Fredy Martínez Bacca es un agricultor llanero de 38 años. Hace cinco años salió de su tierra Barranca de Upía (Meta) con destino a Venezuela. Plantó en Puerto Ayacucho, en la frontera con el departamento del Vichada. Allí la siembra no le dio para subsistir, por eso se dedicó a las ventas ambulantes y vivía con lo justo. Hace once meses recibió el mejor regalo de su vida: nació su hija Emily. Desde entonces creció su arraigo en el vecino país.
Pero el pasado viernes 7 de febrero, luego de una calurosa jornada de trabajo y cuando regresaba a su casa, sin mayores explicaciones fue retenido por la Guardia venezolana. De inmediato lo trasladaron al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para ser deportado por infringir la ley migratoria de Venezuela.
Fue recluido en un pequeño calabozo de la policía municipal. Allí se encontró con otros 28 connacionales. Reseñados y fotografiados, todos permanecieron encerrados por dos noches. Dormían en el piso. No podían ver a sus familiares, que a medias buscaban caridad en la Guardia para enviarles algo de alimento. En la mañana del domingo fueron transportados al aeropuerto militar de Puerto Ayacucho.
Allí fueron separados en cinco grupos. Los obligaron a desnudarse para una requisa. Durante una hora, de rodillas y en medio de un calor infernal, esperaron el abordaje. Entre tanto, la Guardia venezolana era generosa en improperios. Uno de ellos se atrevió a protestar, pero de inmediato fue esposado.
Ya en el avión militar, los agentes no les permitieron sentarse. Uno a uno y como bultos fueron arrumados en el piso de la aeronave. Estaban advertidos de que no podían moverse. Aterrizaron en el aeropuerto Santo Domingo de San Cristóbal del Táchira. Allí la piedad apareció y hubo espacio para ir al baño. A los pocos minutos fueron expulsados a Cúcuta en un bus. Una hora después fueron recibidos por Migración Colombia, que inició acciones humanitarias.
Para citar algunos de los 28 dramas: Fredy el agricultor se quedó sin su hija de 11 meses; Elías, un albañil, llevaba nueve años en el Venezuela y lo separaron de su esposa y sus dos hijas justo cuando iban de compras; Tarsicio, un desplazado por las Farc en Curillo (Caquetá), sólo llevaba un día en ese país y cayó en la redada; José Ardila, un comerciante que vivía hace 12 años en Puerto Ayacucho, también fue deportado.
No obstante, hay un común denominador en el testimonio de casi todos: “El cónsul de Colombia en Puerto Ayacucho no nos ayudó con algo para comer, no dijo nada al ver que nos maltrataban, él sabía que entramos por Puerto Carreño y nunca les dijo a los venezolanos que por allí podríamos salir (15 minutos bastan para pasar). Tampoco nos ayudó para que nos comunicáramos con nuestras familias”, expresó el deportado comerciante Ardila.
Igual suerte corrió otro grupo de colombianos apenas la semana pasada, cinco días después de la deportación masiva en Puerto Ayacucho. El 13 de febrero, otro grupo de 36 personas fue deportado desde Punto Fijo (estado Falcón) y la capital Caracas con destino a San Antonio del Táchira. De allí, fueron entregadas al Puesto de Control Migratorio Terrestre de Villa del Rosario (Norte de Santander). Nuevamente el maltrato de la Guardia, el desarraigo, la pérdida de la familia, la desaparición de documentos y el abandono de sus pertenencias se repitió.
Hacían parte de un grupo de 120 personas que fueron deportadas con un modus operandi diferente. La mayoría estaban gestionando ante las autoridades migratorias venezolanas los trámites para regularizar su situación. Al punto que la mayoría de ellos llevaba más de cinco años en el vecino país. “Venían atendiendo citaciones mensuales con la expectativa de obtener una cédula venezolana, que les había sido prometida para marzo del presente año”, resalta un documento reservado conocido por El Espectador.
Los colombianos recibieron boletas de citación para presentarse el pasado jueves 13 de febrero. Esta vez el procedimiento parecía más expedito. Casi sin mediar palabra, en el momento de acudir a la cita para hacer el trámite de cedulación, por el contrario, fueron deportados por las autoridades, incluso con la grave sindicación de estar vinculados con grupos al margen de la ley.
A esta situación se sumo el hecho de que la Guardia Venezolana aprovechó que muchos compatriotas se habían trasladado también hasta el consulado de Colombia en Maracaibo a fin de inscribirse para votar en las próximas elecciones de marzo. De regreso a sus casas en Puerto Falcón especialmente, fueron seguidos por efectivos policiales y retenidos para deportación.
Carlos Alexánder Ospina, otro deportado, señaló: “Nosotros ingresamos a un grupo llamado Extranjeros con Chávez, reuniendo todos los requisitos exigidos, presentamos la documentación ante el Saime”, pero al fin fue deportado de Punto Fijo junto con su esposa, la modista Claudia Patricia Garavito.
La comerciante María Eugenia Silva vivía junto con su esposo hace cinco años en el municipio de Gran Sabana (estado Bolívar). Relata que fueron engañados por las autoridades migratorias, ya que estaban inscritos en un programa del gobierno venezolano llamado Colombianos en Venezuela, y periódicamente se presentaban para regularizar su situación. “Nos dijeron que nos tenían buenas noticias dándonos la cédula de transeúnte, pero cuando llegamos al Saime a la citación, los funcionarios nos amenazaron de muerte , no nos permitieron comunicarnos con nadie y por último nos deportaron en un bus a Cúcuta”.
Las cifras muestran que durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha endurecido el trato con cientos de colombianos. En su mayoría son humildes trabajadores que buscan mejor destino en el vecino país ingresando por las fronteras de Norte de Santander, La Guajira, Arauca o Vichada. Entre 2012 y 2013 se pasó de 133 a 2.635 deportados, una variación de 1.881%.
En menos de dos meses de 2014, la tendencia va en alza, con 558. Migración Colombia, entidad adscrita a la Cancillería, hace esfuerzos por mitigar la situación. La Defensoría del Pueblo hace lo propio, al igual que el gobierno de Norte de Santander. Pese a ello, el evidente maltrato de las autoridades de Venezuela a los colombianos está tocando fondo y se requieren medidas de choque para evitar nuevas tragedias, como la de Fredy Martínez, que perdió a su pequeña bebé.
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