En las últimas semanas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha tomado tres decisiones que marcan un giro en la posición internacional de Colombia frente a los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+: se retiró de una coalición internacional que promueve la igualdad y la protección de la población sexodiversa, tomó distancia de expresiones como “derechos sexuales y reproductivos” y “género” ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y volvió a adherirse al Consenso de Ginebra, una declaración que sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto”.
Esta última se conoció el jueves 8 de octubre, cuando Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), anunció su adhesión por medio de un video. A su costado había una bandera nacional y, a sus espaldas, una fotografía de De la Espriella haciendo su ya reconocido saludo de “Firme por la Patria”. En apenas un minuto y medio, Ordóñez confirmó el regreso del país a una declaración respaldada por más de 40 Estados.
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Se trata de la “Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia”, creada en 2020, durante el primer gobierno de Donald Trump, con el respaldo de países como Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda. Aunque su nombre habla de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia, el documento también sostiene que los Estados “no están obligados a promover o facilitar el aborto” y reivindica su potestad para definir sus propias políticas en esta materia. Sin embargo, no es una declaración vinculante.
El país ya había firmado el Consenso en 2022, durante el gobierno de Iván Duque, con Ordóñez como uno de sus principales impulsores desde la Embajada ante la OEA. No obstante, el gobierno de Petro retiró al país pocos meses después de asumir la Presidencia.
El Espectador conversó con María Cecilia Ibáñez, asesora sénior de incidencia para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, organización que hace parte del movimiento Causa Justa. La experta en derecho internacional, analiza las implicaciones jurídicas y políticas del regreso de Colombia al Consenso de Ginebra.
¿Qué implica que Colombia se adhiera a esta declaración?
La adhesión significa que el Gobierno colombiano actual está expresando su respaldo a una declaración política que fue promovida originalmente por la administración de Donald Trump en 2020. Una declaración política que reúne a un grupo de Estados alrededor de determinadas posiciones sobre la salud de las mujeres, la familia y el aborto. Ahí es muy importante tener en cuenta que el Consenso de Ginebra no es un tratado internacional ni una declaración adoptada por las Naciones Unidas o por la comunidad internacional en general, sino un compromiso político entre algunos países.
Esto es relevante porque quiere decir que la adhesión de Colombia no crea nuevas obligaciones jurídicas internacionales para el país. Tampoco modifica las obligaciones que el Estado ya tiene a partir de otros tratados internacionales que sí ha ratificado. Sin embargo, representa una decisión relevante sobre la política exterior del actual Gobierno.
Si esta adhesión no modifica la legislación ni la jurisprudencia colombiana sobre el aborto, ¿qué busca el Gobierno al sumarse a esta declaración y qué efectos podría tener en su política exterior?
Incorporándose al Consenso de Ginebra, lo que Colombia hace es sumarse a un grupo de gobiernos que están buscando coordinar sus posiciones y actuaciones en los espacios internacionales, específicamente en torno a estos temas. Esto quiere decir que se fomentan ciertas alianzas diplomáticas con algunos países. Hay un acuerdo, digamos, de ir con posiciones comunes a los distintos espacios internacionales y también de respaldar resoluciones o iniciativas específicas. Se trata, entonces, de un espacio de coordinación política que puede influir en el comportamiento de Colombia en los escenarios internacionales.
Esto no tiene ninguna implicación jurídica al interior del país. No cambia la jurisprudencia constitucional, no cambia la legislación ni las obligaciones que sí son vinculantes y que provienen de tratados internacionales de derechos humanos.
¿Esta decisión podría entrar en tensión con la jurisprudencia colombiana?
La decisión, sin duda, no está alineada con lo que ha dicho la Corte Constitucional, que es el principal tribunal encargado de interpretar y aplicar la Constitución en Colombia. El Gobierno tiene algo de libertad en materia de política exterior, pero eso no quiere decir que tenga una libertad ilimitada. Es importante que todo lo que haga a nivel internacional esté alineado con el ordenamiento interno y, de hecho, el presidente en su discurso de posesión se comprometió a respetar la Constitución y la legislación interna. Esto es muy relevante porque la política exterior debería estar alineada con la Constitución y con las interpretaciones que de ella ha hecho la Corte Constitucional. Pero en este caso, pues, no es así.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿qué implica reconocer el aborto como un derecho y qué consecuencias puede tener cuestionar ese reconocimiento desde el Gobierno?
El aborto se reconoce explícitamente como un derecho en Colombia. Esto ya tiene un respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con más de 30 sentencias que se han emitido desde 2006. Reconocerlo como un derecho es fundamental porque sustenta y demuestra que el acceso al aborto está directamente conectado con la protección de otros derechos, incluyendo los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad humana, a la igualdad y a la libertad.
Y siguiendo esta misma lógica, varios órganos internacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas y también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han reconocido que el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva está directamente conectado con la garantía de estos derechos. También es importante tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el aborto como un servicio de salud que debe ser regulado como tal y cuyo acceso debe garantizarse.
Cuando deja de reconocerse el aborto como un derecho, el problema va más allá del lenguaje o de una discusión abstracta. Los cuestionamientos pueden terminar convirtiéndose en barreras de acceso, desinformación y estigmatización. Y ya sabemos que todo esto no conduce, en ninguna medida, a proteger la vida.
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La declaración sostiene que “no debe promoverse el aborto como método de planificación familiar” o que “debe protegerse la vida antes y después del nacimiento”. ¿Qué implicaciones tienen estos planteamientos para los derechos sexuales y reproductivos?
Lo primero es reiterar, como ya hemos dicho en varias ocasiones, que defender la garantía del acceso al aborto no quiere decir que el aborto se esté promoviendo como un método de planificación familiar. La planificación familiar busca que las personas puedan decidir libremente si quieren tener hijos mediante el acceso a información y a métodos anticonceptivos, pero el aborto como tal no es un método de planificación familiar. Esto es un mito, es una discusión muy antigua y es algo sobre lo que no deberíamos estar volviendo.
Ninguna mujer desearía enfrentarse a una situación de abortar. El aborto, en realidad, responde a situaciones distintas que se dan en diversos contextos y a circunstancias particulares de cada mujer. Por eso, debe garantizarse como un servicio de salud y como parte de la protección de los derechos reproductivos.
Y algo similar ocurre con este tema de “la protección de la vida desde antes del nacimiento”. El derecho internacional reconoce la importancia de proteger la vida prenatal, pero también ha dicho que esa protección no puede interpretarse de manera absoluta ni utilizarse para desconocer los derechos fundamentales de las mujeres o personas gestantes. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, estableció que la protección de la vida prenatal bajo la Convención Americana es gradual e incremental. Por tanto, no puede entenderse como una protección absoluta que prevalezca sobre cualquier otro derecho.
Esta es una discusión que ya se ha abordado en el derecho internacional y demuestra que es una discusión superada. Y ahí también es muy importante tener en cuenta que la protección de la vida prenatal no es directamente contraria a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
El Gobierno también ha tomado otras decisiones internacionales, como retirarse de la Equal Rights Coalition y distanciarse del concepto de “derechos sexuales y reproductivos” ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué lectura hace de estas posiciones?
Sí, creo que todas estas decisiones tienen que analizarse en conjunto porque definitivamente están reflejando un cambio en la política exterior del Gobierno actual en materia de derechos humanos. Entonces, salirse de la Equal Rights Coalition, una alianza dedicada a promover y proteger los derechos de la población LGBTIQ+, muestra que claramente este ya no es un tema prioritario para el Gobierno. Y esto es clave porque ahí Colombia no solo participaba, sino que colideraba ese espacio.
Las declaraciones en el Consejo de Naciones Unidas esta semana, y también lo relacionado con la adhesión al Consenso de Ginebra, muestran que Colombia, a nivel internacional, en términos de postura diplomática y política exterior, se está distanciando de posturas que había defendido con anterioridad en materia de género y de derechos sexuales y reproductivos.
Sin embargo, acá es muy importante dejar claro que el hecho de que este Gobierno tenga actualmente esta postura internacional no cambia las obligaciones que ya están creadas para Colombia a través de tratados internacionales, que son instrumentos vinculantes, y tampoco cambia para nada lo que ya está establecido a nivel interno a través de sentencias de la Corte Constitucional.
Sin duda, hay una tendencia de varios países que están comportándose de la misma manera. Argentina es un ejemplo. Recientemente, otros países como Trinidad y Tobago y Honduras, también se adhirieron al Consenso de Ginebra. Esto muestra que los gobiernos de turno en la región están tendiendo a respaldar estas posturas a nivel internacional. Sin duda, es una tendencia.
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Hablemos de Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA, quien ha cuestionado la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha defendido lo que denominan “batalla cultural” y la “creencia en Dios” como fundamentos de este Gobierno. Ahora lidera nuevamente el regreso de Colombia al Consenso de Ginebra, después de promoverla en 2022. ¿Qué revela esto?
Sí, la participación de Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la OEA muestra una continuidad de las posturas que él ha defendido en materia de derechos sexuales y reproductivos. Más allá de la trayectoria individual del actual embajador en los cargos que ha tenido a nivel interno e internacional, es importante tener en mente que una cosa son sus posturas personales y otra son las posturas del Gobierno a nivel internacional.
Si bien en Colombia la Constitución reconoce la libertad religiosa y de conciencia, también es importante tener en cuenta que Colombia es un Estado laico y pluralista. Esto quiere decir que las convicciones religiosas de quienes ejercen cargos públicos deben distinguirse tanto de las acciones de política exterior como de las obligaciones constitucionales e internacionales que se aplican dentro de Colombia.
La política exterior que está asumiendo Colombia en este momento puede responder a las prioridades del Gobierno actual, porque, pues, esa es parte de su naturaleza: responder a las prioridades de cada Gobierno. Sin embargo, debe desarrollarse en el marco constitucional y legal que existe en el país. Por eso, quienes ocupan cargos públicos y tienen convicciones religiosas marcadas deben actuar dentro de ese marco.
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