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Este jueves la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo 340 de 2025, titulado “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, cuestionado por movimientos sociales de mujeres al considerar que introduce nuevas barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Ahora, el proyecto pasará a sanción de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán.
La iniciativa, presentada por la concejal Clara Sandoval, del Partido Liberal, plantea la creación de un plan de atención para mujeres durante el embarazo, la lactancia y el posparto. Sin embargo, organizaciones sociales llevan varios meses denunciando que este proyecto y su posible implementación, en lugar de ser garante de los derechos sexuales y reproductivos, podría representar un obstáculo para quienes decidan acceder al aborto. Pues plantea la exigencia de una valoración en salud mental previa, escenario en el que las personas usuarias podrían recibir mensajes disuasivos o enfrentar demoras adicionales.
Para los movimientos sociales, el proyecto de acuerdo contraviene las jurisprudencias que reconocen la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. También señalan que es una iniciativa “que pone en riesgo la vida y la salud de mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias que requieren acceder a una IVE”, subraya Laura Pedraza, profesional de incidencia política de La Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres en entrevista con El Espectador.
La llegada del proyecto al despacho del alcalde implica una decisión sobre su sanción u objeción. Pero según denuncia Pedraza, esa determinación debe ser coherente con el Plan Distrital de Desarrollo, que actualmente prioriza la reducción de la mortalidad materna y contempla rutas materno-perinatales que incluyen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. También recuerda que este escenario se debe relacionar con las declaraciones de la primera dama del Distrito, Carolina Deik, quien ha manifestado su compromiso con los derechos sexuales y reproductivos, tal como lo hizo durante la Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICPF), realizada el año pasado en Bogotá.
“Todas las alcaldías y todas las gobernaciones tienen como compromiso aplicar el programa de reducción de la mortalidad materna”, comenta Pedraza. Asimismo advierte que el proyecto de acuerdo podría llevar a mujeres que buscan una interrupción voluntaria del embarazo recurran a opciones clandestinas o inseguras ante las barreras que la iniciativa podría introducir.
Por su parte, la concejal Sandoval celebró la aprobación y recordó que fue una iniciativa que tardó alrededor de cuatro plenarias en ser debatida. “Es un proyecto de acuerdo que lo que busca es proteger a las madres gestantes, brindar información clara y completa a las mujeres, garantizar el derecho a la salud, proteger a las mujeres lactantes y la vida del que está por nacer, respetando en todo momento la voluntad de las mujeres”, señaló en su intervención. También añadió que no se trata de una medida inconstitucional ni ilegal.
Una medida estigmatizante y un servicio que ya existe
Este tipo de medidas refuerzan la idea estigmatizante de que abortar implica necesariamente una crisis emocional o una situación relacionada con la salud mental, cuando en realidad se trata de una decisión racional y válida en cualquier circunstancia, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional.
“Este proyecto de acuerdo es profundamente estigmatizante, no solo porque asocia la decisión de acceder a un aborto con problemas de salud mental, sino porque perpetúa tabúes sobre la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Quienes acceden a una IVE no lo hacen necesariamente por una condición psicológica, y asumirlo así las despoja de su capacidad plena de decisión como ciudadanas”, dice Pedraza.
Y agrega que la actual normativa de IVE ya contempla el acompañamiento psicosocial, y lo hace de forma voluntaria. “Lo que no queremos es que las mujeres tengan que acudir obligatoriamente a servicios de salud mental, psiquiatría o psicología, alargando aún más el proceso para acceder al servicio”.
Aun, frente a este panorama, durante la plenaria, el concejal Ángelo Schiavenato Rivadeneira señaló que “cuando una mujer gestante llega a una consulta médica para tener un bebé o interrumpir eventualmente un embarazo, no conoce todas las consecuencias que pueden tener. Entonces, el trabajo de uno como médico, que es lo que establece la Resolución 3280, es hacer una explicación clara y completa de cuáles son las consecuencias de cualquier cosa”.
Este proyecto de acuerdo se suma a la lista de iniciativas que buscan interponer obstáculos en el camino de quienes deciden abortar
Desde la sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24, se han interpuesto múltiples barreras que, aunque no modifican el alcance del derecho —respaldado por más de veinte fallos y reconocido como fundamental—, sí han sido utilizadas por grupos opositores para intentar poner obstáculos en su implementación.
“Hay otros tipos de barreras que se han intentado imponer, como las de carácter presupuestal y las de tipo ideológico. Sabemos que en Medellín se creó una bancada provida dentro del Concejo, dedicada a promover obstáculos a la implementación de la IVE en la ciudad”, afirma Pedraza. Para la experta, estas acciones hacen parte de las estrategias que sectores conservadores han utilizado para impedir la correcta implementación de la interrupción voluntaria del embarazo.
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Por Luisa Lara
