“Estamos perdiendo voces”: FLIP sobre el costo del acoso sexual y laboral en el periodismo

Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los medios de comunicación deberían ser lugares para hacer preguntas. Para investigar, contrastar versiones y contar historias. Sin embargo, para muchas periodistas, también se ha convertido en un espacio en el que han tenido que aprender a esquivar comentarios sexuales, soportar malos tratos, o decidir entre denunciar y conservar su trabajo.

Desde marzo, cuando comenzaron a hacerse públicas las denuncias de acoso sexual y laboral en varios medios de comunicación bajo el movimiento “Yo Te Creo Colega”, cientos de testimonios han empezado a mostrar una realidad que permaneció diluida entre los pasillos, las advertencias entre colegas y las renuncias en silencio. Inicialmente, la ola de denuncias surgió a partir del caso de Caracol Televisión, pero en los últimos días se conocieron más relatos que señalan a altos cargos de Red+ Noticias y de El Tiempo. En medio de la coyuntura, el Ministerio del Trabajo inició indagaciones y documentó cerca de 200 casos de acoso sexual y laboral en distintos medios. Las investigaciones también dejaron al descubierto dinámicas que muchas periodistas reconocen como parte de su día a día.

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Detrás de cada mujer que ha denunciado aparece otro interrogante: ¿quiénes pueden informar en libertad y bajo qué condiciones? Para organizaciones que defienden la libertad de prensa, las violencias basadas en género no son un problema paralelo al periodismo, sino una de las formas en que se limita el ejercicio de la profesión. Porque cuando una periodista abandona una fuente por miedo, deja una investigación sin concluir o se ve forzada a salir de una redacción para protegerse del acoso sexual y laboral, también se restringe el derecho de la sociedad a estar informada desde diferentes enfoques.

En conversación con El Espectador, Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), analiza cómo el acoso sexual, laboral y la violencia de género condicionan el ejercicio periodístico, por qué las denuncias recientes no pueden entenderse como casos aislados y qué pierde la sociedad y el periodismo cuando las mujeres periodistas son silenciadas, desplazadas de sus fuentes o incluso forzadas a abandonar su carrera profesional.

Han pasado dos meses desde que comenzaron a hacerse públicas denuncias de acoso sexual y laboral en distintos medios de comunicación. ¿Qué lectura hace de este momento que atraviesa el periodismo colombiano?

En Colombia sabemos, y lo hemos denunciado así, que estas violencias basadas en género afectan la libertad de expresión. Nosotros lo que hemos visto, y lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, es que necesitamos que el periodismo se pueda ejercer en libertad, libre de violencias. Y, por supuesto, eso incluye las violencias basadas en género.

Lo que vemos es un tema que, como muchas colegas lo han dicho, viene de muchas décadas atrás. Hemos recibido denuncias de hace veinte, veinticinco o treinta años, donde las periodistas nos han comentado que así han tenido que ejercer el periodismo, en estas condiciones de hostilidad. Vemos que hay muchos temas que terminan siendo silenciados. Hay mujeres que, por la severidad del acoso sexual o laboral que han vivido dentro de las redacciones, han decidido salir del periodismo completamente. No solamente renunciar a sus trabajos, sino incluso abandonar el periodismo.

Se están silenciando voces, se están silenciando temas y se está condicionando la forma en que se ejerce el periodismo. También hemos visto, por varios testimonios, que cuando las mujeres denuncian a sus superiores jerárquicos o a recursos humanos, muchas veces la misma respuesta institucional es insuficiente. A veces la respuesta, con la intención al menos discursiva de protegerlas, termina quitándoles las fuentes, cambiándolas de lugar de trabajo o cambiándolas de equipo.

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Hasta el momento, se ha conocido la salida de varios directivos y periodistas con cargos de liderazgo en distintos medios de comunicación. En Caracol Televisión, con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas; en Red+ Noticias, con Giovanni Celis; y también han surgido cuestionamientos sobre la salida de Gabriel Meluk de El Tiempo. ¿Qué nos dice este panorama sobre la forma en que operan las violencias basadas en género al interior de las redacciones?

Este problema adquiere una gravedad particular cuando quienes ocupan posiciones de poder dentro de los medios de comunicación, y además tienen la responsabilidad de garantizar entornos seguros, terminan siendo señalados por ejercer violencias contra las mujeres.

Y eso es algo que hemos visto de manera reiterada. Estas violencias suelen estar asociadas a relaciones jerárquicas desiguales y al uso indebido del poder para intimidar, silenciar o excluir. Quienes ocupan posiciones de autoridad tienen una capacidad mucho mayor para ejercer presión y para impedir que determinadas situaciones salgan a la luz pública.

Pero también hay que entender que estos casos son apenas una parte del problema, son la punta del iceberg. Cuando aparecen denuncias contra personas muy reconocidas, lo que estamos viendo es una expresión visible de una problemática mucho más amplia. Y esa problemática atraviesa distintos niveles de las organizaciones. También hemos visto casos que involucran a personas con niveles intermedios de poder y situaciones que afectan especialmente a practicantes o periodistas que están comenzando sus carreras. Por eso es tan importante que existan mecanismos seguros de denuncia dentro de los medios de comunicación.

Lo que tienen en común muchos de estos casos es la existencia de relaciones desiguales de poder y es justamente allí donde suele producirse el abuso. Este fenómeno no ocurre solamente en los grandes noticieros nacionales, lo vemos también en emisoras locales, medios regionales y otros espacios de trabajo periodístico.

Cuando existen relaciones jerárquicas desiguales, aumenta el riesgo de que se produzcan abusos de poder. Y muchas veces quienes ejercen esas violencias se aprovechan precisamente de esa diferencia de poder para actuar con mayor impunidad.

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¿Qué riesgos enfrentan las periodistas cuando trabajan en entornos donde el acoso sexual y la violencia son tolerados, minimizados o no reciben la respuesta adecuada?

Se generan entornos de muchísima intimidación. Lo hemos visto incluso en periodistas que apenas están comenzando su carrera. Muchas enfrentan estas situaciones desde sus prácticas profesionales, antes incluso de graduarse de la universidad. Eso limita su participación dentro de las redacciones y termina condicionando los temas y las agendas informativas que pueden cubrir.

Digamos que el acoso sexual muchas veces termina siendo también una forma de control: si se accede a este tipo de conductas, entonces se les terminan dando más oportunidades de trabajo; o, si no acceden, dejan de enviarlas a viajes internacionales o a viajes locales. En muchos casos, además, genera autocensura y, en los casos más graves, incluso el abandono de la profesión.

Vemos también otros aspectos. El impacto en la salud mental de las propias periodistas es gravísimo. El acompañamiento psicosocial no es algo usual dentro de los medios de comunicación. Cuando se activan las rutas o los protocolos, si es que los medios llegan a tenerlos, porque no todos cuentan con protocolos de género al interior, el apoyo psicosocial no suele activarse. Incluso el acompañamiento legal, en muchísimas ocasiones, tampoco es ofrecido cuando se requiere.

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¿Qué ocurre cuando esas denuncias se hacen públicas?

Ahí también aparecen otras consecuencias. Vemos nuevamente la limitación de coberturas, la exclusión de ciertos temas y, además, hemos visto repercusiones legales contra periodistas que deciden hacer públicas sus denuncias.

Hemos visto casos de periodistas que terminan siendo demandadas por injuria y calumnia después de denunciar. También hemos visto, particularmente en estos últimos dos meses, que la protección de los datos personales no siempre ha sido la mejor. En muchos casos hemos observado situaciones en las que podrían haberse presentado filtraciones de información de quienes denuncian, poniendo en riesgo la confidencialidad de esos procesos.

Eso aplica tanto para denuncias realizadas dentro de los medios como para las denuncias que se pudieron presentar en las iniciativas impulsadas por el Gobierno y el Ministerio del Trabajo. Por eso es tan importante proteger los datos personales de las mujeres periodistas que denuncian. Hay que protegerlas en todos los sentidos, comenzando por la confidencialidad.

Muchas mujeres no quieren hacer públicos sus casos, y esa decisión, por supuesto, debe respetarse. Deben existir garantías para que esa decisión pueda mantenerse. Y cuando sí hacen públicas sus denuncias, también debe mantenerse una protección integral, tanto por parte de los medios como de las autoridades.

Incluso después de denunciar aparecen nuevas formas de silenciamiento. A veces la censura no es directa. No necesariamente las sacan del equipo o les quitan la fuente. Pero empiezan a ser catalogadas como mujeres difíciles. Empiezan los comentarios de: “Con ella es complicado trabajar”, “no la manden sola”, “ella es la que dice que la están acosando”. Empiezan a activarse todos esos estereotipos de género que ya conocemos y que operan también dentro de las salas de redacción. Y eso es gravísimo.

¿Qué nos dice lo que está pasando sobre las condiciones laborales que existen hoy dentro de las redacciones?

Hay investigaciones que muestran que la cantidad de mujeres que ingresan a estudiar comunicación social o periodismo en Colombia es significativamente mayor que la de los hombres. Sin embargo, cuando uno analiza cuántas de esas mujeres terminan trabajando efectivamente en medios de comunicación, encuentra casi el fenómeno contrario.

Vemos muchas mujeres interesadas en ejercer el periodismo, pero una vez se enfrentan a la realidad de cómo funcionan algunos medios de comunicación y a las dinámicas que existen dentro de ellos, muchas deciden no continuar en la profesión. Algunas abandonan completamente el periodismo y otras migran hacia otros campos de la comunicación.

Y ni se diga de cubrir algunos temas que históricamente han sido cubiertos por hombres, como los temas de política, conflicto armado, corrupción o deportes. Son coberturas que tradicionalmente han estado dominadas por hombres. Y cuando las mujeres llegan a esos espacios, aportando visiones distintas y queriendo incorporar enfoques de género en cualquiera de los temas que cubren, se enfrentan a hostilidades dentro de las propias redacciones.

Pero también hay que agregar otras capas. Estamos en una sociedad que ha normalizado la violencia contra las mujeres. Estamos en una sociedad machista y sexista, donde la violencia de género muchas veces no es comprendida en toda su dimensión. Siguen apareciendo comentarios como: “Ya no se les puede decir nada” o “Ya no se puede hacer un piropo”.

Y así se empieza a normalizar el lenguaje sexista en las interacciones cotidianas de la sociedad. Por supuesto, todo eso también se replica dentro de las salas de redacción y termina condicionando la manera en que las mujeres ejercen el periodismo.

También vemos que esto se relaciona con lo que ocurre con la violencia de género en general en Colombia y con los bajos niveles de denuncia. Cuando hay acoso sexual, abuso sexual o violaciones, los niveles de denuncia siguen siendo muy bajos. Las mujeres saben lo que implica denunciar. Saben que muchas veces existe impunidad, que la carga de la prueba termina recayendo sobre ellas y que después de denunciar tienen que enfrentar comentarios de colegas, de sus entornos laborales o incluso cuestionamientos públicos.

Si ampliamos aún más la mirada, vemos que incluso la violencia de género puede venir desde las más altas esferas del poder. Por ejemplo, está el caso de “muñecas de la mafia”, que presentamos junto con otras organizaciones a favor de 19 periodistas. En ese caso documentamos precisamente este tipo de violencia. Se trata de expresiones que terminan legitimando o normalizando ciertas agresiones contra las mujeres periodistas.

Cuando desde posiciones de poder se refieren a periodistas como “muñecas de la mafia”, se genera un efecto que va mucho más allá de una simple frase. Nosotras analizamos lo que ocurrió después de esas declaraciones y encontramos una enorme ola de violencia digital contra mujeres periodistas. Monitoreamos durante una semana la conversación digital relacionada con esa etiqueta durante 2024. Encontramos más de 300.000 publicaciones, la participación de más de 81.000 cuentas y cerca de 138 millones de visualizaciones.

Y eso ocurrió en apenas una semana. Entonces tenemos la estigmatización contra mujeres periodistas desde altos niveles de poder, la estigmatización contra la prensa en general y la violencia estructural contra las mujeres. Todos esos factores terminan haciendo más difícil el ejercicio periodístico, especialmente para las mujeres.

Por eso hablamos de múltiples capas de violencia: las que ocurren dentro de las redacciones, las que vienen desde las fuentes, las que surgen del contexto general de violencia y las que afectan al periodismo en Colombia en su conjunto.

¿Qué significa que sean mujeres periodistas las que están denunciando en estos meses?

Es muy importante el movimiento que se ha dado en estos meses. Cuando una mujer denuncia y otras mujeres identifican patrones similares, empiezan a reconocer que no se trata de hechos aislados. Empiezan a decir: “A mí también me pasó”, “yo también viví algo parecido con esa misma persona”, o “eso ocurrió hace diez años y ya se había denunciado”. Ese reconocimiento colectivo es muy importante.

¿Cómo impacta todo esto en la libertad de prensa?

Lo que está ocurriendo es que estamos perdiendo voces y opiniones completamente relevantes para comprender la realidad del país. Estamos teniendo menos libertad de prensa y menos libertad de expresión porque estamos limitando y condicionando esas voces. Entonces tenemos menos periodistas ejerciendo su profesión y menos periodistas queriendo participar en el debate público.

Además, lo hemos visto en muchos casos: periodistas que abandonan la profesión no solamente por la violencia interna dentro de los medios, sino también por la violencia que enfrentan fuera de ellos. Lo que vemos es autocensura, silenciamiento y, en consecuencia, menos libertad de prensa.

¿Qué pierde el periodismo cuando las mujeres se ven condicionadas, limitadas en sus posibilidades de ejercer la profesión?

Cuando las mujeres enfrentan campañas de acoso, amenazas o violencias, se limita su participación en la conversación pública. Y hay algo importante: las amenazas contra mujeres periodistas tienen características particulares. Muchas veces incluyen amenazas de violencia sexual, amenazas contra sus familias, ataques dirigidos a sus hijos o seres queridos, así como cuestionamientos basados en estereotipos de género.

Además, el mensaje no está dirigido únicamente a la periodista que recibe la agresión. El mensaje también va dirigido a las demás mujeres periodistas. Es una forma de advertirles cuál puede ser el costo de participar en el debate público.

Por eso perdemos voces y perdemos mujeres participando en la conversación pública. Y eso produce más formas de autocensura y también deteriora el pluralismo informativo. Y cuando eso ocurre, tenemos menos perspectivas, menos experiencias y menos formas de comprender la realidad colombiana.

Perdemos distintas maneras de conectar con las audiencias y distintas formas de comunicar. Además, se afectan las coberturas de alto interés público. Porque este tipo de violencia suele dirigirse precisamente contra quienes cubren temas sensibles: corrupción, conflicto armado, política, derechos humanos o asuntos de género.

Se pierde el talento y la experiencia periodística de todas estas mujeres que están siendo acosadas. Algunas abandonan fuentes, otras cambian de profesión, otras salen temporalmente del espacio público y otras deciden dejar de ser visibles. Incluso muchas mujeres han terminado exiliándose debido a estas presiones, tanto internas como externas. Y esa pérdida no es solamente individual, es una pérdida para todo el ecosistema informativo. Y cuando hablamos de ecosistema informativo también hablamos del derecho de la ciudadanía a estar informada.

Es muy importante entender que la violencia basada en género no es solamente una agresión contra una persona. También tiene un efecto colectivo. Cuando hay menos voces en los medios de comunicación, se limita la circulación de información y el debate público se empobrece.

¿Qué mensaje queda hoy para las mujeres periodistas que han vivido situaciones similares y que todavía no se sienten seguras para denunciar?

Yo creo que lo más importante es que sepan que no están solas. Somos muchas mujeres, muchas organizaciones y muchas colegas que estamos dispuestas a acompañarlas. Podemos acompañarlas de distintas maneras.

A quienes quieran hacer públicas sus denuncias. A quienes prefieran no hacerlo públicamente y quieran explorar otras rutas, incluidas acciones legales. Desde la FLIP podemos acompañarlas directamente o ponerlas en contacto con organizaciones que brindan acompañamiento jurídico, psicosocial u otros tipos de apoyo.

Pero el mensaje principal es ese: no están solas. Estamos aquí para escucharlas, les creemos, sabemos que estas situaciones ocurren dentro de los medios de comunicación y sabemos también que muchas mujeres ya no están dispuestas a permanecer en silencio frente a estas violencias.

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