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El gasto realizado por el Estado argentino en salud sexual y reproductiva cayó un 57 % desde 2023, año en que asumió el presidente Javier Milei, según un informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) publicado este lunes con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
El reporte anual de Proyecto Mirar, señala que el programa de Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable de Argentina cayó un 57 % y estuvo acompañada por una disminución en las cantidades de métodos anticonceptivos adquiridos por el Estado.
La estimación del informe indica una caída del 93 % en la cantidad de mujeres protegidas entre 2024 y 2026: pasaron de 1,2 millones en 2024 a 63.000 proyectadas este año
Las reducciones presupuestarias además implicarían 840.000 mujeres menos protegidas frente a embarazos no intencionales y, según una modelización de sus autores, 240.000 embarazos no intencionales adicionales y 112.000 abortos que podrían haberse evitado.
Estima además 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales potencialmente evitables. Se trata de proyecciones realizadas a partir de los cambios en la cobertura anticonceptiva, no de muertes o abortos registrados como consecuencia de esos recortes.
En paralelo, el informe contabilizó 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE) en 20 provincias durante 2025, en el subsector público. La cifra no muestra cambios significativos respecto de 2024 en esas mismas jurisdicciones.
La tasa estimada fue de 7,45 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, prácticamente igual a la registrada en 2023 (7,49), último año con información para todas las jurisdicciones. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba concentraron el 72 % de las interrupciones informadas.
Menos anticonceptivos, más embarazos
El relevamiento advierte, sin embargo, sobre diferencias en la disponibilidad de insumos. Ante la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de discontinuar la compra de medicamentos para los servicios de aborto, 13 provincias continúan el acceso con presupuesto propio.
El informe señala que el desempeño fue heterogéneo según los insumos y las jurisdicciones.
En 2025 había además 1.846 efectores del sistema público que garantizaban el acceso a la IVE/ILE. La mayoría de los procedimientos se realizaron con medicamentos y, en 11 provincias, al menos el 90 % de las interrupciones se efectuaron hasta las 12 semanas de gestación.
Los investigadores también registran barreras para acceder a la información. Solo seis jurisdicciones contaban con un teléfono gratuito, WhatsApp o correo electrónico específico para consultas sobre IVE/ILE.
En la línea nacional 0800SaludSexual, las consultas vinculadas con interrupciones del embarazo representaron el 94 % de las llamadas, y la mayoría correspondió a personas que reportaban dificultades para acceder a los servicios.
El reporte fue elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública realizados a las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, complementados con otras fuentes públicas. Los datos sobre abortos corresponden a 20 provincias y no incluyen información del sector privado ni de obras sociales.
Desde 1990, cada 28 de septiembre se celebra mundialmente el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, una jornada destinada a visibilizar las barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y reclamar su despenalización y legalización.
Argentina cuenta desde 2021 con la Ley 27.610, que permite el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación.
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