Uno de los “chicharrones” más grandes heredados por el gobierno Duque es el riesgo que hoy se corre de que el Registro Único de Tránsito (RUNT) se quede sin operador. El próximo 30 de abril acabará el contrato de concesión para la administración de este servicio, considerado el “cerebro” del transporte en Colombia. Sin embargo, no se tiene un panorama claro a futuro, en parte por un lío judicial en el que se condenó al Estado a pagar $25.000 millones.
Del pliego de condiciones para licitar un nuevo contrato —que tenía que haberse empezado a estructurar desde principios de este año— no se ha escrito una coma. Además, poco o nada se ha hecho de la transferencia de la infraestructura o información del RUNT en poder de quien lo administra. La carrera contrarreloj a la que se enfrentan la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y su equipo es que el RUNT deje de funcionar y se paralice el sector.
El escenario es crítico, pues de no proveerse una solución rápida, por ejemplo quedaría en jaque el negocio de los automotores al no poder registrarse las ventas de nuevos vehículos, expedir certificaciones de operación o tramitar licencias de conducción. Si bien desde el Ministerio de Transporte sostienen que ya tienen diagnosticados el problema y las rutas de solución, el tiempo es el enemigo. Se trata de estructurar un contrato que, luego de 10 años, deja lecciones sobre errores que no se pueden volver a cometer.
El RUNT es un negocio muy atractivo. Al mes, por el cobro de todos los trámites en el sector transporte, se pueden generar ingresos de al menos $5.000 millones. Son múltiples los ajustes que se tendrán que realizar al contrato. Como definir los porcentajes de distribución de ingresos, que actualmente le otorga el 80 % a la sociedad que lo administra y el 6 % al Estado. Además, se deberán revisar los términos jurídicos y financieros para evitar que queden dudas contractuales que ya generaron costosas multas.
Fuentes consultadas aclararon que justamente una de las causas que hoy tiene en dudas el futuro del RUNT es el pleito jurídico que se dio entre el Ministerio de Transporte y la Concesión Runt S.A., sociedad que se ganó la licitación para el diseño y la operación del sistema en junio de 2007. La pelea estalló en 2015, a tres años de finalizar el contrato, porque la concesionaria alegó que el Ministerio de Transporte no estaba pagando la inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan servicios públicos.
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Por eso reclamó ajustar las tarifas y recuperar el dinero perdido. En su momento, la ministra Natalia Abello accedió a las pretensiones de la sociedad y el 2 de julio firmó la resolución con los ajustes a los precios. Pero días después la Contraloría emitió un informe de advertencia en el que recalcó que la autorización de ese nuevo pago a la concesionaria era indebido. De inmediato, la exministra Abello acató el llamado del organismo de control y emitió una nueva resolución el 19 de octubre de 2015, modificando nuevamente las tarifas.
Entonces, la Concesionaria Runt S.A. decidió demandar al Estado, bajo el argumento de que no les había pagado alrededor de once millones de inscripciones al RUNT desde que entró en operación el sistema. Sus pretensiones fueron tasadas en $68.275 millones. El pleito llegó a un tribunal de arbitramento en septiembre de 2016. Los árbitros designados fueron Juan Carlos Henao Pérez, Hernando Herrera Mercado y Jorge Enrique Ibáñez Najar. La defensa del Estado se concentró en que ese pago no se tenía que realizar y que la sociedad jamás presentó quejas contra las resoluciones que ajustaban las tarifas en años anteriores.
Hubo intento de conciliación entre la sociedad y el Estado, pero fracasó. La propuesta de la concesión para saldar el litigio fue que le prorrogaran el contrato por cinco años más. Sin embargo, el Gobierno no aceptó la fórmula y, por el contrario, tachó lo sucedido como una presión indebida. Finalmente, después de dos años de litigio, el tribunal de arbitramento terminó por darle la razón a la sociedad demandante, aunque dispuso que la deuda a pagar por parte del Ministerio era solo de $25.000 millones.
En medio de esta pelea jurídica pasó inadvertida otra obligación que tenía el Gobierno desde enero de 2018: iniciar el proceso de traspaso de información e infraestructura del RUNT y, simultáneamente, comenzar a estructurar una nueva licitación. Por eso, hoy la duda que ronda al Ministerio de Transporte es si va a tener el tiempo suficiente para armar esa compleja licitación y adjudicarla antes del 30 de abril de 2019.
En respuesta a las inquietudes formuladas, el viceministro Juan Camilo Ostos ya dio un parte de tranquilidad: “Aquí no vamos ni venimos a mirar. Llegamos fue a resolver problemas. El RUNT 2.0 será un proceso licitatorio transparente que permitirá que el acceso al sistema y su información sean más democráticos”. El alto funcionario insistió que se tiene una hoja de ruta, se están evaluando todas las opciones posibles y no se van a presentar vacíos que pongan en jaque la actividad del sector. . Lo que es claro para la cartera es que ellos no tienen la capacidad para entrar a operar por su cuenta el sistema
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La primera opción es que la Universidad Nacional, que entregó un estudio sobre la estructuración financiera del RUNT 2.0, termine de dar las pautas para consolidar el pliego de condiciones de la nueva licitación. Además, que la misma universidad apoye el empalme y sean las guías en el proceso de reversión del contrato. La segunda estrategia es que el RUNT entre a operar como una APP (asociación público-privada) y así agilizar el proceso de urgente contratación. La última, al tiempo la que menos suena, es que se acceda a una prórroga en el contrato a la Concesión Runt S.A. mientras se logra avanzar en la estructuración del nuevo y que el RUNT 2.0 se convierta en un sistema más robusto jurídicamente, con mejores rendimientos económicos para la nación y con tecnología de punta.
El Ministerio de Transporte y la Concesión S.A. se han reunido para buscar soluciones inmediatas. “En diversas mesas de trabajo con el Ministerio se han analizado todas las contingencias que se puedan presentar para no afectar el servicio”, sostuvo la Concesión Runt S.A., que reconoció además que uno de sus deseos es mantener por un tiempo la operación del servicio. Otra de sus propuestas para evitar el colapso del RUNT es que la deuda de $25.000 millones se la pague el Estado con una prórroga de su contrato –algo similar a lo que querían cuando demandaron en 2016–. “La Concesión está dispuesta a contribuir en herramientas que considere el Ministerio pertinentes frente al mismo, tendientes a evitar una erogación al Estado”, sostuvo el operador. Aseguró también que están dispuestos a participar en el nuevo proceso de licitación porque durante 10 años han adquirido experiencia que antes no existía en el país.
Por ahora lo único claro es que el principal enemigo del RUNT es el tiempo. En menos de ocho meses se debe hacer el empalme, estructurar el RUNT 2.0 y licitar. No hay margen de error. Todos los involucrados tienen la expectativa de que los problemas se solucionarán, pero de incurrirse en una falla en los cálculos, los principales afectados serían los colombianos, pues la operación del sistema que regula todo el transporte en el país quedaría en riesgo con las consecuencias descritas.