El pasado viernes 19 de julio, la tranquilidad de desapercibidos ciudadanos barranquilleros se vio alterada. Y no era para menos. A orillas del río Magdalena, entre los barrios Las Flores y Siape, encontraron el cuerpo sin vida de Omar Emilio Sánchez Pérez. Un día antes, Sánchez había sido reportado por sus familiares como desaparecido.
El hallazgo del cadáver fue macabro. Las condiciones lamentables. Primero encontraron su cuerpo y la cabeza. A pocos metros de allí, en medio de la maleza, aparecieron sus piernas y brazos. Su rostro no presentaba mejor aspecto, en la boca mostraba las marcas de heridas efectuadas con arma blanca.
Según habitantes del sector que entregaron su testimonio a las autoridades, Sánchez Pérez era un reciclador. Vivía en el sector de Siape y era el tercero de cuatro hermanos en una familia conformada por una mujer y otros tres hombres.
Diez días antes, el 9 de julio, una situación similar se había presentado en otro sector de Barranquilla. Esta vez la víctima fue José Luis Rodríguez Becerra. Varios vecinos encontraron en una bolsa plástica negra su cabeza. Fue en el barrio San Roque, en cercanía a un centro comercial ubicado en la calle 30 con carrera 30.
Cómo si se tratara de un caso de “limpieza social”, las autoridades verificaron los antecedentes de Rodríguez encontrando que se trataba de un hombre de 30 años de edad, implicado en casos de hurto y homicidio y que hacía varios meses había salido de prisión luego de cumplir una pena de seis años por extorsión y secuestro. A la fecha las autoridades aún no encuentran las demás partes de su cuerpo.
Pero la situación no parecía ser nueva en Barranquilla. El pasado 16 de junio un caso similar al de Rodríguez se registró en la arenosa. Esta vez fue el hallazgo del cuerpo desmembrado de Reyneiro Alexander Márquez Duque, encontrado en el corregimiento La Playa. Sus homicidas destrozaron el cadáver y según reportó la Policía fue dejado cerca a la vía 40, en inmediaciones del barrio Las Flores.
Los asesinatos de Sánchez Pérez, Rodríguez Becerra y Márquez Duque ya hacen parte de las estadísticas oficiales y de los reportes de derechos humanos. De hecho, un informe de riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y entregado a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas en cabeza del Ministerio del Interior, destaca que durante el primer semestre se registraron 145 homicidios en el Distrito de Barranquilla y a la Defensoría del Pueblo le preocupa particularmente los homicidios que causan un alto impacto social debido al hallazgo de cadáveres desmembrados y decapitados.
No obstante, el asunto no para allí, el informe defensorial advierte, el incremento de las amenazas de muerte contra los defensores y defensoras de derechos humanos, principalmente líderes sociales, sindicalistas, estudiantes universitarios, docentes, las cuales se profieren por medio de panfletos, llamadas telefónicas y envío de sufragios, una dramática situación que puso en evidencia el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora. “Se evidencia un grave riesgo de violaciones a los derechos humanos al que está expuesto un importante grupo de ciudadanos de varias zonas del área metropolitana” advirtió Otálora, al tiempo que conminó a las autoridades a tomar medidas de choque.
Cifras de la Consejería para la Seguridad y Convivencia Ciudadana local con corte al 30 de junio de 2013 muestran que en Barranquilla se presentaron 156 homicidios, 23 casos menos frente al mismo periodo del año anterior cuando se registraron 179 asesinatos. Las muertes se produjeron en acciones de sicariato, hurtos, ajustes de cuentas o asaltos.
En cuanto al uso de armas de fuego el 80% de los homicidios se produce por esta vía y el 48% son en hombres cuyas edades oscilan entre los 20 y 34 años, con una concentración de los asesinatos en fines de semana en las noches de sábado y madrugada del domingo.
Otro de los fenómenos que preocupa a los barranquilleros es la extorsión, efectuada por las bandas criminales principalmente a los comerciantes, un asunto que obligó hace unas semanas a concentraciones masivas de tenderos, administradores, empleados y dueños de locales. De hecho, el pasado 19 de junio también al término de un Consejo de Seguridad, el Presidente Juan Manuel Santos ordenó al Director del Gaula de la Policía Nacional, general Humberto Gautibonza, despachar desde esa ciudad para combatir la extorsión.
Las alarmas siguen encendidas en Barranquilla y la nueva advertencia de la Defensoría del Pueblo refleja que las muertes en la ciudad no son asunto aislado y merecen nuevas acciones de los gobiernos local y nacional.