Quemar anticonceptivos y recortar la salud reproductiva: las decisiones de Trump en un año

Recortes, restricciones y señales políticas definieron el primer año del segundo mandato de Donald Trump en materia de salud reproductiva.

Foto: Las Igualadas

De la incineración de millones de dólares en métodos anticonceptivos al desfinanciamiento de programas, el primer año de Donald Trump estuvo marcado por múltiples ataques y retrocesos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Un escenario que ya se anticipaba desde su campaña y que, tal como se pronosticó, tomó forma hace un año: desfinanciamiento, estigmatización, desinformación y demandas son algunos de los ejes que, según expertas, definieron este periodo de ataques directos contra los derechos reproductivos.

“Básicamente, durante el primer año de este segundo mandato del presidente Trump se ha restringido aún más el acceso a servicios de salud reproductiva y específicamente el acceso al aborto en Estados Unidos, y esto tiene un impacto en efecto en el resto del mundo y en nuestra región”, dice María Fernanda Perico, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos a El Espectador.

Solo cuatro días después de su discurso de posesión, en el que millones de personas escucharon su arremetida contra las personas con experiencia de vida trans como una de las banderas del nuevo gobierno, el presidente republicano adoptó su primera medida: conceder indulto a 23 personas condenadas por bloquear el acceso a clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo o por forzar su cierre temporal mediante protestas antiabortistas.

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Y al día siguiente, optó por revocar dos órdenes ejecutivas firmadas durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden, que protegían el acceso al aborto. En paralelo, firmó un decreto para recortar la financiación a organizaciones de la sociedad civil y reincorporó a Estados Unidos a la llamada “Política de Ciudad de México de 1984”, también conocida como la “Ley Mordaza Global”, que obliga a las organizaciones que reciben fondos estadounidenses a declarar que no participarán en ningún tema relacionado con el aborto.

Una política que ha sido restablecida por todos los presidentes republicanos desde que fue introducida por primera vez por Ronald Reagan en 1984. En esta ocasión, Trump la rebautizó como “Política de protección de la vida en la asistencia sanitaria mundial”, una denominación que recurre a un lenguaje aparentemente técnico y científico y que, según expertas, encubre la intención política de intervenir y restringir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.

Con estas decisiones, Trump dejó clara, pocos días después de su posesión, la hoja de ruta de sus políticas en esta materia. Lo que siguió durante el primer año de su segundo mandato fueron medidas, tanto simbólicas como normativas, que hoy impactan directamente la vida de cientos de mujeres y personas con capacidad de gestar. “Quienes se ven más afectadas por estas medidas, según se ha documentado ampliamente por la sociedad civil en Estados Unidos, son las niñas y mujeres racializadas, migrantes, las personas LGBTIQ+ y los grupos en situación de vulnerabilidad”, asegura Perico.

El último informe del Centro de Derechos Reproductivos, organización internacional que trabaja para defender y promover los derechos sexuales y reproductivos, rastreó siete de las medidas más perjudiciales adoptadas durante este periodo. Estas no solo afectan el acceso al aborto, sino también a los métodos anticonceptivos, la atención preventiva en salud reproductiva, y han profundizado la estigmatización y persecución de quienes deciden abortar, además de promover la difusión de mensajes cargados de desinformación, pese a la evidencia científica.

Desfinanciación, eliminación de protecciones y nuevas políticas en contra del aborto

La desfinanciación de la salud reproductiva fue más allá de las organizaciones de la sociedad civil y se trasladó directamente al sistema de salud. Una de las medidas adoptadas por el gobierno de Trump, la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA), llevó al retiro de fondos de Medicaid, el programa de salud pública de Estados Unidos que permite a personas de bajos ingresos acceder a atención médica gratuita o de muy bajo costo, a clínicas y hospitales que prestaban servicios de salud reproductiva.

“Se eliminó la financiación para más de diez millones de personas en salud, que eran principalmente mujeres embarazadas y niñas, para acceder a medicina preventiva, a educación, a información y a métodos anticonceptivos”, explica Perico. Esto obligó a que cientos de personas se vieran afectadas por el cierre de cerca de 40 centros de salud de Planned Parenthood y la pérdida de atención primaria en estados como Maine, donde se permite el aborto bajo tres causales. Medida que se ratificó en agosto de 2025 y que añadió 52 millones de dólares al déficit presupuestario federal.

Se trata de una política que no solo impone nuevas barreras a la interrupción voluntaria del embarazo y a los proyectos de vida de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, sino que también restringe el acceso a métodos anticonceptivos y a la información. “Esto quiere decir que las mujeres y las personas no solo no pueden evitar embarazos, sino que cuando quedan embarazadas tampoco pueden acceder al aborto, incluso en estados en donde se supone que el aborto es legal”, añade.

Pero los ataques no se detuvieron allí. En marzo de ese mismo año, bajo el argumento de que “no reflejaba la política de esta Administración”, el gobierno retiró la guía destinada a proteger a las personas embarazadas que requieren atención urgente ante emergencias obstétricas, incluida la posibilidad de acceder a un aborto, la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA, por sus siglas en inglés). Esta decisión se dio en un contexto en el que las complicaciones mortales asociadas a la gestación aumentaron en un 50 % en algunos estados que prohibieron el aborto, detalla el informe.

A ello se sumó el congelamiento de millones de dólares destinados a personas beneficiarias del Título X, el único programa federal de subvenciones enfocado en financiar anticoncepción, exámenes de detección de cáncer y otros servicios de salud reproductiva para personas en situación de vulnerabilidad económica, que de otro modo no podrían acceder a este tipo de atención.

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Incluso, las medidas también alcanzaron a otras poblaciones: a las personas que han servido en las fuerzas armadas de EE.UU. En diciembre de 2025, el gobierno confirmó que no ofrecerá servicios de aborto dentro del sistema de atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), ni siquiera en casos de violación, incesto o cuando la vida de la persona gestante esté en riesgo. María Fernanda Perico advierte que esta decisión afecta a veteranas y veteranos que viven en los 13 estados donde el aborto está prohibido.

“Hay todo un recorte al sistema de salud en general que termina teniendo impactos desproporcionados en materia de salud reproductiva”, concluye Perico, ante este panorama.

Sin embargo, las organizaciones sociales alertan sobre riesgos adicionales que van más allá de la atención médica. Uno de ellos es el debilitamiento de las normas de privacidad de datos de las personas que deciden interrumpir sus embarazos. En junio de 2025, el juez Mathew Kacsmaryk, designado por Trump durante su primer mandato y conocido por su postura conservadora, anuló la Regla de Privacidad de la HIPAA, que reducía el riesgo de que pacientes que accedieran a un aborto fueran denunciadas ante las autoridades. El mismo juez había amenazado en 2023 la suspensión de la aprobación de la FDA sobre la píldora abortiva mifepristona.

Entre tanto, el Centro de Derechos Reproductivos advierte que la vulneración de la privacidad no se limita a los historiales médicos. También puede derivarse de datos consignados en facturas, exámenes de laboratorio, solicitudes de medicamentos e incluso aplicaciones de celular utilizadas por las propias pacientes. Una preocupación que no es infundada. En los últimos años, procesos penales vinculados a la salud reproductiva se han iniciado a partir de “violaciones a la confidencialidad médica y a los datos privados de las personas”, señala Perico a este diario.

Miedo, persecución y desconfianza en la evidencia científica: el otro frente contra los derechos reproductivos

Pero las medidas no se limitaron a la intervención de programas, servicios médicos o al debilitamiento de la protección de datos. Durante este año, el gobierno de Trump también impulsó acciones que impactan de forma simbólica en las personas. Desde dar luz verde a la violencia contra las clínicas de aborto y cuestionar la evidencia científica, hasta la incineración de millones de dólares en métodos anticonceptivos.

“La administración de Trump se empeña en desinformar para generar culpa, estigma y miedo, y seguir promoviendo estereotipos de género sobre cómo la reproducción recae sobre las mujeres y debe ser un tema visto con culpa”, asegura la asesora legal.

Desde la caída del fallo Roe vs. Wade en 2022, que significó que el aborto dejara de ser un derecho protegido a nivel nacional y pasara a depender de las leyes de cada estado, los ataques contra las clínicas que prestan este servicio, e incluso contra las personas que deciden abortar, han aumentado. Según el informe, las denuncias de acoso pasaron de 8 en 2021 a 81 en 2022. Ataques que van desde correos electrónicos, llamadas telefónicas y bloqueos en las entradas de los centros de salud, este último llegando a 287 casos reportados.

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En este contexto, que ya advertía una creciente violencia contra las personas que ejercen su autonomía corporal y su derecho a decidir, así como contra las instituciones que brindan estos servicios, el 24 de enero de 2025 Donald Trump indultó a decenas de personas antiabortistas condenadas por violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (Ley FACE). De manera paralela, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales suspender la aplicación de esta ley, salvo en circunstancias extraordinarias. La instrucción incluyó la desestimación inmediata de tres casos civiles relacionados con la Ley FACE en Tennessee, Pensilvania y Ohio.

Lo que se traduce en que “en la práctica no hay condiciones seguras para que las personas puedan acceder a centros de salud donde se proveen servicios de aborto”, subraya Perico. Según la experta, esto también ha llevado a que se estigmatice al personal de salud, “ha aumentado en un 500 % la estigmatización hacia el personal de salud y en un 130 % las amenazas de bomba en los centros de salud donde se proveen servicios de aborto”.

A este panorama se suma la incineración de cerca de 10 millones de dólares en métodos anticonceptivos anunciada por el gobierno de Trump en agosto de 2025. Los insumos estaban destinados a República Democrática del Congo, Kenia, Tanzania, Zambia y Mali, y representaban cerca del 80 % de los anticonceptivos asignados para esa región. Según estimaciones de organizaciones internacionales, esta decisión podría traducirse en 174.000 embarazos no deseados y 56.000 abortos inseguros en esos cinco países.

La decisión estuvo acompañada de una declaración del Departamento de Estado a la emisora pública National Public Radio (NPR), en la que se calificó a estos métodos, incluidos dispositivos intrauterinos, implantes y píldoras, como “productos anticonceptivos abortivos”. Una afirmación que, aclaran organizaciones especializadas, carece de sustento científico. Los anticonceptivos, como los condones o las pastillas, evitan que ocurra un embarazo, mientras que los métodos abortivos actúan cuando el embarazo ya existe.

Esto se suma al ruido sistemático que la administración de Trump ha generado alrededor de la salud sexual y reproductiva. En esa misma línea, también se dio a conocer el inicio de una nueva investigación a la píldora abortiva mifepristona por parte de la FDA, anunciado en octubre de 2025 por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. La decisión generó rechazo entre investigadores de la salud, quienes alertaron sobre una posible politización de la evidencia científica. Existen más de 100 estudios publicados que demuestran que este medicamento, aprobado en el año 2000, es seguro y eficaz para interrumpir el embarazo.

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Todos estos episodios, es lo que la experta denomina una estrategia ejecutada “a través de la desinformación y la generación de desconfianza en la evidencia científica que ya está consolidada en el mundo en materia de salud reproductiva, sobre la seguridad de las pastillas abortivas, de la anticoncepción y también del acceso a métodos de reproducción asistida como la fertilización in vitro”, menciona Perico.

Estas medidas “tienen un impacto general en todo el país, que generan miedo y estigma, y que cuando se combinan con las medidas antimigratorias, llevan a que las mujeres accedan por fuera del sistema de salud formal a servicios de salud reproductiva que no necesariamente pueden ser seguros”, concluye.

¿Esto podría afectar el derecho al aborto en América Latina?

La respuesta es no. En varios países de la región existen hoy protecciones suficientes para que mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar puedan seguir ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos. “América Latina hoy en día es un referente en materia de salud reproductiva. Cuenta con legislaciones y marcos normativos que protegen la salud reproductiva, específicamente en materia de aborto”, dice la experta.

Eso no significa, sin embargo, que lo que ocurre en Estados Unidos pase desapercibido. Su peso discursivo en la región sigue siendo fuerte, pues históricamente “ha sido un referente en materia de derechos y de políticas a implementar”. El riesgo es que estas medidas terminen siendo replicadas por gobiernos con afinidad ideológica con la actual administración estadounidense, “que pueden verse altamente influenciados”.

Esa preocupación ya se siente en países como Argentina, donde se han registrado recortes en salud reproductiva, o en Chile, tras la llegada de un nuevo gobierno que ha expresado su oposición al aborto y a la anticoncepción.

“Yo pienso que hay un peso simbólico en los mensajes que vienen desde Estados Unidos y hay un poder político importante en esos mensajes, pero son independientes de los marcos jurídicos robustos que tenemos en América Latina y particularmente en el caso de Colombia”, concluye María Fernanda Perico.

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