Las mujeres privadas de la libertad en Colombia enfrentan una situación crítica en cárceles que no han sido diseñadas para responder a sus necesidades específicas. Solo cuatro establecimientos penitenciarios en el país son exclusivamente femeninos, mientras que la mayoría de las reclusas están en anexos dentro de cárceles para hombres. Esta situación las expone a hacinamiento, falta de atención en salud sexual y reproductiva, y mayores riesgos de violencia.
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En las últimas dos décadas, el número de mujeres en prisión ha aumentado en un 333%, una cifra alarmante si se compara con el incremento del 120% en la población carcelaria masculina. Este fenómeno, lejos de ser una simple tendencia estadística, evidencia una problemática estructural: la feminización de la pobreza y la exclusión social, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.
Según el informe “Mujeres en Prisión: Violencias que atraviesan muros”, presentado por la Corporación Humanas, Dejusticia y la Corporación Mujeres Libres, organizaciones integrantes de la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, el 70% de las mujeres privadas de la libertad en el país han sido encarceladas por delitos menores relacionados con la economía informal o el microtráfico. Asimismo, señala cómo la pobreza extrema empuja a muchas mujeres a delinquir, en contraposición a los delitos perpetrados por los hombres, y denuncia que el sistema penitenciario no considera las condiciones que llevaron a las mujeres a cometer dichos delitos.
Hacinamiento y vulneraciones a los derechos fundamentales
Se estima que más de 16.118 mujeres están en cárceles del Estado. Este dato es incompleto porque no incluye a otras mujeres que privadas de la libertad en lugares no aptos para la reclusión permanente, como estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI), bodegas y cualquier otro sitio utilizado por las autoridades para retener a personas sindicadas —es decir, a aquellas que están a la espera de ser procesadas o condenadas—, o aquellas a las que no se les asigna un cupo en el sistema penitenciario, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Según el informe, el INPEC reporta un hacinamiento femenino del 1,64%, pero este dato omite la situación de mujeres en centros de detención transitoria y en espacios no adecuados para su reclusión. En algunos establecimientos, el hacinamiento supera el 200%, como en la cárcel de Pitalito, Huila, donde hay 57 mujeres en un espacio diseñado para 18. “Después de 26 años, seguimos en Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que no ha garantizado los derechos fundamentales de las mujeres en prisión”, comenta en entrevista con El Espectador Angélica Beltrán, Coordinadora de la Línea de investigación Mujeres en Cárceles y Libres de la Corporación Humanas.
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Históricamente, el sistema penitenciario fue concebido para la población masculina, sin considerar las necesidades específicas de las mujeres. “Las cárceles fueron diseñadas para hombres porque eran quienes históricamente cometían delitos, pero con el aumento del encarcelamiento femenino, no se han hecho las adecuaciones necesarias para responder a sus necesidades”, explica Beltrán. Hoy, el 75% de las reclusas son madres cabeza de hogar, y muchas de ellas pierden el contacto con sus hijos debido a traslados arbitrarios o la falta de recursos para visitas. “Cuando un hombre es encarcelado, su pareja o su madre suelen visitarlo y apoyarlo. Pero cuando una mujer es encarcelada, muchas veces es abandonada por completo”, agrega la investigadora.
Múltiples violencias basadas en género
Cinco de los diez delitos más cometidos por mujeres en Colombia están vinculados a la precariedad económica: microtráfico de drogas, hurto, concierto para delinquir, extorsión y estafa. La feminización de la pobreza juega un papel clave en la relación de las mujeres con la criminalidad, ya que muchas recurren a actividades ilícitas como única opción de supervivencia. Como reveló un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia, el 80% de las mujeres en prisión por delitos de drogas provienen de los estratos socioeconómicos más bajos, y el 58% afirmó que lo hicieron para solventar las necesidades de su hogar. Esto significa que la mayoría de las mujeres que cometen crímenes lo hacen por motivos económicos, para garantizar el sustento de sus hijos e hijas y personas a su cuidado.
La violencia sexual y los abusos motivados por el género que ocurren en las prisiones también prende las alertas de las organizaciones investigadoras. Entre 2013 y 2024, la Fiscalía registró 22 casos de delitos sexuales en centros penitenciarios, en los que al menos uno de los agresores era miembro de la fuerza pública. Sin embargo, la cifra real podría ser mucho mayor debido al miedo a las posibles represalias y a la falta de garantías para la denuncia por parte de las internas.
Los testimonios recopilados por la Comisión sobre la situación de estas mujeres en prisión revelan prácticas de acoso y abuso por parte de guardianes, quienes en algunos casos exigen favores sexuales a cambio de beneficios o reducción de sanciones. “El sistema de denuncias y de quejas en este momento tiene una falencia estructural, y es que el INPEC tiene una Policía Judicial que es el principal mecanismo para presentar denuncias en la cárcel. Pero esta Policía Judicial es un organismo del INPEC. Entonces, finalmente, el INPEC termina siendo arte y parte en este proceso”, denuncia Beltrán.
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Por otra parte, se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de la libertad. La falta de acceso a productos de gestión menstrual en las cárceles, como toallas higiénicas, tampones o copas menstruales, es una problemática recurrente. A pesar de la promulgación de la Ley 2261 de 2022, que garantiza el suministro de estos insumos, la realidad es otra. Por ejemplo, en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, las internas denunciaron que, en cuatro meses, solo recibieron 20 toallas higiénicas, muy por debajo del mínimo mensual de diez toallas establecido por la ley.
Además, muchas mujeres privadas de la libertad no pueden elegir ni tienen acceso a métodos anticonceptivos y de planificación familiar. De igual forma, enfrentan serias barreras para acceder a atención médica especializada de salud sexual y reproductiva, incluyendo el derecho al aborto. “En una visita a la cárcel de Pedregal (Antioquia) encontramos que dos mujeres habían hecho de manera recurrente al INPEC y al sistema de salud penitenciario para que les proveyeran anticonceptivos y se los negaron. A raíz de esto quedaron en embarazo y nunca les fue ofrecida la posibilidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo”, comparte Beltrán a El Espectador.
El estigma de la “mala madre”
El 94% de las mujeres en prisión son madres, muchas de ellas cabeza de hogar. Para julio de 2024, el INPEC reportó 60 mujeres embarazadas y 41 en periodo de lactancia. La separación de sus hijos genera profundos impactos emocionales y afecta la salud mental de las reclusas. Uno de los mayores estereotipos que ellas enfrentan es el de ser consideradas “malas madres”. La sociedad tiende a juzgarlas más severamente que a los hombres en prisión que tienen hijos, bajo la idea de que las mujeres fallaron en su rol de cuidadoras. Sin embargo, como reitera el informe, la realidad es que muchas de estas mujeres delinquieron precisamente para garantizar el bienestar de sus hijos.
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Este estigma no solo afecta su salud mental, sino que también dificulta su reinserción social. Según Beltrán, “las mujeres presentan mayores tasas de depresión y afectaciones mentales por estar en la cárcel, y eso está muy asociado al estereotipo de que las mujeres deben ser ‘buenas’, deben estar en el escenario de lo privado, no deberían haberse vinculado a actividades criminales”. Esto persiste una vez recuperan su libertad, las mujeres enfrentan mayores barreras para la reinserción social y económica, pues son más estigmatizadas que los hombres cuando salen de prisión. Las mujeres tienen menos acceso a empleo formal y al sistema financiero, lo que, en palabras del informe, “las lleva a un círculo de exclusión que muchas veces las empuja de nuevo a la criminalidad”.
¿Es la cárcel la única respuesta?
Para las investigadoras, el encarcelamiento femenino en Colombia es un reflejo de las profundas desigualdades de género sociales y de un sistema penal que castiga con mayor rigor a las mujeres en condiciones vulnerables. A pesar de las condiciones precarias y la falta de un enfoque de género en las políticas penitenciarias, existen propuestas de reforma. Una de ellas es la implementación de penas alternativas, como lo establece la Ley 2292 de 2023. Esta normativa permite que las mujeres cabeza de familia cumplan su condena en detención domiciliaria realizando trabajo comunitario. Sin embargo, a la fecha, solo el 5% de las mujeres que podrían beneficiarse han accedido a esta medida debido a barreras burocráticas.
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Desde esta perspectiva, el informe de la Comisión de Seguimiento a la Vida en cuestiona si la prisión es la mejor respuesta para todas las mujeres privadas de la libertad. Muchas de ellas no representan un “peligro para la sociedad”, ya que los crímenes que cometieron surgieron por precariedades que el Estado no ha atendido adecuadamente. Por ello, sugieren que la privación de la libertad debería ser la última opción, priorizando en su lugar medidas alternativas que eviten la ruptura de sus lazos familiares y comunitarios.
Por Mariana Escobar Bernoske
