del acceso al aborto seguro, y también en las posibilidades que tienen las políticas públicas, los activismos y los servicios de salud de diseñar estrategias de atención de calidad y centradas en las personas”, comenta a El Espectador la abogada Sonia Ariza Navarrete, coordinadora de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital. Este estudio contempla los obstáculos y buenas prácticas de las leyes, protocolos y regulaciones del aborto de 16 países de la región. (“El acceso al aborto de mujeres indígenas no se resuelve con un fallo de tutela”)

Precisamente, América Latina no es homogénea en las garantías para los derechos sexuales y reproductivos. En materia de regulación, se encuentran los modelos que reconocen el aborto voluntario hasta un determinado momento del embarazo y causales a lo largo de toda la gestación, principalmente cuando compromete la salud de la persona gestante o el feto y en caso de violación, hasta regulaciones altamente restrictivas que penalizan el aborto en todos los casos.

En ninguno de los países latinoamericanos está legalizado el aborto voluntario sin límite de tiempo gestacional, esto se traduce que se mantienen tipos de delito y penalización. Además, Honduras, Panamá, Perú y República Dominicana aún tienen regulaciones en las que el personal de salud está obligado a denunciar la posible comisión de un delito de aborto ilegal. (Nuestras abuelas nos dieron el voto, y nuestras madres el divorcio)

“Menos de diez países penalizan completamente el aborto en el mundo, cuatro de esos están en Latinoamérica: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Y de manera completamente opuesta tenemos la marea verde de Argentina, o el fallo de la Corte Constitucional de Colombia que despenalizó casi totalmente el aborto en ese país”, explica Agustina Ramón Michel, coordinadora de la red jurídica de CLACAI.

De hecho, los países que prohíben en su totalidad el aborto son, a su vez, los que tienen peores índices de mortalidad materna, abusos sexuales, y donde más niñas deben convertirse en madres forzosamente. Por eso, si bien hay avances en la región desde 2005, aún hay una persistencia de la criminalización, muchas veces disfrazada de requisitos administrativos, que se traduce en ausencia de derechos. En palabras de la coordinadora jurídica, “el aborto se conecta directamente con la democracia”. Sin embargo, la desigualdad es enorme y una ley no se traduce en acceso. (Violencia vicaria: cuando los hijos son usados para violentar a las mujeres)

De hecho, el estudio afirma que los requisitos para el acceso que se encuentran en las regulaciones en los países latinoamericanos se alejan de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual no establece límites para la realización de estos procedimientos. Especialmente en materia del aborto autogestionado y con medicamentos se mantienen las restricciones y dilataciones para el acceso. Por ejemplo, en el caso de Chile, en el que el aborto está permitido bajo un modelo de causales, quienes quieran acceder por medio de medicamentos a un aborto seguro deben pasar por comités o paneles médicos de autorización y además estas pastillas solo se distribuyen al interior de los centros de salud.

Igualmente, en los últimos años se han logrado avances en la eliminación de requisitos restrictivos para solicitar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ese es el caso de Ecuador, donde la Corte Constitucional del país determinó que era inconstitucional que sólo pudieran acceder al aborto por violación las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial, y ordenó regular esta práctica para todas las personas con capacidad de gestar. (¿Se debería hablar del “feminismo” o los “feminismos”?)

En cuanto a buenas prácticas halladas en la región, hay temas clave que pueden significar una diferencia entre acceder o no a un aborto seguro. Por ejemplo, el fortalecimiento de la telemedicina y la creación de un sistema de apoyo para personas con discapacidad en Colombia. También, se destaca de en Argentina el “Deber de transparencia activa” en la información relacionada con la interrupción del embarazo y en México ampliación de personal sanitario habilitado para servicios de aborto.

*Este artículo fue posible gracias a la invitación del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) a la VII Conferencia Regional del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), realizado en Ciudad de Panamá.