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En una extensa entrevista con la revista Semana, el director de la Policía de Colombia, Henry Armando Sanabria Cely, expresó una vez más sus creencias católicas y, desde esa mirada, reprochó derechos humanos como el aborto. Ya lo había hecho en su cuenta de Twitter y mientras estuvo liderando años atrás la entidad en Cartagena. El problema no es que el general sea religioso, de acuerdo con expertos consultados por este diario, sino que antepone esas creencias en su rol como funcionario y desinforma desde una posición de poder, pues el aborto, por ejemplo, es un derecho en Colombia desde 2006 y ha sido ratificado como tal por diversos organismos y cortes internacionales. (“La gente está indignada, cansada y desmotivada”: oficial de la Policía Nacional)
Algunas de las afirmaciones de Sanabria en Semana fueron las siguientes: “El aborto es matar a una personita que se está formando y el artículo 91 del Código Civil dice que hay que proteger la vida del que está por nacer … es un pecado mortal”; “la Policía, de las cuatro fuerzas, es la fuerza que tiene más personas con VIH, que lleva a la muerte. Hay una comunidad LGBTIQ+ grande en la institución y no hay educación que les permita tener cuidado con lo que hacen”; y “el condón es un método abortivo, sobre todo para los casados por la iglesia”. (“No te dediques al fútbol porque te puedes morir”: el homicidio de Harold Morales en Cartagena)
Sanabria es general de la Policía, el máximo cargo al que puede aspirar un uniformado de esa fuerza. Es bogotano, tiene 51 años y ha dedicado 35 años al servicio de la fuerza pública. En el pasado, fue jefe de Administración de Recursos, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena y director de Sanidad. (”La Policía Nacional es responsable por 289 homicidios entre 2017 y 2019″: Temblores ONG)
El 19 de agosto de 2022, fue nombrado director de la Policía por el presidente Gustavo Petro y en su transmisión de mando se anunció que sería uno de los responsables de la puesta en marcha de la “política de seguridad humana” y la defensa de los derechos humanos. Cinco días después, organizaciones sociales del departamento de Bolívar publicaron un comunicado en el que se mostraron preocupadas de que el uniformado ocupara ese alto cargo, debido a que su paso por la Policía de Cartagena fue cuestionado.
Se le recuerdan dos episodios. El primero, es el homicidio de Harold Morales, un joven de 17 años que soñaba con ser futbolista, pero fue asesinado en 2020 por policías en Cartagena. Sanabria declaró en su momento que se trató de un supuesto pandillero muerto en un enfrentamiento y que el adolescente iba a armado. Al final, se supo que se trató de un montaje y tres uniformados fueron procesados. El segundo, ocurrió el mismo año y lo denunció el entonces congresista Roy Barreras, quien reveló que una joven de 36 años fue arrestada sin cargos, por orden del general, cuando hacía ejercicio físico en el barrio Castillogrande. La detención duró 32 horas.
“Sanabria es una persona que ha legitimado los abusos sistemáticos de la Policía contra la juventud negra y empobrecida de Cartagena, mantuvo un fuerte abuso de poder en la ciudad durante el paro nacional, y emitió mandatos de persecución y violencia homofóbica, transfóbica, sexista, racista y clasista. Se ha distinguido además por apariciones mediáticas con declaraciones machistas y homofóbicas, estigmatizando a las personas LGBTIQ+ al asociarlas con acoso sexual al interior de la institución”, ratificaron hace poco organizaciones como Caribe Afirmativo. (Comisión LGBTIQ del Congreso exigió al general Sanabria que se retracte)
En la entrevista con la revista Semana, dedicada mayoritariamente a conversar de sus posturas religiosas, el general tenía su uniforme puesto y habló desde su oficina donde se exhibieron símbolos católicos. De acuerdo con Caribe Afirmativo, esto va en contravía de la libertad del culto en la institución y de lo dispuesto por la Corte Constitucional, ya que en el desarrollo de las funciones del Estado “no cabe la promoción, patrocinio o incentivo religioso”. El general “pone su fe religiosa sobre la Constitución y los derechos humanos”, concluyó Caribe Afirmativo.
El Espectador recopiló las afirmaciones hechas por el general en la entrevista con Semana y expertos consultados por este diario explican por qué van en contra de los derechos humanos.
Afirmación 1: el aborto es matar a una personita que se está formando
Lo que dicen los derechos humanos: el aborto es una decisión y un derecho humano
Aunque el general Sanabria mencionó que el aborto es un derecho de acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional, dijo que, desde el punto de vista teológico, como él lo expresa abiertamente en la institución, es matar a una persona que se está formando y, por ende, es un pecado mortal.
Sandra Mazo, directora de Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, califica esta afirmación de “mentirosa, sesgada, discriminatoria y cargada de odio”, pues el aborto es un derecho desde 2006 en el país y hoy se puede abortar de forma libre hasta la semana 24, y a partir de ahí se activan tres causales para hacerlo.
“El general tiene el deber de respetar y acatar esas disposiciones constitucionales, tiene el deber de garantía de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, niñas y personas gestantes. Esto bebería ser una alerta para el gobierno y las instituciones, para que investiguen estos comportamientos y la ola de desinformación que ha provocado el general e impongan las sanciones y recomendaciones necesarias. El general tiene que expresar excusas públicas por las mentiras expresadas contra las mujeres y el derecho al aborto en Colombia”, respondió Mazo.
Afirmación 2: la Policía, de las cuatro fuerzas, es la fuerza que tiene más personas con VIH, que lleva a la muerte, hay 12 mil policías con VIH
Lo que dicen los derechos humanos: vivir con VIH hace parte de la intimidad
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, explica que, al revelar esta cifra, Sanabria viola el derecho de la intimidad, porque vivir con VIH hace parte de la intimidad de las personas, que deberían poder desarrollar su proyecto de vida sin estigmatizaciones. “Se está filtrando información sobre la situación serológica de los trabajadores, lo que viola el derecho a la intimidad”.
Vivir con VIH tampoco es sinónimo de muerte. La medicina ha avanzado y las personas pueden vivir con el virus de inmunodeficiencia humana manteniendo su carga retroviral adecuadamente. Pablo Suárez, activista por los derechos de las personas que viven con VIH y asesor en comunicaciones del Instituto Raza e Igualdad, aclara que las personas no se mueren por VIH, sino por complicaciones relacionadas con el SIDA; y no son lo mismo. “Existen métodos de prevención como la profilaxis preexposición (PreP), que es el tratamiento para prevenir el VIH”, agrega Suárez.
Afirmación 3: hay una comunidad LGBTIQ+ grande en la institución y no hay educación que les permita tener cuidado con lo que hacen (respuesta a la pregunta ¿por qué hay tanto VIH?)
Lo que dicen los derechos humanos: nadie puede ser discriminado por su orientación sexual o identidad de género
Pablo Suárez cree que asegurar que el VIH es un tema exclusivo de las personas LGTBI+ es una forma de violencia por prejuicio y, desde su posición de autoridad, es bastante peligroso que Sanabria haga este tipo de declaraciones, ya que promueve la desinformación, el estigma y discriminación. El VIH no es un asunto exclusivo de las personas LGTBI+, todas las personas que tiene una vida sexual activa tienen riesgo de transmisión.
“El estado serológico de una persona no está relacionado con su orientación sexual, identidad y o expresión de género, sino con los métodos de protección de los que haga uso en sus encuentros sexuales. Por ejemplo, poco se habla de las mujeres y el VIH. Según la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud y Protección social, al 2022, el número de mujeres cisgénero y heterosexuales que viven con VIH en Colombia llego a 40.000 aproximadamente”, explica Suárez.
Por su parte, Castañeda agrega la orientación sexual también hace parte de la intimidad de las personas y deben existir garantías para quien decida expresarla públicamente, pero no se le puede exigir a nadie revelar su orientación sexual para estar en un espacio laboral. “La afirmación de Sanabria confunde, porque estaría indicando que la Policía está exigiendo que las personas revelen su orientación sexual”.
En su opinión, también se le estarían atribuyendo conductas inapropiadas solo las personas LGBTIQ+, lo que va en contra del derecho a la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. Es como si se dijera que las personas LGBTIQ+ son irresponsables solo por su orientación sexual e identidad de género y eso las hace objeto para ser “reeducadas”, lo que es prejuicioso.
Afirmación 4: el condón es un método abortivo
Lo que dicen los derechos humanos: el condón es un anticonceptivo y la anticoncepción es un derecho humano, porque cada tiene puede elegir cuándo o no tener hijos
Laura Gil, ginecóloga y cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, aclara que médicamente el condón no es un método abortivo, es un método anticonceptivo, es decir que previene la concepción, no deja que se fecunde el óvulo. A diferencia de éstos, los métodos abortivos son aquellos que se usan después de que se ha fertilizado el óvulo, es decir, cuando ya hay concepción. El condón lo que hace es evitar que los espermatozoides se encuentren con el óvulo para evitar (no para interrumpir) un embarazo.
Paradójicamente, el condón también es vital para prevenir el VIH. Pablo Suárez cuenta que, gracias a los métodos de barrera como el condón, se pueden prevenir ésta y otras infecciones de transmisión sexual, así como embarazos no deseados.
Después de conocerse estas declaraciones, el Ministerio de Defensa anunció que verificará si las creencias religiosas del general tienen incidencia en su labor como director de la Policía. Para Sandra Mazo, es claro que sí hay una injerencia y que las expresiones públicas de Sanabria se han alejado “del deber de neutralidad y el principio laico”. Kennetk Burbano, abogado y director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, añade que bastaría con mirar las denuncias que, ocultando la identidad, han hecho varios miembros de la Policía en medios de comunicación.
“La gente está indignada, cansada y desmotivada”, narró un oficial de la Policía en la entrevista con la periodista Cecilia Orozco, publicada el fin de semana en El Espectador. El uniformado afirmó que la institución está sometida a un extremismo católico y describió situaciones de favoritismos o castigos relacionadas exclusivamente con manifestaciones religiosas, y no con la calidad del servicio. Prueba de ello, según la fuente, es que el general Sanabria no atiende a quien se haya divorciado, a quien conviva en unión libre o a quien pertenezca a las comunidades LGBTI, supuestamente porque la religión no se lo permite.
“¿Dónde están la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo? Organismos que tienen como función la protección de los derechos humanos y que deben actuar ante posibles faltas disciplinarias e incluso penales”, reprocha el abogado Burbano. El general Sanabria, por su parte, no atendió la solicitud de entrevista a este diario.
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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