El pasado domingo 20 de julio inició el cuarto y último año legislativo del actual Congreso de la República. Con las elecciones de 2026 cada vez más cerca, muchos senadores y representantes comienzan a priorizar su reelección y la construcción de alianzas políticas, mientras que los esfuerzos por tramitar proyectos de ley en curso corren el riesgo de quedar en el limbo. Puntualmente, el balance en materia de género, diversidad y derechos sexuales y reproductivos muestra una combinación de avances históricos, bloqueos estratégicos y proyectos aún pendientes, los cuales definirán el legado final de esta legislatura.
Desde el inicio de este cuatrienio, el Congreso ha mostrado una mayor afinidad con los asuntos de género. Por primera vez en su historia, siete congresistas abiertamente LGBTIQ+ ocupan curules y las mujeres alcanzaron un 29,15 % de representación. Si bien, aún se está lejos de la paridad, esta ha sido una legislatura distinta tanto en su composición como en su sensibilidad política. Durante estos tres años, se han aprobado más de 40 proyectos de ley relacionados, directa o indirectamente, con asuntos de igualdad de género, los derechos de las mujeres y el reconocimiento de la población LGBTIQ+.
Algunas de las iniciativas que se convirtieron en ley incluyen la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la Ley de Parto Digno, la prohibición del matrimonio infantil, la protección a mujeres buscadoras de personas desaparecidas, así como a estudiantes gestantes y lactantes. Esto se debe, en parte, a que por primera vez el Congreso ha incorporado de manera transversal una perspectiva de género e interseccionalidad, la cual quedó consagrada y aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
De igual forma, este legislativo ha sido el que más ha abordado temas relacionados con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Desde la creación de la Comisión Accidental de la Diversidad, pasando por iniciativas “heredadas” como la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión —conocida en su momento como “Inconvertibles” y ahora como “Quiérele siempre porque no hay nada que curar”—, hasta propuestas históricas como el Proyecto de Ley Integral Trans, la población LGBTIQ+ ha estado presente en las discusiones del Congreso.
Sin embargo, también han surgido iniciativas que, según expertos, podrían representar un retroceso en materia de derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. Como ya había reportado El Espectador en ocasiones anteriores, la autodenominada “bancada provida” y “defensores de los niños” han impulsado propuestas como la prohibición de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) desde la Constitución, así como la negación de servicios médicos y psicológicos relacionados con la identidad de género en menores de edad, solo por mencionar algunos proyectos.
Lea también: Cinco proyectos de ley que podrían afectar a mujeres y a la población LGBTIQ+
Ahora bien, la gran pregunta es si este último año servirá para consolidar lo alcanzado o si, por el contrario, la coyuntura electoral y el fortalecimiento de discursos antigénero a nivel global frenarán esta agenda. Con un calendario legislativo saturado y la atención de los congresistas dividida entre sus aspiraciones políticas y la gestión legislativa, varias iniciativas emblemáticas corren el riesgo de archivarse por falta de tiempo.
La oportunidad — y el riesgo — del último año
Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, este último año representa una oportunidad única, pero también frágil. “Este no es solo el cierre de una legislatura. Es el último año del PND, el primero que dio centralidad a los derechos de las personas LGBTIQ+ y mejoró los compromisos con los derechos de las mujeres. No se puede permitir que estos avances queden sin implementación”, asegura.
Castañeda propone una ruta para este último periodo legislativo: acelerar el trámite de dos proyectos —“Quiérele siempre” y la Ley Integral Trans—; que las y los congresistas comprometidos con estos temas ejerzan control político para vigilar la ejecución de lo que ya fue aprobado; e impulsar un pacto de no retroceso con todos los partidos, en el que garantice que los derechos humanos no sean utilizados como fichas electorales. “No podemos llegar a junio de 2026 diciendo que los proyectos se hundieron por falta de tiempo. La falta de tiempo también es una decisión política”, enfatiza.
Por su parte, Viviana Vargas, abogada feminista y analista política, alerta sobre un fenómeno que también preocupa en otros países de América Latina: el uso creciente de discursos ultraconservadores como estrategia electoral. “La narrativa antiderechos se ha vuelto más sofisticada. Ya no está confinada a la extrema derecha: ha logrado permear sectores del centro, de la izquierda e incluso de los movimientos sociales”, señala en entrevista.
La experta también advierte que dejar para el último año legislativo, en plena campaña electoral, la discusión y aprobación de proyectos de ley relacionados con prevención de violencias basadas en género, derechos sexuales y reproductivos, y diversidad, es prácticamente no hacer nada. “Los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+ suelen ser usados como moneda de cambio en épocas electorales. Es probable que las bancadas no asuman el costo político de aprobarlos justo antes de las elecciones. Muchos prefieren el silencio”, explica.
Las fuentes consultadas coinciden en que los avances logrados en estos tres años no pueden atribuirse únicamente a la composición “más diversa” del Congreso, sino a la presión y articulación de los movimientos feministas y LGBTIQ+. “Estos logros han sido posibles gracias a la organización social. Cuando los derechos se vuelven impopulares, es ahí donde vemos quiénes realmente están dispuestos a defenderlos”, dice la abogada.
Además, en palabras de Castañeda, hay que recordarles a los partidos y candidatos que los derechos humanos no están sujetos a encuestas ni a cálculos coyunturales. “Colombia ya tiene un acumulado normativo y jurisprudencial que no puede ser negociado cada cuatro años. La dignidad no puede entrar al juego electoral”.
De esta manera, el último periodo del actual Congreso será decisivo no solo para el legado de esta legislatura, sino para marcar la pauta del debate electoral que se avecina. Si bien los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ han ganado espacio en la agenda pública, el riesgo de retroceso persiste. Lo que ocurra en los próximos meses podría definir no solo el futuro de varias leyes, sino también el tono democrático del país en un contexto regional cada vez más polarizado.
Por Mariana Escobar Bernoske
